Hombres de camuflado bañan en gasolina a dos soldados y les prenden fuego cuando se aplican al desmantelamiento de un laboratorio de cocaína en Putumayo. Un evento más de la saga dantesca que se pavonea en Colombia desde hace décadas y hoy escala hacia otro pico trágico. Se atribuye el crimen a Comandos de la Frontera, grupo armado con el cual negocia el Gobierno que, de comprobarse su autoría, levantaría la mesa. Según CICR, 2025 es el año con las peores condiciones humanitarias en una década, año que se inaugura con salvaje ofensiva del ELN en Catatumbo para cobrar la vida a 87 civiles y desplazar a 65.000. Casi millón y medio de personas se vieron afectadas por la violencia en este primer semestre, cuatro veces más que las registradas en igual período de 2024. Los confinados, secuestrados y desplazados se han duplicado. En estos dos años ha decretado el ELN doce paros armados en Chocó, con grave afectación de la población. Revela Indepaz que en lo que va de esta Administración se acumulan 263 masacres y cientos de líderes sociales asesinados, horror que en cualquier democracia saltaría todas las alarmas. La seguridad se desvanece y la política de paz trastabilla en las tinieblas.
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La Fundación Ideas para la Paz atribuye la debilidad del Estado para encarar nuevos ciclos de violencia a la desarticulación entre política de paz y estrategia de seguridad: ni la Fuerza Pública estabiliza territorios ni la Paz Total avanza. El de hoy es un conflicto más fragmentado y de grupos armados fortalecidos en los territorios. En este Gobierno se han duplicado las zonas en disputa (ya son 14) y disparado el número de acciones armadas, mientras las comunidades se ven más y más desprotegidas por falta de una estrategia integral de seguridad territorial y de articulación entre instituciones. De allí el precario, diríase insignificante avance en negociaciones de paz.
Y, sin embargo, cuando se pide a gritos protección de los derechos humanos y Estados Unidos reduce la ayuda humanitaria, recorta fondos el Gobierno a la Defensoría del Pueblo que descuella en compromiso con la población inerme. Arranca tajada medular a su presupuesto, con grave impacto sobre monitoreo para alertas tempranas, despliegue territorial, seguimientos para prevenir el asesinato de líderes sociales y atención a comunidades vulnerables. Pueda ser que el descabellado recorte no responda a retaliación contra la corajuda defensora, Iris Marín, por haber ella ostentado independencia crítica frente al Gobierno.
En el ciclo de violencia que comienza —señala Laura Bonilla— la obligación constitucional de reparar a las víctimas, restituir tierras y garantizar la no repetición está lejos de cumplirse. La disyuntiva entre negociación o bala ignora las particularidades de la hora: no son ya la misma bala ni la misma inteligencia ni los mismos grupos. Contra la posibilidad de desmovilización en bloque conspiran formas innovadoras de reclutamiento. La Paz Total, agrega, fracasó por desordenada y caótica; por falta de pedagogía, de planificación, de sintonía con el territorio. Por falta de avenidas previstas para transitar de tregua a sometimiento y a justicia.
Y se pregunta: si se levantan las mesas, ¿qué hacer en su ausencia? ¿Cómo reducir el homicidio y la extorsión? ¿Qué hacer con el reclutamiento infantil? ¿Qué con los líderes sociales, blanco de todos los armados? ¿Y el plan de contingencia? ¿Persistir en negociar? ¿No negociar? Si se opta por paz sin negociación, habrá que integrar al territorio como su aliado activo. Será paz entendida como justicia territorial, inversión sostenida y protección de lo público. Sí, la seguridad debe mutar y la paz también. Pero será con la gente o no será. Y será nuestro acuerdo nacional. Entonces podrá esperarse que busque oficio la violencia, su tenebrosa majestad.
