Al parecer, sí.
Y si las tierras son del Estado, quién dijo miedo. Nada de devolverlas a su legítimo y perpetuo dueño, el Estado. Ni pagarlas. Ni proceder legalmente a su uso y usufructo. Simplemente, aclimatarse en ellas y “legitimar” el robo.
Que, según lo dicho, averiguado y comprobado por investigadores, expertos y hasta por el propio ministro de Agricultura, es cuanto ha ocurrido con las que “compró” Riopaila en el sur de Colombia. En el profundo sur.
Un robo consentido y consensuado, porque fue el Estado, la institucionalidad, los que permitieron el robo; fueron ciegos y sordos con el despojo, apoyaron con subsidios y apalancamiento de los bancos privados los proyectos agroindustriales que actualmente se adelantan en los baldíos, zonas de reservas campesinas, reservas forestales, entre otras tierras de la nación.
Por tal y cuando por conveniencia política, estrategia electoral o interés mediático para puntuar en las encuestas, hay que armar una escandola para derivar el correspondiente rédito, son el Gobierno, la institucionalidad y el Estado, los que vuelven a montar el caballito del despojo y robo de tierras por personas y organizaciones cuya preponderancia, económica o armada, les da el suficiente músculo para “legalizar” la ilegalidad cohonestada.
Basta comprobar cuanto tiempo ha transcurrido desde cuando Riopaila, Sarmiento Angulo, Santodomingo, Eder, Lievano y otros, compraron, despojaron, robaron o alquilaron los baldíos nacionales, las zonas de reservas campesinas, los parques y reservas naturales de la nación, para darse cuenta de que, entre ese momento y el desarrollo de los emprendimientos agroindustriales en esos territorios asentados, nada hizo el Estado, la institucionalidad y el Gobierno por evitar que se consumara la ilegalidad.
Y eso que vieron, supieron, comprobaron y apoyaron, unos y otra, cuanto ahí se cometía y acometía, igual que aconteció con las Islas del Rosario en su momento.
Claro, para entonces no había reelección ni los desastres en la política exterior y la exacerbada y galopante corrupción había que taparlas con “golpes de opinión” como el que ahora se procura con el robo y despojo de tierras, de cuya existencia saben los colombianos desde la protohistoria.
Y no es que haya que desconocer ese crimen ni pasar por alto la pena que debe imponerse a los perpetradores del mismo. No. Cuanto hay que denunciar con igual valor es la negligencia, el dolo, la permisividad, con la cual actúan Estado, Gobierno e institucionalidad, en la comisión de tan execrable delito.
Y del aprovechamiento inmoral que hacen del mismo cuando conviene a intereses políticos que se sobreponen al del procomún, la Justicia y el Derecho.
En cuanto al “modelo de desarrollo rural que conviene a Colombia” y por el cual pregunta Semana, con Perogrullo hay que asentir que el de la modernidad burguesa: tierra, capital, ciencia y tecnología y mercados.
Eso sí, garantizando al campesinado iguales insumos, además de las zonas de reservas campesinas establecidas y las que se requieran conforme lo demanden sus necesidades debidamente cuantificadas y su modelo de organización autonómica.
Dentro de las relaciones de producción burguesa imperantes no hay otro.
Ni siquiera el de las FARC-EP.
Poeta
@CristoGarciaTap
