Injerencia y escombros

Mientras en Colombia atravesamos la brutal tragedia humanitaria que trajo consigo el terremoto del 10 de agosto, Abelardo de la Espriella aprovechó para implementar a toda máquina su política exterior injerencista. En plena catástrofe, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció desde Panamá que Colombia autorizó a su gobierno a realizar operaciones militares conjuntas en territorio nacional para “destruir a los terroristas y las redes de terror”. En circunstancias normales ya sería escandaloso que quien informa al país sobre el uso de su propio territorio sea un funcionario extranjero. Además, que ocurra a 48 horas del sismo más fuerte de la última década, mientras se oponían todo tipo de trabas burocráticas para el ingreso de rescatistas internacionales, raya con lo criminal.

En medio del aturdimiento nacional por la catástrofe, la opinión pública no ha podido ocuparse en pleno de esta discusión, sin embargo, el anuncio genera profundas preocupaciones. En las condiciones actuales y con Donald Trump como presidente, este tipo de operaciones constituyen una cesión de soberanía y el avance vertiginoso de la doctrina que tiene como objetivo controlar desde el norte a América Latina. El anuncio expone otro gesto autoritario de Abelardo, a quien una sola semana de mandato le bastó para demostrar que está dispuesto a saltarse la Constitución y la separación de poderes. Vale la pena recordar que, en octubre de 2009, el gobierno de Uribe firmó con Estados Unidos un acuerdo complementario que entregaba el acceso y uso de siete instalaciones militares y extendía al personal estadounidense las inmunidades propias del personal administrativo y técnico de una misión diplomática. La Corte Constitucional le respondió en el Auto 288 de 2010 en el que precisaba que si estos acuerdos generan obligaciones adquieren la forma de tratado internacional y deben atravesar la discusión en el Congreso de la República. A ello se suman el artículo 173 sobre el tránsito de tropas extranjeras, y el artículo 237, que obliga a oír previamente al Consejo de Estado tanto para ese tránsito como para la estación de buques y aeronaves de guerra. No se respetaron ni el precedente constitucional, ni el trámite congresional, ni a la Constitución misma.

Por otra parte, nadie ha explicado todavía qué significa exactamente “operaciones conjuntas”. Cuántos militares estadounidenses, en qué zonas, por cuánto tiempo, bajo qué mando, con qué reglas de enfrentamiento y, sobre todo, bajo qué jurisdicción responderían por eventuales violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Esas preguntas preocupan en extremo por los antecedentes del país (como los casos de violencia sexual en contra de niñas por parte de agentes estadounidenses) y porque esos interrogantes casi siempre tienen una misma respuesta: quien decide es quien pone la plata y las armas.

Todavía hay gente buscando a los suyos entre el concreto con la esperanza de encontrarlos con vida. Miles de familias perdieron sus casas, sus ahorros y sus proyectos de vida. Quienes crecimos en las ciudades afectadas estamos atravesando un dolor profundo. Mientras tanto, el gobierno aprovecha esta congoja para arreciar en sus objetivos y atestar este tipo de golpes a la soberanía y la democracia. Imperdonable.