Mérito de este Gobierno fue desnudar sin atenuantes los problemas medulares de Colombia, un país con millones de ciudadanos que no pueden hacer las tres comidas diarias. Un bofetón a la sociedad del privilegio que paladeó siempre las desigualdades por los laditos o con puño de hierro, mientras Petro apunta a moderarlas entre palos de ciego, retórica, aciertos y traspiés. Pero ahora suprime por sorpresa un componente esencial de la política social: subsidios a la población más necesitada. Corta la transferencia de Colombia sin Hambre a tres millones de hogares en condición de pobreza absoluta, la de Renta Joven y el subsidio a intereses de crédito universitario que afecta gravemente a 327.000 estudiantes de estratos inferiores y egresados porque dispara el valor de las cuotas por pagar. Quedan ellos sin alternativa de financiación.
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Recuerda Olga Lucía González en La Silla Vacía que en el consejo de ministros televisado descalificó Petro los subsidios dizque por “neoliberales”. Borró fronteras entre izquierda y derecha. Para la primera, la inversión social del Estado ataca la pobreza, modera las desigualdades; la segunda desconfía del Estado y entrega al mercado la misión de equilibrar la cancha. Pero, apunta, la protección social en cabeza del poder público es enseña de la democracia contemporánea. En Europa, la inversión social del Estado compromete el 22 % del PIB; en Francia, el 32 %. Allá democratiza la prosperidad y en América Latina obra como palanca del desarrollo.
Aquel ataque del presidente a los subsidios, aquella cepa vergonzosa de capitalismo primitivo riñe con sus propias políticas de Gobierno que, pese a la irrisoria ejecución, arroja algún fruto y esperanzas: salario mínimo fortalecido, reducción del desempleo y de la inflación, jurisdicción agraria en ciernes y reforma pensional que duplicaría el número de beneficiarios si la Corte Constitucional la bendijera. Capítulo aparte ocupa el paso de la reforma a la salud por el Congreso, pues esta desmonta abusos sin cuento del socio privado en el sistema de salud. A grandes voces contra la “estatización comunista” de servicios públicos, pensiones y salud se oponen los que en 30 años se enriquecieron con la privatización de estas funciones públicas. Pero devolver al Estado el control financiero de la Salud y fortalecer la atención primaria es ceñirse al mandato de la Constitución. Declara su Artículo 49 que la salud es un servicio público a cargo del Estado: a él le corresponde organizarlo, dirigirlo y reglamentarlo; y trazar las políticas para la prestación del servicio por entidades privadas, bajo vigilancia y control del Estado.
Este postulado armoniza con principios de la socialdemocracia que rige desde 1945, y no se contrajo a aliviar la pobreza con subsidios, pues transformó la naturaleza del Estado. Transitó este de simple garante de la igualdad ante la ley a garante de los nuevos derechos económicos y sociales de la población. Ahora debía responder por educación, salud, pensiones y servicios públicos mediante gravamen progresivo a las mayores rentas y patrimonios, lo cual resultó en reducción de las desigualdades. Hacia los años 80, el impuesto promedio a los grandes capitales en Europa y Estados Unidos rondaba el 80 %.
Pero entonces se involucionó al capitalismo montaraz del neoliberalismo. Condescendieron nuestras elites con los subsidios que el Segundo Consenso de Washington introdujo para aliviar el efecto devastador del primero y reducir la amenaza del malestar social. Sí, estos últimos subsidios llevan marca de autodefensa neoliberal, mas el sistema de protección social del Estado (y otros subsidios) viene de vieja data en Colombia, donde los pobres son legión. Hoy hostiliza esas ayudas el mandatario que aspira, no obstante, a construir Estado social. Vaya paradoja.
