Victoria y vergüenza en el petrismo

¿Acción suicida? ¿Incapacidad del Pacto Histórico para sacudirse las incoherencias que en su soberbia impuso el jefe a zurriago limpio? Rara confluencia de una victoria y una vergüenza colosales: no bien aprueba la Corte Constitucional una reforma pensional que cambia el modelo vigente durante 33 años, y cinco congresistas de aquel partido suscriben propuesta de neutralizar el juicio contra Álvaro Uribe por presunta responsabilidad en masacres perpetradas en 1997. Trasladar el proceso de la Fiscalía a la Comisión de Acusaciones de la Cámara sería paralizarlo a perpetuidad. ¿Obraría aquí un pacto secreto entre Uribe y Petro para asegurarse impunidad recíproca?, pregunta Daniel Coronell.

Nuevo episodio de doble moral sería este de Petro que condena la violencia mientras aboga por arrebatarle a la Fiscalía el juicio contra Uribe por violencia y disimula su doblez perorando sobre otro supuesto acuerdo nacional. No cabría en éste, empero, comerciar con las vidas arrebatadas en El Aro y La Granja, en acción terrorífica de paramilitares y Ejército con sobrevuelo de un helicóptero de la gobernación, cuando Álvaro Uribe era el gobernador. ¿El hipotético pacto de impunidades contemplaría también la contrapropuesta pensional que Uribe anuncia?

Hito del progresismo, en cuatro pilares se sostiene la reforma aprobada para asegurar una renta básica a los mayores vulnerables, convertir el ahorro de los que cotizaron menos en renta vitalicia, obligar a cotizar en Colpensiones a quienes devenguen hasta 2,3 salarios mínimos y permitir el ahorro voluntario en los fondos de pensiones. Con la reforma, gana el Estado el protagonismo que los fondos privados pierden: no nacionaliza los fondos de pensiones, pero cambia el flujo hacia ellos y su alcance. El Banco de la República, ente autónomo del Gobierno, administra el fondo del pilar contributivo.

Reaparece aquí el mismo Uribe que lucha contra la condena y es autor de la Ley 100 que en 1993 convirtió el mayor ahorro de los colombianos —el pensional— en fuente inagotable de enriquecimiento de los bancos y de sus conglomerados económicos. La Ley 100 obró no sólo como reforma social: cambió la estructura económica del país. La exministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, brillante protagonista de la reforma que la Corte avala hoy, se preguntó no sólo quién administra las cotizaciones, sino quién decide el destino de la enorme masa de ahorro nacional que pertenece a los trabajadores: ¿los conglomerados financieros? La reforma amplía el espectro de beneficiarios y reduce a su tercera parte el lucro que los Fondos Privados derivan de convertir en recurso financiero el ahorro pensional de los colombianos, controlar sus inversiones y cobrar comisión por la gestión.

Revés para un sistema financiero sin par en el mundo donde la diferencia entre tasas de captación y de colocación del crédito fue del 102 % entre el año 2000 y el 2016. Además, la Carta del 91 le prohibió al Gobierno acudir al Banco de la República para financiarse y lo forzó a acudir a la banca privada, que le suministra crédito con intereses elevados. La deuda pública, que tiene en calzas prietas al país, explica hoy el exorbitante enriquecimiento de nuestros bancos. Preguntará el sentido común: si se renegocia la deuda pública con la banca extranjera, ¿por qué no renegociarla con la banca nacional? Y el manejo del pilar contributivo por el Banco de la República, ¿no abre caminos para devolverle su capacidad de acción económica?

Más preguntas de neófitos: ¿cómo podrá el Pacto Histórico defender esta reforma pensional si le tiende a la vez un salvavidas a su contraparte, el mismísimo autor de la Ley 100? En lugar de cocinar pactos secretos entre jefes políticos para asegurarse impunidad vitalicia —como parece ser el caso—, ¿no sería mejor dejar de enfangar cada victoria con un acto que nos cubre de vergüenza?

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