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La columna “El Congreso de Angostura, 200 años de hermandad”, publicada por la vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramirez el 14 de febrero pasado, tiene el mérito de aprovechar la coyuntura conmemorativa del Discurso de Angostura, pronunciado por Simón Bolívar el 15 de diciembre de 1819 a orillas del Orinoco, para invitar a los colombianos a reflexionar sobre lo que hemos hecho con las libertades aprobadas en la Ley Fundamental de la República de Colombia.
Esa ley, que estableció la unión en una sola república de la Capitanía General de Venezuela y de la Nueva Granada para crear a la República de Colombia, también ordenó reconocer in solidum las deudas contraídas por ambas entidades para financiar la guerra; creó una organización territorial y administrativa dividida en tres grandes departamentos (Venezuela, Cundinamarca y Quito), ordenó proclamar con fiestas y regocijos la nueva república entre los pueblos y los ejércitos el 25 de diciembre de 1819, “en celebración del nacimiento del salvador del mundo” y contempló reunir al Congreso General de Colombia el 1º de enero de 1821 en la Villa del Rosario de Cúcuta.
Quien controla el presente, decía George Orwell, controla el pasado y quien controla el pasado controlará el futuro. Por eso, en aras de que este juego temporal se controle con menos imprecisiones el actual momento conmemorativo, quizá sea importante subrayar que la vicepresidenta y sus asesores hicieron un empleo inadecuado del término “padres fundadores” para referirse a los líderes independentistas colombianos y venezolanos que imaginaron los pilares de la nueva república. “Padres fundadores” es una noción empleada en la historia de los Estados Unidos, que reúne en un mismo grupo a Alexander Hamilton, George Washington, Benjamin Franklin, John Jay, John Adams, Thomas Jefferson y James Madison.
¿Cómo denominar a los primeros de la guerra contra el imperio español y a los artesanos de nuestras instituciones republicanas? A pesar del empleo más o menos sistemático que se ha hecho del término “patriotas”, este designa de forma amplia a los simpatizantes civiles y militares de la república independientemente, no sólo a los líderes políticos del movimiento independentista. “Libertadores” o “precursores” tampoco son términos convenientes: el título de Libertador se lo atribuyó la ciudad de Mérida a Bolívar en 1813, mientras que el de “precursores”’ sólo se aplica a Francisco de Miranda y Antonio Nariño. Vale la pena generalizar a “los padres fundadores” para entender a los líderes de la independencia colombiana y venezolana? No lo creo. Al emplearlo olvidamos dos puntos que los historiadores de los últimos 20 años no han dejado de repetir: la participación de las mujeres como grupo social y político (pensemos en Policarpa Salavarrieta o las Juanas) y la diferencia esencial de las independencias del norte y el sur: Washington fundó una república esclavista, Bolívar no.
La invitación de la vicepresidenta, repito, es laudable y, de cualquier manera, la argumentación y los elementos históricos a los que hace referencia su columna distan mucho de las declaraciones desafortunadas del presidente Duque con ocasión de la visita de Mike Pompeo, o de las tentativas fallidas del alto consejero para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, de justificar lo injustificable al agregar más imprecisiones y un error bastante notorio: mencionar que James Monroe reconoció la independencia de la “Nueva Granada”, y no de “Colombia”, que fue la república que se reconoció.
Pero continuemos con la columna. Crear nuevas visiones del pasado para crear nuevas visiones del presente es un asunto polémico, pero necesario. Ningún historiador puede reprochárselo a ningún gobernante. Lo reprochable está, más bien, en la tentativa fútil de fundar desde el poder un relato nacional sobre puntos de vista que los expertos no están dispuestos a aceptar: es como hacer un pastel de nieve que en el horno se deshace en breve. Por eso hay un segundo elemento de la columna de la vicepresidenta que me parece importante comentar.
Angostura, sostiene Marta Lucía Ramirez, fue importante porque trajo al mundo de las instituciones al Consejo de Estado, máxima autoridad de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo y cuerpo supremo consultivo del gobierno. Pero aquí también hay un problema, pues en la doctrina de los especialistas del derecho administrativo colombiano la fecha de aparición del Consejo de Estado es 1817 y no 1819. En el 2017, en el marco de los eventos conmemorativos del bicentenario de las independencias, tuvieron lugar dos eventos académicos en Bogotá y París, que reunieron a los especialistas del tema y a los presidentes y vicepresidentes de los Consejos de Estado colombiano y francés. ¿Deberíamos entender que las instituciones del Consejo de Estado se ratifican durante Angostura o la posición de la vicepresidenta oculta una interpretación paralela de la historia del derecho administrativo colombiano?
Las invitaciones a la reflexión sobre estos 200 años de vida republicana son necesarias, pero deberían realizarse sobre bases más sólidas y con el apoyo de los excelentes historiadores que hay en el país. Por eso, si la vicepresidenta nos dirige una invitación para reflexionar sobre nuestras libertades a 200 años del Congreso de Angostura, dirijámosle una al gobierno para que reflexione sobre la forma en que está gobernando nuestro pasado.
