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Si lo prevaleciente en otros países —escribí para la fecha de 1999 en mi columna de El Universal, de Cartagena— es la creación de tribunales constitucionales, bajo ninguna circunstancia podemos permitir los colombianos que se pretenda por unos cuantos poderosos, como ahora, “llegada la hora de replantear sus funciones”.
De “repensar su configuración política”. En una palabra, de des-montar la Corte Constitucional, para entonces el blanco de lo mismo y por los mismos, de cuanto hoy es la Corte Suprema de Justicia.
Siendo el aparato jurídico, como en efecto lo es, el más sólido soporte del modelo político, económico y social, prevaleciente en Colombia, no ve uno razón alguna para que se le ataque de la manera frontal como vienen haciéndolo personas, partidos, movimientos políticos e instituciones, amparados en su doble condición de usufructuarios del mismo y de las gabelas que se han arrogado del sistema democrático contra el cual atentan con sus posiciones y desafíos.
Si de manera permanente se nos pide a los colombianos observar, acatar, respetar y cumplir los preceptos establecidos en nuestra Constitución Política con el fin de “preservar la vigencia de nuestras instituciones”, “cerrarle el paso a la anarquía, “atajar a los violentos y desestabilizadores del orden legalmente establecido”, menos razón hay para renovarles la patente de corso a los poderosos que de manera permanente y sin ningún acatamiento ni respeto a lo proclamado, viven atentando contra el orden legalmente establecido, las instituciones, la ley, la separación de poderes y, en mayor medida, del modelo del cual son usufructuarios: la democracia.
Pero es de la catadura de los grupos de poder, de individuos y organizaciones políticas, de gobiernos sectarios, apostarle al juego de la “doble moral” aun a costa de poner en peligro, ahí sí, la estabilidad institucional, la independencia de los poderes constituidos, el orden, como eufemísticamente llaman al diabólico engendro incubado ex profeso para irse por el atajo de sus intereses y franquicias particulares, atropellando con todos los medios que creen útiles y válidos para sus fines cuanta institución y poder público pudiere contenerlos y controlar en su malsanas travesuras.
Esta vez, es la Corte Suprema de Justicia el objeto impúdico del deseo de ese poder subversivo que pretende su eliminación porque, en vez de plegarse a sus intereses, ha hecho valer su independencia y ratificado la preeminencia del interés superior de la nación, del Estado social de derecho y de la Constitución Nacional de la República de Colombia.
Si a diario los colombianos vivimos reclamando a los jueces, en sus diferentes instancias, una justicia efectiva, imparcial, independiente, sin exclusiones ni privilegios, no podemos permitir que cuando ello ocurre, ¡pum…pum!, le disparen quienes no comparten esos procederes porque afectan sus intereses particulares.
¡Así no se vale!
Hay que jugarle limpio a Colombia, al orden legalmente establecido, a la Vida, al Estado, a la democracia, a la economía, a la institucionalidad; a lo público, que es de todos y todos estamos obligados a cuidar, a manejar con transparencia, eficiencia, inclusión y solidaridad.
* Poeta.
