Si la honorable representante a la Cámara por el Partido Liberal Clara Rojas tiene a bien no cobrar por el suyo, regalarlo, prestarlo por los honores, ejecutarlo para templar los músculos, mantenerse en forma, o simplemente para distraerse y relajarse, no la asiste ninguna razón ética, moral o jurídica para imponer a quienes lo hacen para aprovisionar su sustento y el de su familia que regalen su fuerza de trabajo, so pena de ser sujetos de conducta punitiva por cobrar por la venta o alquiler de la misma.
Del mismo modo que un obrero, un campesino, o un profesional ofrecen en venta en el mercado laboral sus brazos, conocimientos especializados o producciones en una rama de la ciencia o del arte, su fuerza de trabajo, una trabajadora sexual a cambio de un valor vende o alquila la suya para generar un ingreso con el cual solventar sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar.
E igual que al obrero, campesino, médico, ingeniero, enfermera, profesor, artista se les reconoce sin discriminación ni estigmatización su derecho al trabajo y su condición de asalariados, la legislación colombiana debe garantizar y hacer efectiva la no exclusión de uno y otra para las trabajadoras sexuales, pues en la práctica cuanto hoy prima objetivamente es su violación por los actores de la institucionalidad obligados a salvaguardarlos, protegerlos y garantizarlos.
Ni del derecho al trabajo, ni del de la protección debida y garantizada de su ejercicio, mucho menos del de la igualdad ante la ley, gozan las trabajadoras sexuales en Colombia, notorio por demás en la agresión de la cual son víctimas permanentes por parte de la policía y de cuanto poder y autoridad se proclama para discriminarlas y estigmatizarlas social, laboral, judicial y culturalmente.
A todo ese acumulado histórico de violaciones de derechos de colombianas iguales ante la ley; a ese afrentoso trato discriminatorio, excluyente y estigmatizante contra las trabajadoras sexuales, colombianas como Clara Rojas, pretende ahora “remediarlo” la honorable representante liberal, dándole el carácter de oficial como ley de la República y elevando a la categoría de delito su ejercicio, la venta o alquiler de su fuerza de trabajo, a través de los servicios retribuidos económicamente que prestan para generar su subsistencia y la de sus familias.
Y todo, en nombre de la falacia lacrimosa de “generar sensibilidad sobre una población de mujeres altamente vulnerables”, como si el remedio que propone no fuera peor que cuanto ella, en su candorosa e irreal interpretación de una realidad social, económica, familiar y cultural, cree enderezar, al transmutar en delito un derecho inalienable: el derecho al trabajo.
Un país estigmatizado por aberrantes e inamovibles desigualdades no debe sumar a esa vergonzante e imbatible lista la de criminalizar el derecho al trabajo de una población, la de mujeres en su conjunto, de por sí víctima de la inequidad, desigualdad y discriminación laboral por su condición de género, ni excluirla de manera violenta de los derechos laborales que tienen los trabajadores en Colombia.
Que es, ni más ni menos, cuanto pretende el proyecto de ley propuesto por Clara Rojas, honorable representante del Partido Liberal por Bogotá, ciudad capital de la Republica de Colombia en la cual confluye y ejerce laboralmente el mayor número de colombianas trabajadoras sexuales.
Entre tanto, además de retirar por improcedente, discriminatorio y atentatorio del derecho de ejercer un oficio digno el proyecto presentado, su autora debe pedir perdón a todas las trabajadoras sexuales por tan falaz y ofensivo designio.
* Poeta.
Si la honorable representante a la Cámara por el Partido Liberal Clara Rojas tiene a bien no cobrar por el suyo, regalarlo, prestarlo por los honores, ejecutarlo para templar los músculos, mantenerse en forma, o simplemente para distraerse y relajarse, no la asiste ninguna razón ética, moral o jurídica para imponer a quienes lo hacen para aprovisionar su sustento y el de su familia que regalen su fuerza de trabajo, so pena de ser sujetos de conducta punitiva por cobrar por la venta o alquiler de la misma.
Del mismo modo que un obrero, un campesino, o un profesional ofrecen en venta en el mercado laboral sus brazos, conocimientos especializados o producciones en una rama de la ciencia o del arte, su fuerza de trabajo, una trabajadora sexual a cambio de un valor vende o alquila la suya para generar un ingreso con el cual solventar sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar.
E igual que al obrero, campesino, médico, ingeniero, enfermera, profesor, artista se les reconoce sin discriminación ni estigmatización su derecho al trabajo y su condición de asalariados, la legislación colombiana debe garantizar y hacer efectiva la no exclusión de uno y otra para las trabajadoras sexuales, pues en la práctica cuanto hoy prima objetivamente es su violación por los actores de la institucionalidad obligados a salvaguardarlos, protegerlos y garantizarlos.
Ni del derecho al trabajo, ni del de la protección debida y garantizada de su ejercicio, mucho menos del de la igualdad ante la ley, gozan las trabajadoras sexuales en Colombia, notorio por demás en la agresión de la cual son víctimas permanentes por parte de la policía y de cuanto poder y autoridad se proclama para discriminarlas y estigmatizarlas social, laboral, judicial y culturalmente.
A todo ese acumulado histórico de violaciones de derechos de colombianas iguales ante la ley; a ese afrentoso trato discriminatorio, excluyente y estigmatizante contra las trabajadoras sexuales, colombianas como Clara Rojas, pretende ahora “remediarlo” la honorable representante liberal, dándole el carácter de oficial como ley de la República y elevando a la categoría de delito su ejercicio, la venta o alquiler de su fuerza de trabajo, a través de los servicios retribuidos económicamente que prestan para generar su subsistencia y la de sus familias.
Y todo, en nombre de la falacia lacrimosa de “generar sensibilidad sobre una población de mujeres altamente vulnerables”, como si el remedio que propone no fuera peor que cuanto ella, en su candorosa e irreal interpretación de una realidad social, económica, familiar y cultural, cree enderezar, al transmutar en delito un derecho inalienable: el derecho al trabajo.
Un país estigmatizado por aberrantes e inamovibles desigualdades no debe sumar a esa vergonzante e imbatible lista la de criminalizar el derecho al trabajo de una población, la de mujeres en su conjunto, de por sí víctima de la inequidad, desigualdad y discriminación laboral por su condición de género, ni excluirla de manera violenta de los derechos laborales que tienen los trabajadores en Colombia.
Que es, ni más ni menos, cuanto pretende el proyecto de ley propuesto por Clara Rojas, honorable representante del Partido Liberal por Bogotá, ciudad capital de la Republica de Colombia en la cual confluye y ejerce laboralmente el mayor número de colombianas trabajadoras sexuales.
Entre tanto, además de retirar por improcedente, discriminatorio y atentatorio del derecho de ejercer un oficio digno el proyecto presentado, su autora debe pedir perdón a todas las trabajadoras sexuales por tan falaz y ofensivo designio.
* Poeta.