No a la venta de ETB

En pleno arrobamiento de la “confianza inversionista” y fungiendo como Contralor General de la República, 2002 – 2006, Antonio Hernández Gamarra, no se hicieron esperar, por parte del Gobierno, “propuestas indecentes” enderezadas a enajenar bienes estratégicos del Estado en condiciones lesivas para el país.

Básteme citar casos documentados en los cuales la intervención oportuna, autónoma y legal de la Contraloría General de la República, fue categórica para evitar que se consumara un “deterioro patrimonial a la nación”, derivado de la venta de empresas del Estado a precios por debajo de los del mercado, prorroga de contratos o rebaja de regalías, entre otras gabelas que la confianza inversionista ofrecía a cuatro manos al capital internacional.

Uno de tales casos que traigo a memoria, es el de TELECOM, cuya Junta Directiva, en ataque de delirante confianza inversionista ofreció, a un solo postor, y no el mejor, en condiciones que hacían por demás gravoso para el interés nacional, la enajenación de dicha empresa estatal.

Celoso guardián de la heredad de lo público por principio ético y sin la escandola mediática previa a la medida a tomar, procedió el contralor Hernández Gamarra a advertir al Gobierno y a la Junta Directiva de Telecom, que cuanto se proponían hacer no era legal ni transparente ni responsable socialmente.

Ni iba en la dirección de preservar los intereses superiores de la nación, razón por demás válida para obrar en consecuencia y proceder a hacer valer su función de Contralor General de la República y aplicar la ley con todo el rigor y en derecho, para preservarlos y salvaguardarlos del zarpazo que se fraguaba.

No obstante el talante autoritario imperante en el Gobierno, se impuso el juicio recto, honrado y en derecho, y se acató la advertencia del Contralor General de la República, de no obrar en contra del interés superior de la nación, que era cuanto se perseguía dolosamente con aquella enajenación de un bien público.

El otro caso, muy ilustrativo del embeleso que producía en el poder la confianza inversionista y el afán de feriarlo todo en aras de satisfacerla, fue el de proponer el Gobierno y Ecopetrol entregarle el gas de la Guajira a la Texas Petroleum Company, rebajarle las regalías por su explotación y prorrogarle al inversionista la concesión por veinte años.

Otra vez, y como se lo imponía el deber ser de su cargo, es el contralor Hernández Gamarra quien prevalido de su competencia, funciones y principios éticos, pone en alerta y previene acerca del daño que se le va a causar a la nación, tanto en su patrimonio económico como moral e institucional, si llegare a pactarse un menor precio del gas, rebajar las regalías y prorrogar, en condiciones desventajosas a las vigentes para la fecha, el contrato de concesión a la Texas Petroleum Company.

Reacios a oír y atender la advertencia de la Contraloría General de la República, Gobierno y Ecopetrol recurren al Consejo de Estado para que fuera esta instancia la que determinara si, al rebajar las regalías y prorrogar con desventajas para la nación el contrato vigente con la Texas Petroleum Company, se incurría en la grave falta de detrimento patrimonial que advertía severamente el organismo de control.

De nuevo, la razón legal está de parte del interés colectivo y el patrimonio público invocados por quien tenía como misión suprema su control, vigilancia, destinación y buen uso.

Y de nuevo, los promotores de la confianza inversionista obligados a acatar el perentorio aviso de abstenerse de “regalar” los bienes del Estado.

Si bien hoy, el control de advertencia no existe al ser declarado inexequible por la Corte Constitucional, no es menos cierto que el afán del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, de deshacerse de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, bien público estratégico del Distrito Capital, es incontenible y desmedido.

Como en los tiempos de la “confianza inversionista” pasó con Telecom y el gas de la Guajira, y hace poco con ISAGEN, esta vez los ojos y las manos se le alargan a la Alcaldía de Bogotá para deshacerse de ETB, un bien estratégico del sector de las comunicaciones clave en la generación de activos públicos, social y financieramente rentable y productivo para el Distrito Capital.

Desde luego, es claro y prioritario que, para “construir una economía más competitiva”, se deba modernizar la infraestructura de comunicaciones, pero de ahí a vapulear una empresa pública rentable, eficiente, dinámica y estratégica como ETB, no lo vemos como un acierto que dé con el objetivo de mayor rentabilidad con el cual se pretende subastarla.

Menos convence aceptar, de buenas a primeras, las razones invocadas por Peñalosa y sus aliados del Concejo de Bogotá, para tramar y ejecutar el zarpazo contra un bien público emblemático de los bogotanos, cuya utilidad social y sostenibilidad a lo largo de su historia no admite discusión en contrario.

Entre tanto, si la venta de ETB cuanto persigue es generar ingresos para invertir en obras contempladas en el Plan de Desarrollo del alcalde Peñalosa, tales corresponde buscarlos en otras fuentes y no en la Empresa de Teléfonos de Bogotá que, a lo largo de su historia, ha sido sostenible y contribuido a generarlos social y productivamente para los bogotanos.

¡No a la venta de ETB!

Poeta
@CristoGarcíaTap
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