Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En las democracias liberales, la libertad de opinión tiene sentido si descansa sobre hechos verificables. Sin esa premisa, como advirtió Hannah Arendt, la deliberación pública deja de ser un ejercicio de discernimiento y se convierte en una disputa de versiones. Es allí donde el periodismo pasa a ser una institución que ordena la realidad, fija límites y hace posible que la conversación pública no se disuelva en el ruido.
En los últimos días hemos asistido a una impresentable embestida contra La Silla Vacía, uno de los medios independientes de mayor reputación en Colombia. La ofensiva la originó la revista Semana, otrora referente de credibilidad, hoy propiedad del hombre más rico de Colombia; el mismo que financió la campaña presidencial de su directora, Vicky Dávila. Lejos de tratarse de un desacuerdo editorial, la arremetida se inscribe como retaliación frente al escrutinio periodístico sobre el enroque entre la casa editorial, su propietario, el candidato de la ultraderecha Abelardo de la Espriella y el regreso de Dávila al periodismo tras su fracasado tránsito por la política.
El resultado ha sido una madeja de señalamientos desproporcionados, forzados y, en no pocos casos, engañosos contra Juanita León y La Silla Vacía, que derivaron en una convergencia de voces —desde la ultraderecha hasta el petrismo— amplificada por la revista de mayor circulación del país, ya distante de su antiguo prestigio. A la embestida se sumaron, con oportunismo electoral, los medios públicos —RTVC—, la revista Raya y un coro previsible de opinadores abelardistas y petristas de escasa densidad.
Lo verdaderamente inquietante no es la magnitud del episodio, que roza lo inverosímil, sino la ausencia de una respuesta institucional del gremio. Que un caso de esta naturaleza no haya suscitado sino declaraciones individuales, sin un pronunciamiento claro y articulado que reivindique una ética compartida y denuncie el uso abusivo de esas plataformas informativas, dice más sobre el estado del periodismo en Colombia que la propia controversia.
En otras democracias, existen mecanismos formales e informales de contención. En Estados Unidos, los códigos de la Society of Professional Journalists establecen la obligación de evitar conflictos de interés y su apariencia, y el tránsito a la política suele implicar límites editoriales o costos reputacionales al intentar retornar a funciones informativas. En el Reino Unido, las directrices de la BBC y la supervisión de Ofcom imponen estándares estrictos de imparcialidad. Y en Italia, el Ordine dei Giornalisti —corporación de derecho público— funciona como órgano de autorregulación con atribuciones disciplinarias.
Más allá de la veracidad, el buen periodismo se sostiene en una cultura de vigilancia mutua que haga visibles las tensiones entre independencia, poder y propiedad. Si esa exigencia se diluye, el oficio incurre en una paradoja: exige transparencia al poder, pero falla en aplicársela a sí mismo. La deslegitimación y los ataques personales al escrutinio público, sin que el gremio ni las organizaciones de la sociedad civil tracen límites, minan el valor democrático de la prensa libre, la credibilidad del oficio y el respeto debido a la sociedad.
