A MEDIDA QUE EL NATURAL DE ESTE gobierno “de opinión” se va revelando como el arte de mentir, se disipa el encantamiento de la propaganda y afloran las protuberancias de sus grandes desaciertos. El día mismo que se desveló la mentira que rodeó a la sensacional Operación Jaque y que podría llevar a Colombia ante la Corte Penal Internacional por abusar del símbolo de la Cruz Roja, se anunció la privatización del Seguro Social.
Destino cruzado de dos procesos que hacen agua. El primero, por desgaste del golpe de opinión como fundamento de un gobierno obsesionado con el aplauso de la galería. El segundo, desenlace de un proyecto que se gestó con la Ley 100 para sustraerle al Estado la función de velar por la salud de los colombianos y convertirla, en cambio, en negocio privado. Una mentira tras otra, cocinadas desde la cumbre del poder, pueden ablandar la fe del pueblo e invitar a contemplar los problemas del diario vivir. Como éste del desbarajuste de la salud pública, que alcanza dimensiones dramáticas.
La crisis del Seguro Social es, en buena medida, inducida. Principió hace 15 años, cuando se obligó al Instituto a competir con empresas privadas, en condiciones de inferioridad. Arrancó con pasivos pensionales y laborales y un atraso tecnológico que no pesaban sobre los operadores privados. La Ley 100 benefició de entrada a estos operadores al exonerarlos de tratar enfermedades preexistentes, mientras le dejaba al ISS los pacientes de alto costo.
Diez años después, en 2003, se decidió que las clínicas del Seguro debían ser autosuficientes financieramente. Muchas no podían serlo, pues los gobiernos mismos habían agravado sus dificultades financieras. Y se precipitó la cascada de cierre de hospitales públicos, estigmatizados por no ser rentables, ni competitivos, ni “viables”, mientras se multiplicaban los pacientes que morían a sus puertas. Se fortalecían a la par las EPS privadas, que hoy sólo esperan acaparar los últimos 1,25 billones que los afiliados le cotizan al Seguro cada año. El ministro Palacio pasará a la historia por la sádica eficiencia con que desempeñó esta tarea, así se libre de la moción de censura y de la cárcel por el delito de cohecho que se le imputa.
Contra el principio de que la salud es un derecho de todos y un deber del Estado, se impuso el criterio de que ella es un bien que ha de comprarse en el mercado. Manes de las políticas de ajuste que se entronizaron en los 90, para desmantelar el Estado, privatizar la seguridad social en provecho de fondos privados y desproteger a las mayorías. Nos dirán que el Sisbén beneficia a tantos compatriotas como el programa de Familias en Acción.
Pero entre el Sisbén y el servicio de salud privado media lo que va de tratar con aspirina una enfermedad mortal y los refinamientos que se les dispensan a las capas pudientes. Sacrificada la universalidad del servicio de salud y seguridad social, en la redistribución de las cargas reciben los pobres asistencialismo barato, un paliativo apenas tasado por su valor electoral.
Precariedad de la salud de la población, desigualdad entre regiones, desastre de la red hospitalaria, abandono de la salud pública, renacimiento de enfermedades endémicas que se habían erradicado... y Pila. Son estos los elementos de la crisis de la salud en Colombia.
Carlos Gaviria propone resolverla mediante enmienda constitucional que reconozca la salud como derecho fundamental, bien público, deber del Estado y responsabilidad social. Hay que buscar un modelo de seguridad social integral y universal, sin que cuente la capacidad de pago. Como en el Estado de bienestar, coco del ministro Zuluaga. Ojalá no nos monten ahora algún falso positivo para ocultar el desastre de un sistema de salud que ha entrado en coma.
A MEDIDA QUE EL NATURAL DE ESTE gobierno “de opinión” se va revelando como el arte de mentir, se disipa el encantamiento de la propaganda y afloran las protuberancias de sus grandes desaciertos. El día mismo que se desveló la mentira que rodeó a la sensacional Operación Jaque y que podría llevar a Colombia ante la Corte Penal Internacional por abusar del símbolo de la Cruz Roja, se anunció la privatización del Seguro Social.
Destino cruzado de dos procesos que hacen agua. El primero, por desgaste del golpe de opinión como fundamento de un gobierno obsesionado con el aplauso de la galería. El segundo, desenlace de un proyecto que se gestó con la Ley 100 para sustraerle al Estado la función de velar por la salud de los colombianos y convertirla, en cambio, en negocio privado. Una mentira tras otra, cocinadas desde la cumbre del poder, pueden ablandar la fe del pueblo e invitar a contemplar los problemas del diario vivir. Como éste del desbarajuste de la salud pública, que alcanza dimensiones dramáticas.
La crisis del Seguro Social es, en buena medida, inducida. Principió hace 15 años, cuando se obligó al Instituto a competir con empresas privadas, en condiciones de inferioridad. Arrancó con pasivos pensionales y laborales y un atraso tecnológico que no pesaban sobre los operadores privados. La Ley 100 benefició de entrada a estos operadores al exonerarlos de tratar enfermedades preexistentes, mientras le dejaba al ISS los pacientes de alto costo.
Diez años después, en 2003, se decidió que las clínicas del Seguro debían ser autosuficientes financieramente. Muchas no podían serlo, pues los gobiernos mismos habían agravado sus dificultades financieras. Y se precipitó la cascada de cierre de hospitales públicos, estigmatizados por no ser rentables, ni competitivos, ni “viables”, mientras se multiplicaban los pacientes que morían a sus puertas. Se fortalecían a la par las EPS privadas, que hoy sólo esperan acaparar los últimos 1,25 billones que los afiliados le cotizan al Seguro cada año. El ministro Palacio pasará a la historia por la sádica eficiencia con que desempeñó esta tarea, así se libre de la moción de censura y de la cárcel por el delito de cohecho que se le imputa.
Contra el principio de que la salud es un derecho de todos y un deber del Estado, se impuso el criterio de que ella es un bien que ha de comprarse en el mercado. Manes de las políticas de ajuste que se entronizaron en los 90, para desmantelar el Estado, privatizar la seguridad social en provecho de fondos privados y desproteger a las mayorías. Nos dirán que el Sisbén beneficia a tantos compatriotas como el programa de Familias en Acción.
Pero entre el Sisbén y el servicio de salud privado media lo que va de tratar con aspirina una enfermedad mortal y los refinamientos que se les dispensan a las capas pudientes. Sacrificada la universalidad del servicio de salud y seguridad social, en la redistribución de las cargas reciben los pobres asistencialismo barato, un paliativo apenas tasado por su valor electoral.
Precariedad de la salud de la población, desigualdad entre regiones, desastre de la red hospitalaria, abandono de la salud pública, renacimiento de enfermedades endémicas que se habían erradicado... y Pila. Son estos los elementos de la crisis de la salud en Colombia.
Carlos Gaviria propone resolverla mediante enmienda constitucional que reconozca la salud como derecho fundamental, bien público, deber del Estado y responsabilidad social. Hay que buscar un modelo de seguridad social integral y universal, sin que cuente la capacidad de pago. Como en el Estado de bienestar, coco del ministro Zuluaga. Ojalá no nos monten ahora algún falso positivo para ocultar el desastre de un sistema de salud que ha entrado en coma.