¿Cuánta responsabilidad le cabe a Petro en el escarmiento contra la paz que De la Espriella sugiere en su último discurso? No poca. La escalada de violencia con la cual tiranizan los armados a la población en 14 regiones del país responde sobre todo a los monumentales desatinos de la Paz Total. Manjar para el presidente electo que promete sepultar bajo toneladas de propaganda destripadora todo amago de reconciliación. No sólo las torpezas del Gobierno que termina, sino el Acuerdo suscrito con las FARC en 2016 –fin del conflicto armado–, aplaudido en el mundo como modelo de negociación de paz. Abelardo va por todo. No habrá en mi gobierno, dice, más procesos de falsa paz, promete desmontar “el perverso sistema de impunidad” que la JEP representa, acaso porque ella recupera la verdad que a tantos duele; insta a encarcelar de por vida a Timochenko y (por extensión se infiere) a los 13.000 desmovilizados de las FARC, que entonces volverían a las armas. Se ve ya en redes reanimarse la sed de sangre en la derecha adicta al gatillo que, al lado de paramilitares y guerrilleros, convirtió a Colombia en un camposanto.
Cómo ignorar atrocidades que arrojan hoy diez millones de víctimas en el país “de la belleza”, en el país que el nuevo gobierno devolvería al Corazón de Jesús. El Grupo de Memoria Histórica estima en 30.000 el número de secuestros en medio siglo, la mayoría a manos de guerrillas. De masacres, violencia indiscriminada, ni hablar. El 18 de octubre de 1998 provocó el ELN en Machuca, Antioquia, la muerte de 84 personas en conflagración provocada al dinamitar un oleoducto. Se cuentan masacres de paramilitares como las de Segovia en 1988 (46 víctimas) y Mapiripán en 1997 (49 víctimas). En el municipio de San Carlos huyeron 54 de sus 74 veredas, la población se redujo de 25.000 a 5.000 habitantes. Y los falsos positivos fueron 7.837.
A más del secuestro y el reclutamiento de menores, la predilección por la masacre no da tregua. Informa Indepaz que sólo en el primer semestre de este año hubo 68, lo que convertiría a 2026 en el año más violento de la década. Es que en este Gobierno se dispararon todas las modalidades de violencia: los grupos armados han creado una constelación de guerras locales en disputa por negocios ilícitos, por el control del territorio y la consolidación de gobernanza de sus comunidades con redes de apoyo que vigilan, regulan, extorsionan y dictan órdenes. Una calamidad que no podrá encararse con verbosas apelaciones de Paz Total ni con la paz de los sepulcros. Lo obvio se impone: proteger de estas bandas criminales a la población; perseguir sus finanzas; recuperar el territorio, no sólo mediante acción militar y de justicia, sino con planes sostenidos de desarrollo agenciados por un Estado presente y actuante.
Y, claro, recuperando el exitoso modelo de negociación aplicado en el Acuerdo de Paz con las FARC. Nunca más la vergonzosa oferta inaugural del comisionado Danilo Rueda al Clan del Golfo de “jugar a los congelados”: cese el fuego gratuito, no extradición ni órdenes de captura ni bombardeos ni operativos militares contra ellos. Nunca más infiltración propiciada a dos manos de alias Calarcá en la Dirección de Inteligencia del Estado.
Si la retórica de guerra le resulta apetitosa a Abelardo, no así sus posibilidades institucionales: la paz es un derecho ciudadano, anhelo de casi todos, y un deber del Estado de rango constitucional; el Acuerdo que rige no es opción de gobierno, es política de Estado. Gobernar para todos implica cumplir el Acuerdo de Paz, dijo Juan Manuel Santos, Nobel de Paz. Ahora el expresidente hace “un llamado respetuoso al gobierno entrante” a retomar el camino de la implementación; sin ella, apuntó, “su gobierno será un fracaso”. Flor solitaria en este descampado de espinas, donde se espera que la nueva propuesta no sea una revancha contra la paz.
