Se equivoca el representante Juan Carlos Wills. Proponer el rearme de civiles en el quinto país más violento del mundo y primero en exterminio de líderes sociales no hará sino repotenciar la tragedia nacional. Se agolpan en la memoria todas las aventuras que, pretextando derecho a la defensa, atropellaron la seguridad ciudadana, sembraron de cadáveres caminos, veredas y ciudades. Convivir, autodefensas, paramilitares, narcotraficantes, valentones de ocasión, guerrilleros y facinerosos (con armas de su propio caletre) se adjudicaron todos el derecho de disparar contra la ciudadanía inerme. Y dieron nuevas herramientas de brutalidad a nuestra consuetudinaria manera de hacer política, de dirimir conflictos de tierra, de barrio, de familia: a bala. A veces, con apoyo inesperado: damas rosadas de la sociedad de Medellín se enternecían en los años 80 ante los jóvenes sicarios de Escobar que mataban sin cesar por una bicoca para comprarle su neverita a la mamá.
Para no ir lejos, Andrés Escobar y vecinos de bien dispararon en Cali contra manifestantes el 28 de agosto de 2021. Encausado por la justicia, lo protegió la senadora María Fernanda Cabal, quien elogió al “valiente digno de admiración” que había actuado en “legítima defensa”. Se dirá que todo ello son troneras propias de cualquier política de seguridad. No. Aquí las troneras fueron la política de seguridad misma, y la excepción, el uso ponderado del arma que se le entregó a un civil por razones debidamente justificadas y bajo control del Estado.
El 19 de marzo aprobó la Comisión Primera de la Cámara el proyecto de Wills que se propone facilitar el porte de armas para reducir la inseguridad, flexibilizar permisos y registros para la tenencia y porte de armas de fuego, y “equilibrar el derecho individual (a la seguridad) con las necesidades del orden público”. En los últimos ocho años se habían reducido drásticamente los permisos y había subrayado la Corte Constitucional que el porte de armas debe estar estrictamente regulado para evitar abusos.
La verdad es que la violencia aumenta conforme crece el número de armas entre la población. La Universidad de Los Andes probó que, gracias a la restricción de armas, en Bogotá y Medellín bajaron 22 % los homicidios. Mas, piensa la senadora Cabal que el porte de armas es un derecho del ciudadano para defenderse de los criminales, pero el Acuerdo de La Habana se inventó una excusa para desarmar a la población civil, asevera: el buenismo de todos desarmados hace de Colombia el país más inseguro del mundo. Y una sociedad desarmada queda “a merced de estos bandidos comunistas”.
¿Esta alusión desnuda la razón política del rearme civil? ¿Es la misma que liquida, entre líderes sociales, a defensores de la tierra, por “terroristas”? En todo caso, bebe del modelo contrainsurgente: al enemigo (el comunismo) se le liquida, ya invada a la nación o actúe por interpuesta persona, el “enemigo interno”. Pero el enemigo es a un tiempo el guerrillero y el opositor legal, y en idéntico marco de contrainsurgencia operan los civiles comprometidos con el orden público, bien como Junta de Autodefensa o como Defensa Civil. El mismo que terminaron por adoptar todas las formas de autodefensa que martirizaron a Colombia: las Convivir, dirigidas por jefes paramilitares; las Autodefensas Unidas de Colombia, y el paramilitarismo como fuerza armada irregular del Estado.
El rearme de civiles podría devolvernos a este escenario catastrófico, bien por interés oculto de algún interesado, bien por imprevisión de los promotores de la ley, porque desdeña las soluciones de fondo a la inseguridad y la violencia, que empiezan por depositar en el Estado el uso exclusivo de la fuerza y por hacer de la justicia un poder operante e insobornable. Rearmar a los civiles podrá ser una osadía mortal.
