Tuvieron que pasar 50 años y una guerra para que el problema de la tierra volviera a escena. No ya como redistribución de la propiedad, sino, al contrario, para darle formalidad legal; para devolver los predios robados y entregar tierra pública al campesino. Pero, honrando una tradición de siglos, han exhibido ya las élites sus fierros contra la reforma rural que entra a debate en el Congreso. Quieren ellas preservar lo suyo, habido tantas veces a la brava; y, más aún, invalidar la función social de la propiedad, cuya letra rige desde 1936. Boicot tras boicot a manos de una oligarquía troquelada en granito, el último intento de reforma agraria se ahogó en Chicoral. Corría 1972. Se venía de una agreste ofensiva contra la política repartidora de Carlos Lleras, cuya punta de lanza fue la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC). Si modesta, volvió a resultarle intolerable al latifundismo, que rugió esta vez en las catilinarias de Nacho Vives. Y en la metralla que decapitó al movimiento campesino.
Conflicto armado y narcotráfico andaban entonces en pañales. Pero hoy le sirven al Consejo Gremial (el poder económico en pleno) como coartada para “concertar” con el Gobierno el proyecto de Ley de Tierras, apuntando a dejarlo mueco, inane. De hecho, logró ya despojar al Ejecutivo de su prerrogativa para declarar extinción de dominio en tierras ociosas y expropiación con indemnización por razones de utilidad pública e interés social. Por emular a José Félix Lafaurie, el Nacho Vives de la hora, y a los terratenientes del Valle que al primer amago de expropiación en Jamundí amenazaron con alzarse en armas contra el Gobierno de Lleras R., Jorge Enrique Vélez, presidente de Cambio Radical, declara sin sonrojarse: “Nos oponemos a cualquier ley de tierras que contemple posibilidad de expropiar a través de la extinción de dominio”.
Y Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda y flamante negociador del TLC que terminó de arruinar el campo, violenta toda evidencia cuando califica de arcaico el Acuerdo Rural; siendo éste una propuesta que lo mismo moderniza la gran explotación que la agricultura campesina. Pero él lo considera “… más bien socialista, basado en pequeñas unidades productivas (¿?), en proteccionismo y en subsidios…”. Comprensible, por otra parte, que Álvaro Uribe se oponga frenéticamente a la actualización del catastro rural: su Ley 1152 y la de Agro Ingreso Seguro dieron el golpe de gracia a todo intento de reforma agraria.
En su último libro, El problema de la tierra, demuestra Absalón Machado que nuestra estructura agraria, empotrada en la concentración de la propiedad, frenó el desarrollo del campo. Allí donde el campesinado no accede a la tierra ni a los bienes públicos, la producción apenas crece y arroja ingresos franciscanos. De otro lado, la informalidad en la propiedad bloquea el crédito, la asistencia técnica, los subsidios y margina del mercado de tierras. Tal desigualdad impide la formación de una clase media rural que desconcentra la propiedad, equilibra las cargas y, si propende al uso adecuado del suelo, catapulta el desarrollo. Sostiene Machado que aquí se ha desarrollado la agricultura campesina con sobreexplotación de tierras en montañas y laderas, mientras las tierras feraces, planas, se destinan a ganadería extensiva. Para bajar a los agricultores de montaña a tierras ubérrimas, se imponen una política de repoblamiento y nuevos polos de desarrollo.
Abecé de cualquier reforma que se respete, la del Acuerdo de Paz le resulta enana. Pero la caverna de antaño se repite ahora: en tiempos de Chicoral, contra la redistribución de tierra; en 2017, contra la restitución de la usurpada. La misma consigna ayer y hoy: ¿tierra? ¡Nanay!
Tuvieron que pasar 50 años y una guerra para que el problema de la tierra volviera a escena. No ya como redistribución de la propiedad, sino, al contrario, para darle formalidad legal; para devolver los predios robados y entregar tierra pública al campesino. Pero, honrando una tradición de siglos, han exhibido ya las élites sus fierros contra la reforma rural que entra a debate en el Congreso. Quieren ellas preservar lo suyo, habido tantas veces a la brava; y, más aún, invalidar la función social de la propiedad, cuya letra rige desde 1936. Boicot tras boicot a manos de una oligarquía troquelada en granito, el último intento de reforma agraria se ahogó en Chicoral. Corría 1972. Se venía de una agreste ofensiva contra la política repartidora de Carlos Lleras, cuya punta de lanza fue la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC). Si modesta, volvió a resultarle intolerable al latifundismo, que rugió esta vez en las catilinarias de Nacho Vives. Y en la metralla que decapitó al movimiento campesino.
Conflicto armado y narcotráfico andaban entonces en pañales. Pero hoy le sirven al Consejo Gremial (el poder económico en pleno) como coartada para “concertar” con el Gobierno el proyecto de Ley de Tierras, apuntando a dejarlo mueco, inane. De hecho, logró ya despojar al Ejecutivo de su prerrogativa para declarar extinción de dominio en tierras ociosas y expropiación con indemnización por razones de utilidad pública e interés social. Por emular a José Félix Lafaurie, el Nacho Vives de la hora, y a los terratenientes del Valle que al primer amago de expropiación en Jamundí amenazaron con alzarse en armas contra el Gobierno de Lleras R., Jorge Enrique Vélez, presidente de Cambio Radical, declara sin sonrojarse: “Nos oponemos a cualquier ley de tierras que contemple posibilidad de expropiar a través de la extinción de dominio”.
Y Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda y flamante negociador del TLC que terminó de arruinar el campo, violenta toda evidencia cuando califica de arcaico el Acuerdo Rural; siendo éste una propuesta que lo mismo moderniza la gran explotación que la agricultura campesina. Pero él lo considera “… más bien socialista, basado en pequeñas unidades productivas (¿?), en proteccionismo y en subsidios…”. Comprensible, por otra parte, que Álvaro Uribe se oponga frenéticamente a la actualización del catastro rural: su Ley 1152 y la de Agro Ingreso Seguro dieron el golpe de gracia a todo intento de reforma agraria.
En su último libro, El problema de la tierra, demuestra Absalón Machado que nuestra estructura agraria, empotrada en la concentración de la propiedad, frenó el desarrollo del campo. Allí donde el campesinado no accede a la tierra ni a los bienes públicos, la producción apenas crece y arroja ingresos franciscanos. De otro lado, la informalidad en la propiedad bloquea el crédito, la asistencia técnica, los subsidios y margina del mercado de tierras. Tal desigualdad impide la formación de una clase media rural que desconcentra la propiedad, equilibra las cargas y, si propende al uso adecuado del suelo, catapulta el desarrollo. Sostiene Machado que aquí se ha desarrollado la agricultura campesina con sobreexplotación de tierras en montañas y laderas, mientras las tierras feraces, planas, se destinan a ganadería extensiva. Para bajar a los agricultores de montaña a tierras ubérrimas, se imponen una política de repoblamiento y nuevos polos de desarrollo.
Abecé de cualquier reforma que se respete, la del Acuerdo de Paz le resulta enana. Pero la caverna de antaño se repite ahora: en tiempos de Chicoral, contra la redistribución de tierra; en 2017, contra la restitución de la usurpada. La misma consigna ayer y hoy: ¿tierra? ¡Nanay!