Presos por marchar

Las cárceles colombianas contienen todas las aristas de un Estado fallido, son como Cronos devorando sin piedad a sus propios hijos. A esta conclusión llegué después de haber trabajado hace algunos años en una organización de derechos humanos que realizaba labores humanitarias al interior de las prisiones del suroccidente colombiano. Entre innumerables desafueros, allí conocí de la existencia de los denominados “falsos positivos judiciales” que no son más que montajes jurídicos en los que una o varias personas son vinculadas irregularmente con la comisión de uno o más delitos. Esta estratagema recae principalmente en líderes sociales, personas vinculadas con el movimiento social o participantes de diversos espacios de protesta.

A raíz del paro nacional del año pasado las capturas de manifestantes aumentaron exponencialmente y, en esta vía, también las denuncias de montajes judiciales contra personas que hicieron parte de las protestas. Actualmente la situación ha escalado tanto que los familiares y las personas privadas de la libertad se han ido organizando en espacios ciudadanos para visibilizar y exigir soluciones. Entre sus denuncias se encuentran irregularidades procesales, tortura física y psicológica, dilaciones en los procesos, traslados injustificados, imputación de delitos de lesa humanidad, violencia de género, etc. La agudeza de la situación contrasta con el silencio y la paquidermia de las autoridades competentes.

Por otra parte, Los casos son preocupantemente numerosos como para pensar en la aleatoriedad. La sistematicidad de los procesos, la similitud en los procedimientos y los antecedentes de otros casos con las mismas características hacen que surjan cuestionamientos sobre la existencia de una estrategia dirigida a perseguir penalmente la protesta social. ¿Hay en Colombia un sistema que premia y alienta el encarcelamiento de líderes, activistas y manifestantes? ¿Qué dicen sobre eso los jueces y fiscales que participan en estos procedimientos? Estas no son preguntas menores en un Estado democrático y de derecho, la mera duda ya debería encender todas las alarmas. Ojalá las respuestas sean la garantía a los derechos humanos de los presos y la milimétrica revisión de una política criminal que solo ha contribuido a las espirales de violencia que hoy siguen asolando al país.