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Dos golpes consecutivos sufrió hace seis días el Pacto Histórico en el Senado: primero, la resurrección del proyecto de reforma laboral y, a poco, el hundimiento de la consulta popular. Para asombro del país, al renacimiento de la laboral se opusieron senadores del Pacto que la habían defendido a capa y espada durante dos años. No faltó entre ellos quien amenazara con abandonar el recinto en señal de protesta. Mas, ante una aplastante mayoría que la rescataba, terminaron por sumarse a la apelación a la hora de nona; y el Gobierno, por mandar mensaje de urgencia al Congreso para agilizar el trámite legislativo. Vaivenes del absurdo. Pero comprensibles, porque la reforma renacida deslegitimaba la consulta popular, y dejaba en evidencia las prioridades del Gobierno: acaso en él pesara menos la reforma como medio para restituir sus derechos a los trabajadores que como pretexto de agitación política durante un año entero, con todo el poder del Estado y astronómicos recursos del presupuesto para reelegir en 2026 al partido de Gustavo Petro.
Con recurso a la democracia directa para favorecer a una fuerza política en el espectro del pluripartidismo y, convertida en plebiscito de apoyo a la persona del presidente, la consulta popular presentada para defender derechos políticos se degradaría a burda propaganda electoral. Magnificando el riesgo del nuevo trámite legislativo por la brevedad del tiempo, el congresista León Fredy Muñoz reveló sin pudor el sentido lato de la consulta: “Tendremos a la gente en la calle y seguiremos en el Congreso; esto nos da más oxígeno para seguir haciendo política”.
Todas las formas de lucha, y a la vez: democracia representativa en el Congreso y democracia directa como pronunciamiento del movimiento popular, sin mediación parlamentaria. Legítimo el recurso a todas las formas de participación política, pero la simultaneidad de los medios empleados puede resultar perturbadora porque la concurrencia de acción legislativa y movilización popular puede distorsionar o malograr el fin buscado (restablecer los derechos laborales conculcados por Álvaro Uribe): la acción legislativa deslegitima la consulta popular, por resultar esta redundante; y la consulta desnaturaliza el proceso legislativo, porque busca subordinarlo al interés electoral de un partido en el poder.
Razón le asiste a la senadora Angélica Lozano en pedirle al Senado “jugarles duro y limpio y bien a los trabajadores y aprobar la reforma laboral (…). Manos a la obra, el país entero pone sus ojos en el Senado”. Y si no logra aprobarse la reforma en esta legislatura, convocar la consulta después de elecciones. El Gobierno, señala, debe aclarar de una vez por todas si su objetivo es hacer la ley laboral o hacer campaña electoral. Y el presidente la critica “por querer aprobar la reforma mediante una ley sin pueblo”, como si los parlamentarios no fueran también elegidos por el pueblo.
Fiscal de hierro
Renunció al Ministerio de Justicia Ángela María Buitrago, por “injerencias” inadmisibles de Armando Benedetti, entre otros, en esos lares. Ha interpuesto ella acciones legales contra ellos: “Ya trasladé a las autoridades”, explica, “cada uno de los medios probatorios y serán ellas las que evalúen si hay algo más de caracterización en términos disciplinarios y penales. Yo siempre manifiesto hechos ciertos”, agrega, “hechos que ocurrieron, que tienen el minuto a minuto y que en mi criterio no deberían aceptarse”.
Valentía y rigor son enseña de la jurista que ha enaltecido el ejercicio de la justicia hasta merecerle el título de fiscal de hierro en el país donde serlo (frente a los poderosos) acarrea riesgo extremo. A la voz de la demanda interpuesta, tomó partido el presidente por su ministro Benedetti, y reconvino a la titular de Justicia: “No se puede acusar a inocentes”.
