Como obedeciendo al instinto invencible de quien sabe que sólo puede prevalecer por la fuerza, insta Álvaro Uribe a disparar contra vándalos entreverados en multitudes de manifestantes pacíficos, marcadas de antemano con el inri de terroristas. La orden podrá resolverse en disparar sin mirar mucho a quién, grupúsculo de violentos o no, a culpables de tener hambre, de denostar la más desalmada reforma tributaria concebida en este país, de ser el “otro” cuya sola existencia ofende a la siniestra secta del uribismo. Como en efecto ha sucedido: 14 muertos en las calles, tres desaparecidos, 28 heridos (muchos de ellos graves) y cientos de detenidos de incierto paradero sería el balance de víctimas en Cali al segundo día de protestas, según denuncia la Red de Derechos Humanos Francisco Cifuentes.
Y la poderosa prensa gobiernista calla, glorifica el “sacrificio” de una Fuerza Pública que agrede —armada y acorazada— a la población inerme e invierte grotescamente el sentido de los hechos: un noticiero de televisión muestra como saqueadores a quienes se dirigen a devolver lo robado a un almacén, tras recuperarlo de los asaltantes. El diario de mayor circulación reduce a 60.000 personas los millones de movilizados en el país; su única fuente, la Policía.
“Los mensajes irresponsables de Álvaro Uribe dispararon (literalmente) la tensión. No permitiremos que se masacre a nuestros jóvenes”, escribió Claudia López. Como cualquier Ortega de Nicaragua, dictador en su platanal, había escrito el agobiante expresidente del nuestro: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Rugido el más reciente de quien había ya escrito, con ocasión del paro de 2019: “Si la autoridad serena, firme y con criterio social implica una masacre, es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”. O su bendición de “buen muerto” para un contrario asesinado.
Si en Cali la Red de Derechos Humanos exige investigar quién dio a la Fuerza Pública la orden de disparar, en Bogotá un trino de su alcaldesa sugiere que persisten tensiones entre la burgomaestra y el cuerpo armado de la capital. En contravía de su autoridad, en virtual insubordinación de los uniformados contra el poder civil que en Colombia prevalece sobre el militar, disparó el Esmad el año pasado contra la multitud: 13 protestantes murieron. Que habría todavía vallas obstruyendo órdenes de la alcaldesa a la Policía de Bogotá lo sugiere el último trino de López: “Después de muchos esfuerzos retiramos el Esmad de todos los puntos y garantizar el retorno a casa”. También aquí hace falta saber quién da o quiere dar órdenes a la Policía.
El dramatismo de las protestas contra la tributaria, pringadas de violencia, deriva de la golpiza que se avecinaba contra las clases más aporreadas por la pandemia: las asalariadas y vulnerables. Del alarmante crecimiento de la pobreza y del desempleo que Daniel Oviedo, director del DANE, revela: hoy alcanza la pobreza a más de 21 millones de colombianos. ¡21 millones carecen de lo necesario para alimentarse y abrigarse bajo techo! El desempleo alcanza el 16,8 %. Si Colombia ocupa el tercer peor lugar del mundo en manejo de la pandemia, descuella también por su avaricia para auxiliar a los damnificados: mientras destina mares de recursos a los bancos, cree aliviar a una franja de los más pobres con caridades de miseria y abandona a las pequeñas empresas. No será la primera vez que el hambre y la rabia produzcan un estallido social gestado en décadas de humillación y desigualdad. Dar plomo al ciudadano al grito de guerra “ajúa” no hará sino repotenciar aquel polvorín y alinear al pueblo contra la ruindad de este Gobierno y su partido.
Como obedeciendo al instinto invencible de quien sabe que sólo puede prevalecer por la fuerza, insta Álvaro Uribe a disparar contra vándalos entreverados en multitudes de manifestantes pacíficos, marcadas de antemano con el inri de terroristas. La orden podrá resolverse en disparar sin mirar mucho a quién, grupúsculo de violentos o no, a culpables de tener hambre, de denostar la más desalmada reforma tributaria concebida en este país, de ser el “otro” cuya sola existencia ofende a la siniestra secta del uribismo. Como en efecto ha sucedido: 14 muertos en las calles, tres desaparecidos, 28 heridos (muchos de ellos graves) y cientos de detenidos de incierto paradero sería el balance de víctimas en Cali al segundo día de protestas, según denuncia la Red de Derechos Humanos Francisco Cifuentes.
Y la poderosa prensa gobiernista calla, glorifica el “sacrificio” de una Fuerza Pública que agrede —armada y acorazada— a la población inerme e invierte grotescamente el sentido de los hechos: un noticiero de televisión muestra como saqueadores a quienes se dirigen a devolver lo robado a un almacén, tras recuperarlo de los asaltantes. El diario de mayor circulación reduce a 60.000 personas los millones de movilizados en el país; su única fuente, la Policía.
“Los mensajes irresponsables de Álvaro Uribe dispararon (literalmente) la tensión. No permitiremos que se masacre a nuestros jóvenes”, escribió Claudia López. Como cualquier Ortega de Nicaragua, dictador en su platanal, había escrito el agobiante expresidente del nuestro: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Rugido el más reciente de quien había ya escrito, con ocasión del paro de 2019: “Si la autoridad serena, firme y con criterio social implica una masacre, es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”. O su bendición de “buen muerto” para un contrario asesinado.
Si en Cali la Red de Derechos Humanos exige investigar quién dio a la Fuerza Pública la orden de disparar, en Bogotá un trino de su alcaldesa sugiere que persisten tensiones entre la burgomaestra y el cuerpo armado de la capital. En contravía de su autoridad, en virtual insubordinación de los uniformados contra el poder civil que en Colombia prevalece sobre el militar, disparó el Esmad el año pasado contra la multitud: 13 protestantes murieron. Que habría todavía vallas obstruyendo órdenes de la alcaldesa a la Policía de Bogotá lo sugiere el último trino de López: “Después de muchos esfuerzos retiramos el Esmad de todos los puntos y garantizar el retorno a casa”. También aquí hace falta saber quién da o quiere dar órdenes a la Policía.
El dramatismo de las protestas contra la tributaria, pringadas de violencia, deriva de la golpiza que se avecinaba contra las clases más aporreadas por la pandemia: las asalariadas y vulnerables. Del alarmante crecimiento de la pobreza y del desempleo que Daniel Oviedo, director del DANE, revela: hoy alcanza la pobreza a más de 21 millones de colombianos. ¡21 millones carecen de lo necesario para alimentarse y abrigarse bajo techo! El desempleo alcanza el 16,8 %. Si Colombia ocupa el tercer peor lugar del mundo en manejo de la pandemia, descuella también por su avaricia para auxiliar a los damnificados: mientras destina mares de recursos a los bancos, cree aliviar a una franja de los más pobres con caridades de miseria y abandona a las pequeñas empresas. No será la primera vez que el hambre y la rabia produzcan un estallido social gestado en décadas de humillación y desigualdad. Dar plomo al ciudadano al grito de guerra “ajúa” no hará sino repotenciar aquel polvorín y alinear al pueblo contra la ruindad de este Gobierno y su partido.