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Antes que interés por las propuestas, en el electorado de esta campaña prevalece el miedo. Unos temen el regreso de la Seguridad Democrática con su gusto por la guerra sembrada de falsos positivos, ahora rubricada también por la fálica amenaza de un destripador; otros temen el desmoronamiento de la democracia liberal. Y el temor parece invadir también a Iván Cepeda, el hombre de izquierda que se forjó en la integridad de sus principios y en el arrojo de sus luchas por las víctimas. Su veto al debate abierto ante el país sugiere temor a la controversia democrática y a la pluralidad de opciones. Miedo a resbalar en precisiones que el presidente (su jefe de campaña, dueño de los votos y usurpador del erario con que la financia) no tolera. En particular si se trata de la Paz Total y del proyecto de constituyente.
Talones de Aquiles que dicen, la primera, del desastre que disparó el poder del crimen organizado, ahora dispuesto a presionar al electorado en 170 de los 386 municipios donde domina, según la MOE. La otra, una propuesta de constituyente corporativista concebida como fortín de grupos escogidos de la sociedad, de sus intereses, y herramienta del caudillo que la convoca para atornillarse al poder. Negada la deliberación plural, acepta Cepeda el enfrentamiento con la versión más rudimentaria de sus contradictores, territorio propicio a simplificaciones que rayan en la caricatura. Tiránica manipulación de la opinión, sin límites en la polarización. Así escamotea Cepeda la crítica y la autocrítica.
Arquitecto de la Paz Total, no reconoce el candidato fallas en esta política. Acaso por el violento contraste que su Paz Total ofrece con el contenido del Acuerdo suscrito en 2016 y con el método de negociación, calla él púdicamente. Para no contemplar los pilares de una negociación que hizo historia y cualquier relanzamiento del diálogo debería considerar: reforma rural integral; participación política; fin del conflicto armado; solución al problema de las drogas; verdad, justicia y reparación para las víctimas, implementación del Acuerdo de paz. En metodología de la negociación, el principio de que “nada está acordado mientras no esté todo acordado”; y la negociación ha de transcurrir en medio de la confrontación armada.
Cuando se le indaga al candidato por esta y otras estrategias de cambio, deriva en su propuesta de acuerdo nacional. Enhorabuena. Pero el desenlace descorazona: lo implementaría por decreto presidencial, no mediante el “engorroso” paso por el Congreso. Y si no se logra acuerdo, se convoca una constituyente. La impronta autoritaria.
¿Derogar la Constitución de 1991, única producto de un consenso nacional y situada a la vanguardia de las democracias constitucionales? Delinea ella el Estado social de derecho con extensión de los derechos legales a los económicos, sociales y fundamentales a la vida, la igualdad, la libertad de pensamiento y de expresión; y acción de tutela, para protegerlos. Fortalece la institucionalidad democrática y el equilibrio de poderes. Reconoce el pluralismo político y religioso con Estado laico e introduce mecanismos de democracia directa. Traza la descentralización y la autonomía territorial, y consagra la paz como derecho y deber ciudadanos.
Humberto de la Calle (Sergio Jaramillo al lado) y Antonio Navarro, gestores y ejecutores de estos hitos de la democracia en medio siglo, descollaron también en el ejercicio del gobierno. Ya como vicepresidente y ministro el uno, como gobernador sin par, el otro, y Claudia López, figura iniciática del 91 en el tropel de la Séptima Papeleta y alcaldesa de Bogotá, exhiben la estatura de reformadores y de gobernantes que otros, en la liza, no muestran. El reto para Cepeda es grande: acometer obras de parecido tenor, dando un vuelco a la Paz Total y vida plena a la Constitución del 91.
