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En días recientes, el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, anunció en medios que el gobierno alista un Estatuto Antiterrorista para enfrentar la criminalidad. Lara ha explicado que el país carece de una definición legal clara de qué constituye una organización terrorista, y que el estatuto vendrá a llenar ese vacío con un listado oficial: un registro que decidirá, desde el Ejecutivo, quién entra en esa categoría y qué régimen penal y penitenciario le corresponde. Aún así, ningún funcionario del gobierno ha sabido contestar quién escribe esa lista y con qué criterios.
No es ajena para la memoria del país la palabra “estatuto” en temas de seguridad. El de Turbay Ayala en 1978 habilitó allanamientos sin orden judicial y consejos verbales de guerra contra sindicalistas, estudiantes y campesinos que terminaron acusados de insurgentes sin haber tocado un arma. Muchos líderes sociales y políticos de la época terminaron presos o exiliados. Nos dice mucho este antecedente cuando el gobierno que propone replicar este ejercicio es el de Abelardo de la Espriella, cuya promesa de campaña fue “destripar” a la izquierda. Ahora, este tampoco es un impulso que nazca solo. El mes pasado, el secretario de Estado de Washington reunió a representantes de 66 países para coordinar lo que llamó una cruzada contra el “terrorismo de extrema izquierda”, una categoría en la que mete sin rigor alguno a todos los que no adhieren a la barbaridad trumpista.
El mismo gobierno que anuncia el estatuto ya utiliza el lenguaje del espectáculo: buques de la Armada ofrecidos como cárceles flotantes para los presos de mayor peligrosidad, y traslados de reclusos siendo filmados con la cabeza rapada al estilo Bukele, la puesta en escena amenazante que pretende instalar el miedo y la purga interna en la cotidianidad nacional. Por ahora, eso es todo lo que tenemos para entender la naturaleza de esta propuesta, aún no existe un borrador formal de la iniciativa. Nos resta entonces esperar, como ya nos tiene acostumbrados Abelardo, a que baje la espuma y la pirotecnia para revisar y contrastar los elementos jurídicos y técnicos que realmente componen sus avisos.
Sin embargo, y aunque aún no tengamos texto del borrador, ya podemos ir anticipando de qué va todo esto. El libreto se repite en cada versión de este ejercicio, primero se nombra al enemigo y después se le persigue, encarcela y criminaliza. No hace falta esperar la letra menuda para saber a quién le tocará cargar de nuevo con el peso de la sospecha: a los campesinos, a los líderes territoriales, sindicales, estudiantiles y barriales. Mientras tanto, las verdaderas expresiones armadas de la criminalidad, las que sí mueven armas, rentas y territorio, seguirán incrementando su poder, tranquilas, mientras el aparato del Estado se ocupa persiguiendo la diferencia política.
