No es la relación afectiva entre parejas del mismo género: jóvenes, adultas, adolescentes, estudiantes, trabajadoras, congresistas, ministras, etcétera, las que vengan a dar en producir y visibilizar el nepotismo como fenómeno político y electoral, como pretenden estúpidamente hacernos creer a los colombianos, por sentencia judicial, individuos y grupos sociales cuyos intereses, propios y de terceros, protegen cínica y fraudulentamente con el manto perverso y manipulable de la moral.
Y el no menos farisaico, insostenible, ilegitimo e ilegal, de una religiosidad y fe en trance de convertirse en credo oficial de los colombianos por obra y gracia de altos personeros de la institucionalidad y el poder.
El verdadero nepotismo, criminoso y depredador de lo público, de la institucionalidad y el territorio, de la democracia, es el que encarnan y ejecutan los clanes familiares que en distintas regiones de Colombia detentan el poder político.
En su origen, estructura y operatividad, son grupos familiares claramente identificados por su afinidad étnica, familiar y social, cuya principal característica es, inicialmente, el dominio de un territorio en el ámbito económico.
Desde ahí, desde ese mal habido, casi siempre, y sólido trampolín, dan el salto para integrar, apropiarse o conformar organizaciones políticas, partidos y movimientos, desde los cuales se hacen elegir a las distintas corporaciones públicas, tanto en el nivel local, como regional y nacional.
Y desde ellas y con la capacidad de subordinación, sometimiento y clientelismo que llevan consigo esas canonjías, copar el territorio, hacerse a las rentas y presupuesto públicos, la institucionalidad y cuanto medio les resulte propicio para acrecentar, consolidar y reproducir su poder.
Es ese, no la relación que se funda y construye en los afectos, el amor, las identidades sexuales y relaciones conyugales, entre otras de orden familiar, el nepotismo que debe cuestionarse, denunciarse y declararse contrario a la moral y la ética.
A la decencia y buenas costumbres; al desarrollo y consolidación de la democracia y la inclusión política, víctimas principales de esa perversa y distorsionada forma de “participación” en la dirección y administración del Estado, sus instituciones, gobierno y cargos políticos de elección popular.
Sin embargo y a pesar de lo catastrófico que resulta para la legitimidad de la institucionalidad y la democracia, jamás se ha cuestionado su ejercicio por parte de los clanes familiares y políticos que, desde los albores de nuestra vida republicana, han venido imponiendo y ejerciendo el nepotismo como practica y modo de dominio del poder político en Colombia.
Que sepamos, no se registra en los anales judiciales del país la primera denuncia, demanda o proceso de pérdida de investidura de un congresista por nepotismo, no obstante que padres, hermanos, tíos, sobrinos o primos entre sí, ostenten la misma investidura de representantes, senadores, viceministros o la de gobernador de departamento, etc.
Y no porque no haya casos de tales, al por mayor y detal, en todas las jurisdicciones territoriales, políticas y administrativas de esta República ancha y ajena, endosada a los clanes políticos y familiares que gobiernan, hacen las leyes, administran el Estado y se lo apropian en provecho exclusivo y excluyente.
En tanto no hay “veedores de oficio” para denunciar, investigar, juzgar y penalizar severamente el nepotismo que ejercen los clanes políticos y familiares dominantes en la sociedad colombiana, sobran los pastores, abogados y jueces para condenar y pedir perdida de investidura de Claudia López y Angélica Lozano, senadora y representante demócratas, por sus preferencias y relaciones afectivas y de género.
Cuanto esperamos quienes aún creemos en el Estado de Derecho, en la democracia y la justicia inclusivas, es que se hagan efectivos los mecanismos de orden legal que den en evitar que “una misma familia acapare los máximos cargos de elección popular”, en detrimento catastrófico del interés general.
*Poeta
@CristoGarciaTap
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