No es que la moda sea echar a rodar una falsedad sin importar el precipicio al que vaya a dar la verdad que se busca destruir, convertir en falsa, ni tampoco que todo lo que va a dar al hueco de los desechos que se ha cavado para tal fin sea falso, nocivo y contaminante y, por tal, no quede otra vía para deshacerse de ese contenido, sin parar mientes, que la del despeñadero sin fondo.
No.
Una falsa verdad tiene siempre un destinatario, lleva un mensaje, tácito o expreso, político e ideológico, y cumple a cabalidad un objetivo en la dirección de uno y otro de estos, por lo cual es harto difícil que ya en ejecución pueda detenerse o desviar para atenuar su impacto en el blanco y reducir los daños programados a causar, por lo general irreparables.
Además, nunca se concibe y ejecuta con motivación diferente de la de causar el mayor daño posible y generar, ora en la sociedad, el individuo, las organizaciones sociales, ya en las instituciones, partidos políticos, gremios, sindicatos no afectos a un sistema, Gobierno, Estado, modelo económico, cultura, etnia o credo, rechazo de las formas y contenidos, por lo general políticos, jurídicos, doctrinarios, filosóficos que unos y otros de aquellos promueven y difunden.
Quienes en su condición de poder dominante ejercen la dirección y mando de la nación, derivado en las democracias de procesos eleccionarios vía sufragio universal, en todas las formas y por todos los medios a su alcance, legítimos o no, el primer acto de poder que proclaman y ejercen es el de arrogarse la potestad de imponer, orientar, cooptar, subordinar y embocar el Estado, Gobierno, instituciones y nomenklatura en general, en los abrevaderos de sus preferencias ideológicas, políticas, partidistas y doctrinarias, contrariando la inane independencia y autonomía de los poderes públicos y de cualquier otro principio, constitucional o legal, que pueda estorbar y contrariar su cometido y consigna.
Que en el caso de Colombia y conforme la consigna del partido de Gobierno, el Centro Democrático, de “volver trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo con las Farc”, está en vías de consumarse y dar el toque luctuoso del fin de un sueño soñado por más de medio siglo: el acuerdo de paz.
Que no fue dicho acuerdo con ni de las Farc, como ahora nos lo narran y hacen creer y sí de, con y para todos los colombianos de todas las clases, condición social y étnica, otra vez devastados por la frustración de sentir, padecer y ver, contra su voluntad y otra vez contra ellos, devolver la rueda de la historia por las sendas de violencias de diversa naturaleza que despiadadas los ha transitado y golpeado de generación en generación.
Porque matar la JEP, que tal es la objeción de la ley estatutaria que en los surcos del dolor de la repetición alborea en la Casa de Nariño, es enterrar con ella el Acuerdo de Paz, cuya fuerza de constitucionalidad, legalidad y legitimidad es deber de Estado y de Gobierno, y de derecho natural de todos los colombianos.
Es matar, extirpar en el vientre, el derecho de 2.000 militares y policías que ya se han acogido a la JEP, otro tanto de guerrilleros y, en primer término, el de las víctimas, que encontrarán en este componente judicial un sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que los reivindique ante la sociedad y todos los colombianos, víctimas y victimarios.
* Poeta.
No es que la moda sea echar a rodar una falsedad sin importar el precipicio al que vaya a dar la verdad que se busca destruir, convertir en falsa, ni tampoco que todo lo que va a dar al hueco de los desechos que se ha cavado para tal fin sea falso, nocivo y contaminante y, por tal, no quede otra vía para deshacerse de ese contenido, sin parar mientes, que la del despeñadero sin fondo.
No.
Una falsa verdad tiene siempre un destinatario, lleva un mensaje, tácito o expreso, político e ideológico, y cumple a cabalidad un objetivo en la dirección de uno y otro de estos, por lo cual es harto difícil que ya en ejecución pueda detenerse o desviar para atenuar su impacto en el blanco y reducir los daños programados a causar, por lo general irreparables.
Además, nunca se concibe y ejecuta con motivación diferente de la de causar el mayor daño posible y generar, ora en la sociedad, el individuo, las organizaciones sociales, ya en las instituciones, partidos políticos, gremios, sindicatos no afectos a un sistema, Gobierno, Estado, modelo económico, cultura, etnia o credo, rechazo de las formas y contenidos, por lo general políticos, jurídicos, doctrinarios, filosóficos que unos y otros de aquellos promueven y difunden.
Quienes en su condición de poder dominante ejercen la dirección y mando de la nación, derivado en las democracias de procesos eleccionarios vía sufragio universal, en todas las formas y por todos los medios a su alcance, legítimos o no, el primer acto de poder que proclaman y ejercen es el de arrogarse la potestad de imponer, orientar, cooptar, subordinar y embocar el Estado, Gobierno, instituciones y nomenklatura en general, en los abrevaderos de sus preferencias ideológicas, políticas, partidistas y doctrinarias, contrariando la inane independencia y autonomía de los poderes públicos y de cualquier otro principio, constitucional o legal, que pueda estorbar y contrariar su cometido y consigna.
Que en el caso de Colombia y conforme la consigna del partido de Gobierno, el Centro Democrático, de “volver trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo con las Farc”, está en vías de consumarse y dar el toque luctuoso del fin de un sueño soñado por más de medio siglo: el acuerdo de paz.
Que no fue dicho acuerdo con ni de las Farc, como ahora nos lo narran y hacen creer y sí de, con y para todos los colombianos de todas las clases, condición social y étnica, otra vez devastados por la frustración de sentir, padecer y ver, contra su voluntad y otra vez contra ellos, devolver la rueda de la historia por las sendas de violencias de diversa naturaleza que despiadadas los ha transitado y golpeado de generación en generación.
Porque matar la JEP, que tal es la objeción de la ley estatutaria que en los surcos del dolor de la repetición alborea en la Casa de Nariño, es enterrar con ella el Acuerdo de Paz, cuya fuerza de constitucionalidad, legalidad y legitimidad es deber de Estado y de Gobierno, y de derecho natural de todos los colombianos.
Es matar, extirpar en el vientre, el derecho de 2.000 militares y policías que ya se han acogido a la JEP, otro tanto de guerrilleros y, en primer término, el de las víctimas, que encontrarán en este componente judicial un sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que los reivindique ante la sociedad y todos los colombianos, víctimas y victimarios.
* Poeta.