En días pasados, el presidente Gustavo Petro anunció que los jóvenes detenidos en el marco del Paro Nacional serán liberados antes de navidad. La noticia ha desatado una lluvia de críticas desde distintas orillas y algunos intercambios airados en redes sociales. Desafortunadamente, la discusión ha perdido de vista algunos elementos importantes.
Las liberaciones de personas privadas de su libertad con el objetivo de ambientar negociaciones de paz no son nuevas. Estas han sido utilizadas en el pasado por dignatarios como Álvaro Uribe, quien solicitó la libertad de Rodrigo Granda en 2007, y Juan Manuel Santos, quien previo a la firma del Acuerdo Final ordenó la libertad de varios grupos de presos de las FARC. Estos últimos salieron bajo la figura de “Gestores de Paz”, una fórmula novedosa en la que los ex presos se comprometían a comparecer periódicamente a las autoridades judiciales y a adelantar labores pedagógicas y comunitarias de paz. Los liberados cumplieron y jugaron un papel importante en la construcción de confianza entre las partes y en el aterrizaje de las discusiones de la mesa en la sociedad civil. En el pasado también se han otorgado amplias amnistías e indultos presidenciales a grupos como el M-19, EPL y el Quintín Lame-distintas, eso sí, en su naturaleza jurídica a la figura de los gestores, pues implica la solución definitiva de las situaciones judiciales-, tanto así que no es necesario crear normas nuevas pues estas ya se encuentran vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. También vale la pena repetir una vez más que las amnistías y los indultos no se pueden otorgar a personas que hayan cometido delitos atroces o de lesa humanidad.
En el actual proceso con el ELN las partes han acordado que la participación de la sociedad civil es fundamental para la mesa, en esta vía es apenas razonable que los jóvenes judicializados en el marco de la protesta social sean quienes salgan a adelantar discusiones alrededor de la paz, la democracia y la justicia social. ¿Por qué entonces suscita tanto recelo la libertad de los detenidos en el paro aún y cuando sus procesos se han caracterizado por tener serias irregularidades procesales? ¿No es esta una oportunidad para que puedan ayudar a construir una base social amplia para la paz que los incluya a ellos y a sus reivindicaciones? ¿No es positivo que puedan llegar a sus barrios, comunas y territorios con la misión de aterrizar la reconciliación para el país? ¿No es esta una manera de empezar a abrir espacios democráticos que eviten nuevos alzamientos armados de jóvenes inconformes?
También es cierto que le haría bien al país y al ambiente de las negociaciones un mensaje contundente del gobierno en el que se aclaren los alcances y los objetivos de la medida, no es lo mismo la amnistía/indulto que la libertad bajo los términos de la figura de los Gestores de Paz. Por lo demás, ojalá sigan avanzando las mesas de negociaciones y las acciones que abonen el camino para alcanzar la paz. Colombia lo necesita.
