Una cosa, por demás poco cierta, es la que dice Santos, y otra cosa es que la paz sí está en peligro. Si es que, desde el primer día en que entraron en vigor los acuerdos que la materializaban, no sucumbió en los sumideros de las traiciones y los entrampamientos que ahora vienen a saberse, además de los incumplimientos que preludiaron el peligro que hoy se lamenta.
Desde los básicos de la logística, equipamientos, dotación e insumos que demandaban los contingentes de desmovilizados, hombres y mujeres, que con fervor patriótica asumieron el Acuerdo de Paz suscrito entre las Farc–Ep y el Estado, como el principio de una nueva y solidaria forma de construcción de paz y convivencia política, y el fin de una violencia que en cincuenta años no alcanzó a reivindicar ninguno de los principios fundacionales que le dieron origen.
Para empezar, nunca se terminaron las obras civiles de los asentamientos rurales en los que convivirían aquellos, ni se adquirieron las tierras, pocas por demás, en las que desarrollarían sus proyectos productivos de subsistencia, menos aún se construyeron las escuelas y dispensarios de salud y sanidad en general, básicas para este tipo de concentraciones.
En algunos de estos asentamientos que tuve la oportunidad de visitar, recién inaugurados, pude constatar que los excombatientes no los usaban, seguían viviendo en cambuches porque las casas, en pleno gobierno de Santos, nunca las terminaron o no satisfacían las mínimas condiciones para habitarlas.
De lo grueso y con fuerza de ley del Acuerdo sí que todo quedó en el papel porque las realizaciones, ni entonces ni ahora, han vuelto a ser objeto de atención. Nos referimos al Acceso y uso de la tierra, a los Programas de desarrollo con enfoque territorial, a la Infraestructura y adecuación de tierras, al Desarrollo social: salud, educación, vivienda, a la Erradicación de la pobreza, al Estimulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria, al Sistema de seguridad alimentaria y a los Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición y participación política, entre otros compromisos que darían en la construcción de una paz sólida y a prueba de los embates y amenazas de “hacerla trizas” que proclamaron como objetivo no negociable el CD, Gobierno y sectores políticos enemigos de la misma.
Así las cosas, desde el principio el Acuerdo de Paz celebrado entre el Estado y las Farc, incorporado al bloque de constitucionalidad, refrendado y garantizado por países amigos y la ONU, estaba condenado al fracaso, como en efecto hoy puede constatarse y ratifican “los asesinatos de los lideres sociales y desmovilizados de las Farc”, los retrasos y el abultado incumplimiento por parte del actual Gobierno de cuanto compromiso diere en conducir a su sobrevivencia y fortalecimiento.
De un Estado, instituciones y sucesivos gobiernos, que no ha parado mientes en fortalecer el modelo de los “falsos positivos”, era dable esperar que no iba a resultarles incómodo producir otro, el “falso positivo de la paz”, como en efecto está ocurriendo con el descuartizamiento de ésta por sus enemigos naturales y por los agazapados en el gobierno de Santos oficiando como ministros y consejeros en el gabinete, o como sus delegados y plenipotenciarios en las conversaciones de La Habana.
En tanto los entrampamientos van dejando al descubierto que más allá de “Jesús Santrich e “Iván Márquez”, otros son los verdaderos traidores a la paz de Colombia y otros los que, investidos de altas funciones y poderes, pisotean nuestra soberanía y ultrajan la dignidad de Colombia como nación.
Al expresidente Santos hay que prevenirlo de que no se necesita derogar el acuerdo para acabarlo, pues cuanto el mismo dice que está haciendo o dejado de hacer su sucesor por la paz de Colombia basta para tal.
@CristoGarciaTap
* Poeta.
Una cosa, por demás poco cierta, es la que dice Santos, y otra cosa es que la paz sí está en peligro. Si es que, desde el primer día en que entraron en vigor los acuerdos que la materializaban, no sucumbió en los sumideros de las traiciones y los entrampamientos que ahora vienen a saberse, además de los incumplimientos que preludiaron el peligro que hoy se lamenta.
Desde los básicos de la logística, equipamientos, dotación e insumos que demandaban los contingentes de desmovilizados, hombres y mujeres, que con fervor patriótica asumieron el Acuerdo de Paz suscrito entre las Farc–Ep y el Estado, como el principio de una nueva y solidaria forma de construcción de paz y convivencia política, y el fin de una violencia que en cincuenta años no alcanzó a reivindicar ninguno de los principios fundacionales que le dieron origen.
Para empezar, nunca se terminaron las obras civiles de los asentamientos rurales en los que convivirían aquellos, ni se adquirieron las tierras, pocas por demás, en las que desarrollarían sus proyectos productivos de subsistencia, menos aún se construyeron las escuelas y dispensarios de salud y sanidad en general, básicas para este tipo de concentraciones.
En algunos de estos asentamientos que tuve la oportunidad de visitar, recién inaugurados, pude constatar que los excombatientes no los usaban, seguían viviendo en cambuches porque las casas, en pleno gobierno de Santos, nunca las terminaron o no satisfacían las mínimas condiciones para habitarlas.
De lo grueso y con fuerza de ley del Acuerdo sí que todo quedó en el papel porque las realizaciones, ni entonces ni ahora, han vuelto a ser objeto de atención. Nos referimos al Acceso y uso de la tierra, a los Programas de desarrollo con enfoque territorial, a la Infraestructura y adecuación de tierras, al Desarrollo social: salud, educación, vivienda, a la Erradicación de la pobreza, al Estimulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria, al Sistema de seguridad alimentaria y a los Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición y participación política, entre otros compromisos que darían en la construcción de una paz sólida y a prueba de los embates y amenazas de “hacerla trizas” que proclamaron como objetivo no negociable el CD, Gobierno y sectores políticos enemigos de la misma.
Así las cosas, desde el principio el Acuerdo de Paz celebrado entre el Estado y las Farc, incorporado al bloque de constitucionalidad, refrendado y garantizado por países amigos y la ONU, estaba condenado al fracaso, como en efecto hoy puede constatarse y ratifican “los asesinatos de los lideres sociales y desmovilizados de las Farc”, los retrasos y el abultado incumplimiento por parte del actual Gobierno de cuanto compromiso diere en conducir a su sobrevivencia y fortalecimiento.
De un Estado, instituciones y sucesivos gobiernos, que no ha parado mientes en fortalecer el modelo de los “falsos positivos”, era dable esperar que no iba a resultarles incómodo producir otro, el “falso positivo de la paz”, como en efecto está ocurriendo con el descuartizamiento de ésta por sus enemigos naturales y por los agazapados en el gobierno de Santos oficiando como ministros y consejeros en el gabinete, o como sus delegados y plenipotenciarios en las conversaciones de La Habana.
En tanto los entrampamientos van dejando al descubierto que más allá de “Jesús Santrich e “Iván Márquez”, otros son los verdaderos traidores a la paz de Colombia y otros los que, investidos de altas funciones y poderes, pisotean nuestra soberanía y ultrajan la dignidad de Colombia como nación.
Al expresidente Santos hay que prevenirlo de que no se necesita derogar el acuerdo para acabarlo, pues cuanto el mismo dice que está haciendo o dejado de hacer su sucesor por la paz de Colombia basta para tal.
@CristoGarciaTap
* Poeta.