Más allá del voto en blanco

“La defensa de la democracia exige hoy algo más que la legítima protesta del voto en blanco”: Cristina Carrizosa

Foto: Archivo Particular

Luego de una de las campañas más polarizadas de la historia reciente, marcada por atentados, amenazas narcoterroristas, discursos apocalípticos y la abierta intervención del Gobierno en favor de su candidato, cerca de 24 millones de ciudadanos acudimos el domingo pasado a las urnas en una jornada ordenada y pacífica. Con una participación cercana al 57 % del censo electoral (la más alta para una primera vuelta presidencial en casi un cuarto de siglo), los colombianos ofrecimos una contundente demostración de vitalidad democrática.

Para una porción significativa del electorado, la segunda vuelta enfrenta dos proyectos políticos que generan profundas reservas. De un lado, el continuismo de una izquierda incapaz en medio de un gobierno corrupto; del otro, una ultraderecha populista que despierta inquietudes legítimas sobre su temperamento, su estilo y su comprensión de los límites del poder.

En ese contexto, resulta inevitable una reflexión sobre el voto en blanco. Suele acusársele de ser una forma elegante de la indiferencia o una manera cómoda de lavarse las manos frente a decisiones difíciles. Sin embargo, la literatura especializada sobre el llamado protest voting sostiene que suele responder a una decisión consciente de participar sin adherir. Su valor consiste en permitir que un ciudadano rechace las candidaturas disponibles sin abandonar el sistema democrático ni cuestionar la legitimidad de las urnas.

El voto en blanco no es una rareza colombiana. España, Francia y varios países latinoamericanos contemplan mecanismos semejantes. Aunque sus efectos jurídicos varían, comparten una misma premisa: permitir que el ciudadano rechace expresamente todas las opciones en contienda.

Su sofisticación radica en que permite disentir sin desertar. Mientras la abstención supone retirarse del debate público, el voto en blanco permanece en él. El abstencionista guarda silencio; el votante en blanco emite un mensaje inequívoco: creo en las urnas, pero ninguna de las alternativas disponibles merece mi adhesión.

En circunstancias normales, y ante una oferta electoral tan distante de los valores y garantías democráticas que muchos ciudadanos consideran deseables, el voto en blanco sería una respuesta perfectamente razonable. Sin embargo, en los últimos días, el presidente Petro ha insistido en sembrar dudas sobre la transparencia del proceso electoral sugiriendo fraudes e irregularidades sin aportar pruebas concluyentes. Más grave aún, ha instalado en la conversación pública una sospecha impresentable sobre la legitimidad de las reglas del juego, precisamente cuando el país más necesita confiar en ellas.

Al momento de enviar esta columna, Iván Cepeda guardaba silencio ante semejantes acusaciones, lo que quiere decir que las comparte o, peor aún, que no cuenta con la autonomía necesaria para desmarcarse del jefe de Estado. Allí aparece, al menos para mí, el límite del voto en blanco. Es preferible un candidato con deficiencias democráticas al que podremos oponernos durante su mandato, que uno dispuesto a erosionar las reglas que hacen posible esa oposición.

La defensa de la democracia exige hoy algo más que la legítima protesta del voto en blanco.

Nota del editor: esta columna fue recibida antes de que Iván Cepeda reconociera que no hay evidencias de fraude electoral.