En tanto del lado del Gobierno siga primando la atención a las lógicas perversas de torpedo de Uribe, es poco probable que marzo nos traiga las buenas nuevas que den en la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC –EP y Gobierno.
Si esas partes que negocian en representación de sus respectivos Gobierno y Estado Mayor, han convenido temas puntuales de la Agenda, es de colegir que tales son de estricto cumplimiento y desarrollo en el tiempo para los actores del conflicto que se negocia en pos de un acuerdo.
Por tal, las excepciones que en favor de una de las partes presiona Uribe y trata de imponer a partir de desconocer todo lo que ya se ha acordado, sin lugar a equívocos van directo a trastornar e impactar en profundidad cuánto ha costado y demandado tanto tino, esfuerzo y riesgos de toda índole.
Esa lógica de torpedo de Uribe de desconocer e impugnar los acuerdos en materia de justicia transicional entre Gobierno y FARC –EP, se materializa en la excepción perversa de predicar que “civiles, militares y policías no tienen por qué aceptar una jurisdicción creada por el Gobierno con la Farc.” (sic).
Como si “civiles, militares y policías”, no fueran parte del conflicto, y el Gobierno un particular sin potestad y representación para negociar políticas de Estado y convenir tratados, acuerdos, convenios, y todo cuanto concurriendo como de interés público superior conlleve su definición y solución acorde con los mecanismos dispuestos en la Constitución Nacional.
Que es cuanto hasta ahora ha ocurrido con la Paz, un derecho de interés colectivo y de imperativo logro por parte del Estado, en cuya concreción corresponde al Gobierno agotar todas las vías y mecanismos que den en ese fin superior.
De malas Uribe si él, como comandante supremo de las FFAA, no cumplió con el deber de lograrlo no obstante disponer de todos los recursos, legales e ilegales, para imponer por la vía de guerra y en nombre y representación del Estado y el gobierno que ejercía, un tratado de Paz a las FARC-EP.
Entonces, nadie: ni opinión pública, ni sociedad civil, ni periódicos, ni opositores, ni partidos, credos, gremios, sindicatos, bancadas, nadie en suma, le reclamó a Uribe cuando violentando la legalidad y la legitimidad institucional en nombre de la Paz, convino con los paramilitares lo que le vino en gana:
Crearles jurisdicciones especiales, reducirles las penas, concederles perdón, territorio, cambiarles el nombre a su organización, AUC, por bandas criminales, Bacrim, y soltarlos por los cuatro costados del país que ya habían sometido a punta de bala, masacres, motosierras, helicópteros artillados, hornos crematorios.
Cuanto hizo Uribe entonces con los paramilitares y sus aliados de civil y camuflado, lo hizo el Gobierno, el Estado, y por tanto era de aceptar que tenía fuerza de ley y era además legítimo, puesto que perseguía un derecho supremo: la Paz.
Pero tuvo un ingrediente que hoy, ante la avilantez de Uribe, bien vale recordar como referente histórico que no puede pasarse por alto, no obstante su costo oneroso: lo suscrito por Uribe como Presidente de Colombia en nombre del Estado y del Gobierno, se cumplió estrictamente y tuvo cabal desarrollo en el tiempo, tal y como se había negociado y pactado en Ralito.
En tanto el Gobierno y Santos como Presidente de Colombia, sigan temiéndole a Uribe, a su lógica de petardista de avanzada del Acuerdo de Paz con las FARC –EP, este cada día estará más lejos y esquivo.
Así las cosas, al Presidente Santos hay que advertirle, invocando a Shakespeare:
¡Cuídate de los idus de marzo!
*Poeta
@CristoGarciaTap
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