Es un bofetón al abusivo imperio de la Iglesia sobre la ley civil en Colombia: la Corte Constitucional invalida el secreto pontificio que ha protegido a mares de curas incursos en abuso sexual contra menores en el país, gracias a ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero. A 5.000 podría llegar el número de casos de tonsurados pederastas según el periodista Juan Pablo Barrientos que, al lado de Miguel Ángel Estupiñán y Andrea Díaz, demandó a la Iglesia información sobre delitos que ocultaba celosamente alegando preeminencia de la ley canónica sobre la civil. Ahora, tras dos años de pleito, ordena la Corte suministrarla, pues a la Iglesia no le asiste derecho para retenerla; en particular, porque implica un caso de especial interés para la sociedad: los derechos de los niños. Y porque al carácter de Estado laico que la Constitución del 91 consagra se suma el levantamiento del secreto pontificio para casos de pederastia que Francisco ordenara en 2019. Con todo, en honor a los desmesurados privilegios que el Concordato ha concedido a la Iglesia durante siglo y medio, la Conferencia Episcopal Colombiana descalifica la sentencia por “discriminatoria”. Agallas no le faltan.
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Con apenas el 13 % de la información potencial tras una batalla de años contra obispos, arzobispos y un cardenal, depuró Barrientos 600 casos de abusadores de niños que la jerarquía nunca denunció ante la autoridad civil. Y a Díaz, periodista de la BBC, le entregó la fiscalía de Barbosa una lista —sin nombres y sin cargos— de 86 procesos habidos en 29 años que incluía purpurados de todos los rangos. Hoy ordena la Corte entregar el 87 % de la información retenida. Me atrevería a calcular que la mitad de los sacerdotes ha sido denunciada por abuso sexual de menores, debidamente encubierta por sus superiores en la jerarquía de la Iglesia, le dijo Barrientos a Alejandra Bonilla. Que en este litigio invirtieron entre uno y dos millones de dólares en abogados para proteger el archivo secreto, operación liderada por el cardenal Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá y “uno de los grandes encubridores de pederastas”. Revela que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha configurado un macrocaso contra la jerarquía con jueces y personal del CTI.
Hijo del régimen autoritario y confesional de la Regeneración, el Concordato de 1878 prevalecía sobre la Constitución: la Iglesia era soberana en el manejo de sus asuntos internos y además ostentaba autoridad espiritual y de jurisdicción en la sociedad, por encima del poder civil. Quiso López Pumarejo rescatar a Colombia de la teocracia, vencer la supeditación del poder civil al eclesiástico y lo habría buscado también hoy en la sanción de delitos penales como la pedofilia. No lo logró. Pero, tras muchos ires y venires, aquella gesta por el Estado laico que devolviera su autonomía al poder civil rendiría frutos con la Carta del 91. El de esta Corte Constitucional es paso de gigante en esa dirección: el derecho canónico no está por encima de la ley penal ni de la Constitución.
En su primera obra, Dejad que los niños vengan a mí, denuncia Barrientos a monseñor Ricardo Tobón, entonces arzobispo de Medellín y presidente de la Conferencia Episcopal, como encubridor de curas pederastas. La pederastia, apunta, no es una suma mecánica de casos aislados: es un patrón de conducta y de encubrimiento sistemáticos en la Iglesia; y no se librará de este delito mientras encubridores ocupen en ella los cargos de poder. Desde ya alimenta Colombia la esperanza de que, al ventilar, por fin, la fetidez de estos trapos al sol, se abran puertas a la verdad, la justicia y la reparación de crímenes que la propia Iglesia debería ser la primera en encarar. Para la historia: dijo el cardenal Rubén Salazar que “quien calla un caso de abuso es también un abusador”.
