No debería sorprender. Si Juan Pablo II protegía al obispo Marcial Maciel, violador consuetudinario de niños y director de la Congregación Legionarios de Cristo, nada le impedía a nuestro benemérito cardenal Pedro Rubiano caer en pederastia, según acaba de revelarlo El País de Madrid. Ni inhibía el encubrimiento generalizado de este crimen por la jerarquía católica. Como ilustran los casos de monseñor Ricardo Tobón, arzobispo de Medellín, y del provincial de los Jesuitas que calló ante el abuso de un sacerdote contra los seis hermanos Llano Narváez en Bogotá. Rubiano, arzobispo de Bogotá, cardenal primado de Colombia y presidente de la Conferencia Episcopal, se suma a los 5.000 curas pederastas que el investigador Juan Pablo Barrientos calcula para Colombia. Sus títulos de autoridad ahondan la ofensa e indignan doblemente al país, reacio ya a la moral de corrupción y despotismo que la monarquía vaticana emanó por siglos, pese a rebeliones heroicas en su seno ahogadas en sangre. Indigna también el bloqueo de la derecha parlamentaria y de autoridades religiosas al proyecto de ley que crea una comisión de la verdad sobre abuso sexual en la Iglesia.
Colombia se perfila como campeona en pederastia. Un informe de El País le adjudica la mitad de los casos en este delito, entre ocho países del continente. Conmueve la denuncia de Marco Rakower, asediado primero en la iglesia de San Francisco, después en el colegio de San Bartolomé, y por fin en el seminario menor de Bogotá: “Me quitaron la oportunidad de conocer el amor y el afecto físico cuando era niño. Me enseñaron que solo había abusos y violaciones. Ese daño no se repara nunca”. La denuncia cae en el vacío, como la de “Andrés” contra Rubiano. Nunca le respondieron a este en el Vaticano, ni en la arquidiócesis de Bogotá, ni en la nunciatura apostólica. Y, si hay sanción, se escamotea.
Escribe el investigador Barrientos en su libro Dejad que los niños vengan a mí que monseñor Ricardo Tobón habría protegido a los curas pederastas Roberto Cadavid, Mario Castrillón, Carlos Yepes y Luis Cadavid, “mediante un recurso institucional a toda prueba: el Código de derecho canónico, reforzado por el Concordato, que le (reconocía) a la Iglesia independencia judicial frente a la justicia civil”. Para Barrientos, será caso emblemático el del padre Cadavid, pues evidencia el procedimiento de ocultamiento sistemático de la jerarquía para proteger a sus miembros. Segregado de la institución por sus crímenes, siguió Cadavid no obstante en ejercicio del sacerdocio en Nueva York, gracias a los buenos oficios del obispo Tobón. De los hermanos Llano, abusados uno a uno por el cura Darío Chavarriaga en los años 70, ni hablar. La Iglesia, dicen ellos hoy, “nos tapó la boca”. El provincial de los jesuitas en Bogotá, en vez de denunciar el aberrante caso ante la Fiscalía, les pidió a las víctimas guardar silencio.
Pero un paso de gigante se dio el 31 de mayo de 2025 contra el imperio de la Iglesia sobre la ley civil: la Corte Constitucional invalidó el secreto pontificio que protegía a miles de curas pederastas. Se apoya ella en el Estado laico que la Carta del 91 consagra, tras su primera formulación en 1936, y en el levantamiento del secreto pontificio por Francisco. Estado laico malogrado a bala en Colombia hace un siglo, mientras florecía en la región al calor de la reforma liberal. Hoy no hay duda: después de tanta violencia fermentada en trincas de azules y purpurados, después de tan gloriosa, incesante guerra santa desplegada por cruzados violadores de niños, ha quedado claro que el derecho canónico no está por encima de la ley penal ni de la Constitución. Vencer el sabotaje a la ley que crea una Comisión de Investigación de la Pederastia será disipar la densa nube de silencio que ha querido ocultar este pecado mortal de la Iglesia.
