La sustitución es el cambio

“El escenario se presenta propicio para que el Gobierno saque adelante la política de sustitución de cultivos”: Cristina Carrizosa Calle.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A raíz de la propuesta del presidente Petro que plantea la compra estatal de las cosechas de hoja de coca a los cultivadores de El Plateado, se ha abierto un debate nacional sobre los pros y los contras de esta idea, la cual ya había sido sugerida previamente por el expresidente Uribe.

Independientemente de ese análisis, que dejaré a los expertos, queda claro una vez más que todas las políticas antidrogas han fracasado, lo cual es una obviedad, y lo poco que hemos aprendido sobre las distintas recetas para combatir el problema de los cultivos ilícitos. Cincuenta años hace de la llamada bonanza marimbera que abrió la puerta a la penuria del narcotráfico en Colombia y aquí seguimos, como en el día cero, ensayando fórmulas para que los campesinos logren sobrevivir lícitamente, lo que, en últimas, es la clave del problema.

El último informe de la ONU revela que el número de hectáreas de hoja de coca cultivadas ha alcanzado niveles nunca antes vistos. Unido a esta posible sobreoferta, el precio de la hoja de coca ha tocado mínimos históricos en los últimos meses, según un análisis reciente de la Fundación Ideas para la Paz. Como resultado, los campesinos cocaleros no están ganando el salario mínimo que se estimaba que lograban en el pasado.

Las razones son varias: con anterioridad a la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, estas regulaban el mercado de la hoja de coca y actuaban prácticamente como el único intermediario entre los campesinos y los narcotraficantes. Los campesinos debían solo atender sus cuatro cosechas anuales, las cuales eran recogidas y pagadas puntualmente. Tras la firma del Acuerdo, desapareció el comprador seguro y comenzaron las disputas territoriales entre el ELN, las disidencias de las FARC y las autodefensas. El aumento de la violencia, la falta de garantías y el encarecimiento de ciertos insumos dieron paso a lo que los expertos han denominado la “crisis de la coca”. A pesar de estas dificultades, la siembra entre los campesinos no ha disminuido ya que carecen de alternativas y se ven obligados a transar por lo que dicta el mercado en estas zonas de conflicto.

El pasado 15 de octubre, el Gobierno estableció un comité operativo interinstitucional que articula la acción gubernamental relacionada con los proyectos y estrategias de sustitución de cultivos y el desarrollo de economías lícitas, al tenor de la reforma agraria y el desarrollo rural. Es de suponer que este comité busca acelerar el cumplimiento del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito - PNIS, emanado de los Acuerdos de Paz que, sin embargo, no ha avanzado como debiera desde sus primeras fases.

Si el campesino no se está viendo beneficiado, si la insistencia en el cultivo está dada solamente por la garantía de un ingreso constante y seguro, si no existe por parte del campesino arraigo cultural hacia la siembra de la coca, entonces están dadas las condiciones y el escenario se presenta propicio para que el Gobierno, el actual y los próximos, sin más excusas y con sostenida ejecución, saquen adelante la política de sustitución de cultivos que hasta el día de hoy no ha logrado éxito.

Empiezan a oírse estridentes voces de campaña electoral. Ojalá los candidatos, sobre todo los de la derecha, reconozcan la necesidad de dar continuidad a esta política que prioriza la lucha contra el narcotráfico, y la consecuente búsqueda de la paz, a partir del campo y no desde los aviones de aspersión.