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El presidente Petro se lava las manos y arroja el agua sucia de la Paz Total a la cara de sus emisarios; la recibirá estoico Iván Cepeda, su negociador estrella y candidato a la Presidencia. Escribió el primer mandatario en su cuenta de X que el gran error de los procesos de paz fue de los negociadores del Estado, que creyeron estar tratando con grupos de insurgentes y no con organizaciones delictivas que controlan con armas economías ilícitas y los territorios donde estas prosperan. Ni se le ocurre que pueda ser él, precisamente, el responsable último del desastre creado por su política de paz.
Desastre sellado esta semana con escalada terrorista atribuida a Mordisco, que cobró 21 vidas de civiles en Cajibío, para completar con esta 49 masacres perpetradas en los cuatro primeros meses del año. Marca no superada en décadas. Sello pavoroso de una estrategia que todo lo concedió, aun a las guerrillas que en conflicto armado lucharon por el poder del Estado y habían derivado en crimen organizado. Persistían las crueldades de antaño, sí, pero quedaban ahora despojadas del ropaje político ostentado en aquella guerra que había registrado 27.084 secuestros, 7.837 falsos positivos y medio millón de muertos.
Comprometido hasta el alma con la idea de reconciliación y con las víctimas, agudo en sus propuestas para consolidar el cambio dentro del capitalismo social, trastabilla no obstante Iván Cepeda si de paz se trata. Cuando pide el país definiciones precisas, naufraga él en ambigüedades, aludiendo a “ajustes” que sugieren más bien el propósito de resucitar la Paz Total. No en vano se le tiene por llave maestra de esa estrategia. Sostiene Juanita León que si las mayores fallas de esta política recaen en el presidente Petro –por falta de rigor en la negociación, descoordinación entre paz y seguridad, falta de norte en la política antidrogas y precaria implementación del Acuerdo de 2016–, a Cepeda le cabe responsabilidad política. Por su papel protagónico en el diseño y defensa de la Paz Total, por haber empujado una negociación jurídicamente ambigua y débil frente a los grupos armados. Cepeda concibió una propuesta de ley que negaba el poder decisorio del Congreso en la materia y los asesores la negaron por inconstitucional.
Imposible una mesa tan complaciente con el ELN como esta en la cual participó Cepeda. Ceses el fuego prematuros; promesa de cambios en los modelos político y económico por encima del Congreso y ejecutados conforme se acordaran entre negociadores; protagonismo político gratuito concedido a un grupo que, en todo caso, seguiría secuestrando, delinquiendo, y no mostraba disposición a desmovilizarse ni a dejar las armas. Efecto inmediato de tanta liberalidad, la peor crisis humanitaria que Colombia viera en 20 años. Para disputarse el narcotráfico con una disidencia de las Farc, incursionó el ELN a sangre y fuego en el Catatumbo: 108 muertos civiles, 101.000 desplazados y confinamientos masivos. Mientras dedica el ELN todas sus fuerzas y talentos a hostilizar a la sociedad y a enriquecerse en el crimen, acaricia la propuesta de volver a la mesa para que por fin le concedan en ella la “revolución”.
Y a la vista de tanta infamia, Paloma y Abelardo resucitan jubilosos el modelo de la derecha infausta. Anuncia ella el advenimiento de una “política de fuerza”, la “Seguridad Total” con militarización, cero diálogo, 45 generales de la reserva activa y Álvaro Uribe como ministro de Defensa. Desde el día uno anunció el otro su propósito de “destripar” a la izquierda, espolón de la inseguridad. Alusión terrorífica al enemigo interno o al “guerrillero vestido de civil”, contradictor de la ultraderecha condenado a desaparecer. He aquí, pues, el dilema que se avecina y no merecemos: o Paz Total con “ajustes” o Seguridad Democrática por la patria (¿con vista gorda a falsos positivos?).
