Tan refinados como de curso corriente han resultado los mecanismos de apropiación de las rentas del Estado por bandas especializadas, familiares y políticas, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cuando aquellas se dispensan para invertir en el desarrollo de determinada región más demoran en llegar que en ser “apropiadas” conforme la rapacidad del entorno.
Que no es otro diferente del familiar y político, de quien detenta el poder y dispone de las herramientas legales y administrativas para tan ilegitimo fin.
Ya quisiera uno que los dineros que por regalías, SGP, transferencias, tributos, impuestos, entre tantos que despacha la Nación a las jurisdicciones territoriales que la conforman, vinieran con el rótulo de destinación especifica y su manejo e inversión debidamente blindado para evitar su “apropiación” y captura por los piratas y bucaneros de las rentas públicas.
Si así no ocurriera, no cruzaríamos los dedos porque la destinación y ejecución de la gruesa suma de 117 mil 193 millones de pesos, se diera de manera transparente y eficiente, algo poco común en estas feraces tierras de la corrupción, el clientelismo y la captura rapaz de las rentas del Estado, la hacienda y bienes públicos, por familias enteras.
Me refiero al reembolso que por tan alta suma acaba de hacer el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al Departamento de Sucre, por concepto de excedentes por aportes pensiónales que a lo largo de tres lustros hizo Sucre al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, FONPET, para aprovisionar los recursos necesarios para cubrir el pasivo pensional.
Que tan provechoso evento vuelva a ocurrir, es improbable; que haya ocurrido, providencial; que se inviertan tales sumas de forma que promuevan el crecimiento y desarrollo social efectivo de las comunidades sucreñas, una nebulosa e incierta posibilidad; una vaga esperanza.
Sin embargo, hay que correr el albur de la imperceptible porción de esperanza con la cual jugamos quienes queremos que la situación de Sucre, de su gente, mejore de forma visible, cuantificable y medible, en calidad de vida y desarrollo.
Y, de igual forma, obligar a la transparencia y eficiencia que debe primar en la contratación de obras de diversa índole que, para el logro de una y otra de aquellas variables sociales, habrá de generar tan alto presupuesto.
En ese orden, cuanto proponemos es que el Departamento de Sucre, su gobernador, ponga en marcha, por vez primera en su historia y con recursos propios, el “principio de complementariedad de la acción municipal”, un mecanismo posibilitador en gran medida de la equidad y apoyo efectivo que debe primar en las relaciones y acciones de la administración pública departamental con sus subordinadas del orden municipal.
Y en el caso de Sucre, sí que sería un acto de justicia social y equidad, que los recursos ahorrados en FONPET por administraciones anteriores y hoy reembolsados a la de Guerra Tulena por el Ministerio de Hacienda, se distribuyeran entre los 26 municipios que conforman esta unidad territorial.
Bien en una suma única, 4 mil 500 millones de pesos, aproximadamente, corresponderían a cada municipio, ya conforme el INB, certificado por Planeación Nacional y para inversión especifica en agua potable, de la cual carecen todos.
Cualquiera sea la metodología usada para el reparto de estos irrepetibles recursos, es deber irrigarlos de forma equitativa y transparente en la totalidad del conglomerado humano y territorial de Sucre.
Y no para elegir senadores, consolidar hegemonías y “hacer” más ricos con las rentas del Estado.
*Poeta
@CristoGarciaTap
elversionista@yahoo.es
Tan refinados como de curso corriente han resultado los mecanismos de apropiación de las rentas del Estado por bandas especializadas, familiares y políticas, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cuando aquellas se dispensan para invertir en el desarrollo de determinada región más demoran en llegar que en ser “apropiadas” conforme la rapacidad del entorno.
Que no es otro diferente del familiar y político, de quien detenta el poder y dispone de las herramientas legales y administrativas para tan ilegitimo fin.
Ya quisiera uno que los dineros que por regalías, SGP, transferencias, tributos, impuestos, entre tantos que despacha la Nación a las jurisdicciones territoriales que la conforman, vinieran con el rótulo de destinación especifica y su manejo e inversión debidamente blindado para evitar su “apropiación” y captura por los piratas y bucaneros de las rentas públicas.
Si así no ocurriera, no cruzaríamos los dedos porque la destinación y ejecución de la gruesa suma de 117 mil 193 millones de pesos, se diera de manera transparente y eficiente, algo poco común en estas feraces tierras de la corrupción, el clientelismo y la captura rapaz de las rentas del Estado, la hacienda y bienes públicos, por familias enteras.
Me refiero al reembolso que por tan alta suma acaba de hacer el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al Departamento de Sucre, por concepto de excedentes por aportes pensiónales que a lo largo de tres lustros hizo Sucre al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, FONPET, para aprovisionar los recursos necesarios para cubrir el pasivo pensional.
Que tan provechoso evento vuelva a ocurrir, es improbable; que haya ocurrido, providencial; que se inviertan tales sumas de forma que promuevan el crecimiento y desarrollo social efectivo de las comunidades sucreñas, una nebulosa e incierta posibilidad; una vaga esperanza.
Sin embargo, hay que correr el albur de la imperceptible porción de esperanza con la cual jugamos quienes queremos que la situación de Sucre, de su gente, mejore de forma visible, cuantificable y medible, en calidad de vida y desarrollo.
Y, de igual forma, obligar a la transparencia y eficiencia que debe primar en la contratación de obras de diversa índole que, para el logro de una y otra de aquellas variables sociales, habrá de generar tan alto presupuesto.
En ese orden, cuanto proponemos es que el Departamento de Sucre, su gobernador, ponga en marcha, por vez primera en su historia y con recursos propios, el “principio de complementariedad de la acción municipal”, un mecanismo posibilitador en gran medida de la equidad y apoyo efectivo que debe primar en las relaciones y acciones de la administración pública departamental con sus subordinadas del orden municipal.
Y en el caso de Sucre, sí que sería un acto de justicia social y equidad, que los recursos ahorrados en FONPET por administraciones anteriores y hoy reembolsados a la de Guerra Tulena por el Ministerio de Hacienda, se distribuyeran entre los 26 municipios que conforman esta unidad territorial.
Bien en una suma única, 4 mil 500 millones de pesos, aproximadamente, corresponderían a cada municipio, ya conforme el INB, certificado por Planeación Nacional y para inversión especifica en agua potable, de la cual carecen todos.
Cualquiera sea la metodología usada para el reparto de estos irrepetibles recursos, es deber irrigarlos de forma equitativa y transparente en la totalidad del conglomerado humano y territorial de Sucre.
Y no para elegir senadores, consolidar hegemonías y “hacer” más ricos con las rentas del Estado.
*Poeta
@CristoGarciaTap
elversionista@yahoo.es