O, a Uribe.
Para el fin siniestro y malhadado del establecimiento, del régimen, que incluye a las mafias de distinto origen que de él hacen parte, uno u otro, da lo mismo.
El medio, que, para el fin perseguido en la presente contienda electoral por la Presidencia de Colombia, periodo 2018-2022, es el candidato, da igual que sea uno u otro de estos.
O, caben en la hipótesis de magnicidio, Fajardo, De la Calle, Ordóñez, Marta Lucía Ramírez, Iván Duque o Timochenko.
Cuanto se persigue como fin último es crear el caos, provocar violencia e incertidumbre, perturbar la convivencia y anarquizar la sociedad, con tal de, sin importar los medios, mantener el poder en manos de aquellos grupos, clase, personas, gremios, mafias, instituciones, afines en sus intereses, ideología, e identidad política.
Desde el atentado personal, pasando por la violencia política y el terrorismo de Estado, ha sido constante en la sociedad colombiana el padecer en distintos periodos de su historia contemporánea el rigor indiscriminado de estos métodos, a tal punto que los últimos 25 años del siglo XX se caracterizaron por ser uno de los periodos más violentos de cuantos a lo largo de esa centuria registran los anales de la violencia política, social y económica en Colombia.
Un país, que no nación, cuya génesis y desarrollo han estado signados por la desigualdad, la exclusión y las violencias de orden social, económico, político y cultural, en las cuales se justifica y reproduce; inducido a la intolerancia y el sectarismo por unas élites políticas y económicas, y fragmentado en lo territorial y humano, en su ethos, por unos “señoríos” cerreros, opuestos a formas básicas de democracia inclusiva y pluralidad política, es un país propicio a ser sometido por el terrorismo, la agresión y el poder confiscatorio de su voluntad, por las distintas mafias que confluyen en ese monstruo que Álvaro Gómez, el hijo de Laureano, llamó, pero nunca definió ni identificó, como “el régimen”.
El mismo, sí, que, a través de su brazo aliado, armado y poderoso, las mafias, acabó por asesinarlo, igual que a los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, para mitigar el riesgo de interrumpir, por la vía democrática del voto, su poder hegemónico, excluyente y clasista de 200 años.
Y, como ahora se pretende hacer con Petro, y antes con Gaitán, ocasionar por la vía del atentado personal y el terrorismo de Estado aliado con las mafias un magnicidio para crear caos, generar violencia, anarquía y represión; para impedir que cuanto de inclusión social y política, igualdad y equidad, transformación de la democracia, la función pública, la economía y el aparato productivo propone Petro y demanda Colombia sea otra vez una frustración y acumulada ruina para la sociedad colombiana y para la democracia.
Así, “combinando todas las formas de lucha”, es como el régimen, el poder, el sistema, el establecimiento, se sostiene, reproduce e institucionaliza modelos, gobiernos, personeros; instrumentaliza la política y pone a su servicio el Estado, la economía, la administración pública, la renta, presupuestos, bienes, medios de comunicación y territorios.
Y como si matar a Petro fuera apenas librarse de un candidato que no conviene porque les resta posibilidades a los otros, ninguno de ellos ha condenado el atentado de Cúcuta ni exigido al Gobierno garantías reales y efectivas para todos, y no solo para los afectos a los distintos grupos de poder que juegan sus intereses por la Presidencia de la República.
En tanto, el organismo oficial competente, Fiscalía, ya dio su dictamen técnico negativo sobre el atentado de Cúcuta contra el candidato Gustavo Petro, la verdad es que cuanto se percibe en el paisaje es que el palo no está para cucharas.
E igual que puede ser Petro la víctima propiciatoria del próximo magnicidio en este país de la intolerancia y la voluntad confiscada, también lo puede ser uno de los otros.
Baste hojear nuestra historia en cualesquiera de sus páginas para corroborar que… el fin justifica los medios.
* Poeta.
