Sí, el presidente y sus ministros respondieron sin vacilar a la crisis. Pusieron manos a la obra ante la dura prueba de fuego que inauguraba su Gobierno: un terremoto que afectaba a 14 departamentos pronto cobraba unas 700 víctimas entre fallecidos y desaparecidos, y desnudaba las desigualdades ancestrales entre territorios: caso del Chocó —donde dos tercios de la población no consume los alimentos humanamente necesarios—, el 93 % de su territorio sufrió las inclemencias del sismo. Sin la información y la logística institucional necesarias para enfrentar la tragedia —pues se había negado al empalme—, en más de una decisión podrá el Gobierno estar dando palos de ciego. Avasallado por la emergencia, no proyecta la solución de fondo que se impone como parte vital de un plan nacional de desarrollo; peor aún, cuando a ella se suma la letal amenaza de El Niño, que ya aterriza en oleada de incendios forestales.
Señala el exministro Juan Camilo Restrepo que la reconstrucción del territorio afectado exigirá enorme esfuerzo financiero y de organización institucional. La reconstrucción del tejido social y físico cambiará prioridades en el presupuesto, pues se trata de un esfuerzo financiero del Estado que puede llegar a los $40 billones. Y podrá convertirse en fuente de empleo y de reactivación de la economía, con reconstrucción masiva de viviendas, escuelas, puentes, hospitales, acueductos y carreteras; demandará abundante mano de obra, materiales de construcción y servicios técnicos. Requerirá dirección profesional, planeación, coordinación y férrea auditoría. A ella podrán aportar la cooperación internacional y el sector privado. Pero, digamos, no como libérrima invitación a negocio del empresariado (siempre favorecido con creces), sino como esquema de economía mixta donde el Estado preserva su iniciativa y frena a avivatos de ambas partes. Y apunta a la descentralización, en favor de las regiones, cuyo trámite retoma el Congreso.
Una dirección institucional creada para semejante desafío deberá integrar a alcaldías, gobernaciones, entidades del Estado en pleno y comunidades. Y desborda el informal encargo a la primera dama, doña Ana Lucía Pineda, de recibir y gestionar multimillonarias donaciones para alivio de los damnificados. Entre otras razones, porque esa designación contraviene disposiciones legales. Este liderazgo de doña Ana Lucía suplanta, verbigracia, al DPS, el llamado por ley a administrar los subsidios a poblaciones vulnerables. La figura asistencial de la primera dama con fines humanitarios periclita. Ya en 1993 la Corte Constitucional desmontó la jefatura de la primera dama en la Junta Directiva del ICBF, pues “el estado civil nada dice acerca de la calificación profesional, ocupacional o académica”. Luego estableció que las esposas de presidentes no eran funcionarias públicas ni podían suplantar a los ministros.
Ante el terremoto que se ensañó en las regiones, cobra vigencia renovada el proyecto de descentralización que este Gobierno quisiera desmontar. Aunque, a falta de poder parlamentario, el presidente De la Espriella busca apoyarse en alcaldes y gobernadores, concediéndoles obras, siempre y cuando el Ejecutivo central controle los recursos. Obviaría así el poder parlamentario que le es esquivo, si bien sacrificando la reforma más importante en décadas y poniendo en peligro el plan regionalizado del desarrollo llamado a neutralizar los efectos del sismo.
Enorgullece y conmueve la solidaridad sin límites de los colombianos con los dolientes de la tragedia. Pero hay matices. La columnista Kandya Obezo espera que la reconstrucción no dependa únicamente de la generosidad espontánea de quienes donan recursos “mientras la emergencia llena todavía las pantallas”. Confía en que “nuestras instituciones sean capaces de permanecer cuando los micrófonos se hayan apagado y las cámaras se hayan ido”.
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