Se desborda Gustavo Morales, portavoz de las EPS, en elogios a la política de salud consignada en el Plan de Desarrollo y el Acuerdo de Punto Final. Signo ominoso de que no será este el Gobierno que ataque las causas de la crisis, llegada a su clímax tras 27 años de larguezas del Estado con los mercaderes de la enfermedad. No tocará el modelo Ley 100, en virtud del cual renuncia el Estado a prestar el servicio público de salud, derecho fundamental que confía a negociantes particulares; a quienes entrega, por contera, los fondos del sector y su manejo, a la mano de Dios, sin vigilancia ni control. Funciones por lo demás impracticables, pues el poder público se despojó de su sistema de información y de las herramientas de regulación necesarias para modular sus deudas, contener el desangre por robo continuado de recursos y desfalcos faraónicos como el de Saludcoop. El ministro de la cartera parece debatirse entre el anhelo de acertar y el deber inescapable de apadrinar un modelo de salud agonizante en la opulencia de las EPS, en la negación del servicio a la ciudadanía, en una retórica de “equidad” que es hoja de parra de medidas enderezadas a remachar el paradigma de la salud como negocio.
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Hará bien el Gobierno en pagar sus deudas a las EPS y saldar directamente las de los hospitales. Pero tendrá primero que saber cuánto se debe, a quién y por qué. Y ¿cómo hacerlo si carece de información propia, si en lugar de forzar la intervención de los entes de control se enreda licitando una auditoría independiente? ¿Otra hojita de parra para velar la invitación del Plan a la “autorregulación de los gastos entre agentes de la salud?
Se propone el Gobierno, de otro lado, marcarles techo a los recobros de las EPS. Más allá de la sana intención, el efecto previsible, según Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, es que estas reducirán más costos negando servicios y maniatarán a los médicos. Por encima de la Constitución que manda suprimir el sistema POS-no POS y cubrir casi todos los servicios con los recursos que el Estado les gira (UPC), porfiarán en lo que saben hacer: si se mantiene el no POS, las EPS podrán apropiarse parte sustancial de la UPC y cobrar —a menudo fraudulentamente— la mayoría de servicios por no POS. Negocio redondo.
Tres perlas del Plan de Desarrollo dan lustre a este modelo de capitalismo montaraz: primero, involuciona a la villanía del exministro Palacios que se aplicó en tiempos de Uribe a cerrar hospitales públicos por no ser “rentables”. Como si no derivaran sus penurias en gran medida de las platas que les adeudan. Como si valiera un higo la rentabilidad social. Segundo, dizque por principio de solidaridad, sacarán del Sisbén a los menos infortunados entre desdichados: 2’500.000 pobres tendrán ahora que cotizar para salud. Tercero, el Plan propone recortar el presupuesto de salud pública: la cuarta parte se convertiría en “subsidios a la oferta” (a las EPS), y los recursos no ejecutados pasarían a la Nación.
Concluye la doctora Corcho que el Acuerdo de Punto Final no corrige las fallas estructurales del sistema, origen de las deudas: “El Gobierno compra tiempo con recursos de los colombianos, aplaza la debacle”, y perpetúa el negocio de la salud. Una vez más, se trueca la misión social de la salud pública por el interés comercial. Con el agravante de que la crisis financiera y misional del sistema podrá ahora postrarlo hasta desaparecerlo. Remedios a la mano: en vez del utópico “sinceramiento” de las cuentas, imponer la intervención de los entes de control. Y allanarse al mandato de la Ley Estatutaria de Salud. Lo demás es dar un salto atrás… o al vacío.
