Sacudón en propiedad de la tierra 


A un paso de hacerse realidad en el Congreso, la Jurisdicción Agraria cristaliza como el medio más eficaz para resolver el conflicto por la tierra que catapultó esta guerra de 500.000 civiles muertos y millones de campesinos despojados de sus fundos. La ley protegerá, por fin, los derechos de propiedad en el campo y resolverá problemas de tierras congelados en 38.000 litigios en gavetas. En particular, casos de restitución de predios, con pobrísimos resultados a 13 años de expedida la ley. Paladeada desde tiempos de López Pumarejo, la beligerante repulsa del latifundismo había frustrado la creación de este sistema de justicia especializada en problemas de propiedad, posesión y tenencia de la tierra. Jueces avezados en la problemática rural —exacerbada en estas décadas de contrarreforma agraria operada por una troika de paramilitares, empresarios y políticos— abocarán ahora la restitución de tierras, el más dramático entre los conflictos de posesión que pesan sobre una población de 15 millones de campesinos. Ya no tendrán que resolverse estos conflictos por la violencia, por la imposición del más fuerte o mediante acuerdos desesperados fuera del marco legal. Habrá ahora reglas claras.

Se crearán 32 juzgados agrarios, tribunales de segunda instancia, puestos en la Corte Suprema y en el Consejo de Estado. Operarán los juzgados en zonas apartadas donde el Estado prácticamente no existe y en zonas de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, sobre los miles de procesos campesinos que persiguen asignación de tierra o formalización de título. 65 % de los títulos en Colombia no están registrados. Y a los problemas de orden público que rodean la miríada de procesos de restitución se suma el cuello de botella creado por el sabotaje a la restitución administrativa de quienes prefieren manipular un proceso. En 2013 registró Planeación Nacional 8,3 millones de hectáreas despojadas o abandonadas por la fuerza: 358.937 predios afectados.

La Ley de Víctimas de 2011 reconoció derecho de restitución a propietarios o poseedores de predios que fueron objeto de despojo o de abandono forzado de su tierra por causa del conflicto armado. Se quiso responder con ella a la contrarreforma agraria que gavillas ejecutaron por despojo, desde el poder. Preso cayó el entonces gobernador de Córdoba y gerente del Fondo Ganadero de ese departamento por expropiación de tierras a dos manos con paramilitares en Urabá: 130 familias tuvieron que vender a precios irrisorios y sus tierras fueron a parar a Fedegán.

Pocos estudios tan atinados como los del Grupo de Memoria Histórica sobre la usurpación de tierras, objeto no declarado de la guerra. Según él, la acción de los grupos armados fue de tierra arrasada: escenificaron ellos la violencia con sevicia y tortura. Fue un ejercicio de terror sistemático y buscaba generar una desocupación duradera. El terror desplegado apuntó a volver inhabitable el espacio físico y social, para provocar el desplazamiento físico forzado, el abandono y, tras este, el despojo de la tierra. Fue apropiada violentamente o comprada a huevo a propietarios presa de pánico. En el municipio de San Carlos (Antioquia) se abandonaron 54 de sus 74 veredas. Los habitantes se redujeron de 25.000 a 5.000.

La restitución de tierras, esperanza mayor que la Jurisdicción Agraria abre, sólo tendrá buen éxito si se acompaña de la seguridad del Estado. Por sí sola, podrá enfrentar la contraofensiva de los mismos usurpadores. A esta condición necesaria se suma otra: la actualización del catastro, instrumento que ratifica la propiedad y uso de la tierra. Aplauso al Gobierno y al Congreso que habilitan esta ley de reforma agraria sin expropiación.

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