Hoy el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se ocupará de Colombia.
En primer lugar, analizará el informe trimestral del secretario general acerca de la Misión de Verificación, que se centró en los efectos negativos que la pandemia del COVID-19 ha tenido en la implementación del Acuerdo Final, así como en las comunidades y los territorios más golpeados por el conflicto, con especial énfasis en los asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las Farc. El informe advierte, entre otras, que es necesario avanzar en el desmantelamiento de las organizaciones criminales.
La sesión se da en una coyuntura especial. El primero de julio, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2532 que ratifica y fortalece el llamado a un Alto al Fuego Global para enfrentar la pandemia que hizo el secretario general el pasado 23 de marzo, lo cual tiene implicaciones muy significativas.
Por una parte, fue adoptada por unanimidad, lo que, en estos tiempos de tensiones internacionales, es todo un logro. A comienzos de mayo, Estados Unidos había vetado una primera versión que, por insistencia de China, incluía a la Organización Mundial de la Salud, lo que llevó a Francia y a Túnez a promover una nueva versión que la excluía para así obtener el respaldo de todos los 15 miembros.
Por otra parte, la Resolución 2532 es clara: “exhorta a todas las partes en los conflictos armados a que realicen de inmediato una pausa humanitaria duradera de al menos 90 días consecutivos, a fin de permitir la entrega sostenida de asistencia humanitaria en condiciones de seguridad”. Además, precisa en qué lugares es aplicable: “en todas las situaciones de las que se ocupa y apoya los esfuerzos realizados por el secretario general y sus representantes y enviados especiales a ese respecto”, una de las cuales es Colombia.
A los pocos días, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) se pronunció al respecto, proponiéndole al presidente Iván Duque “pactar un cese bilateral por 90 días”. Inmediatamente, el propio Duque rechazó la propuesta por Twitter, exigiéndole al Eln que “liberen a los secuestrados y pongan fin a sus actos criminales.”
Es positivo que el Eln haya hecho la propuesta, así como lo es que en las últimas semanas haya realizado nueve liberaciones de personas que estaban en su poder. Además, hay que recordar que, a propósito del primer llamado del secretario general, el Eln declaró un cese al fuego unilateral y activo, que cumplió cabalmente durante el mes de abril.
Pero lo cierto es que ni el Eln ni el Gobierno de Duque han acatado la Resolución 2532. En el caso de la insurgencia, proponer negociar un cese bilateral no equivale a la pausa humanitaria que exige dicha resolución. Si en realidad el Eln quiere acogerse, debe obrar de manera inmediata y unilateral, como ya lo hizo en abril. Además, si bien un cese bilateral puede eventualmente ser lo deseable, implica un forcejeo político y técnico muy complejo que tomaría un buen tiempo, mientras la urgencia de la pandemia no da espera. En el caso del Gobierno, aunque ha sido claro en rechazar la propuesta del Eln, no ha dicho nada frente a la Resolución 2532. No sé si hoy la canciller, o quien hable a nombre del Gobierno colombiano, seguirá ignorándola, ni qué dirá ante la precaria implementación del Acuerdo Final o el exterminio del liderazgo social.
El Gobierno de Duque ha mantenido desde un comienzo un doble discurso: hacia afuera, con la comunidad internacional se compromete a cumplir el Acuerdo Final, pero hacia dentro, en la práctica, hace lo posible por volverlo trizas.
Sin embargo, la carta que 94 congresistas demócratas le enviaron al secretario de Estado Mike Pompeo pidiendo que le exija a Duque cumplir el Acuerdo Final y actuar frente el asesinato de líderes sociales es una muestra de que ese doble discurso no convence a importantes sectores de la comunidad internacional que sí están atentos a la realidad en Colombia. La decisión de Cuba de ratificarse como garante del Acuerdo Final, pese al maltrato que ha recibido por parte del Gobierno, es una excelente noticia que refleja la persistencia y el compromiso de la comunidad internacional. La entrada de México, Irlanda y Noruega, especialmente este último, como nuevos integrantes del Consejo de Seguridad, asegura que los ojos de la ONU seguirán vigilando la paz en Colombia.
Pero volviendo a la Resolución 2532, el asunto es muy sencillo: tanto el Gobierno como el Eln deben deponer sus consideraciones político-militares y acatarla de manera inmediata, decretando, cada uno por su lado, la pausa humanitaria que exige la ONU y que urgentemente requieren las comunidades en Colombia.
* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y director de Planeta Paz.
Hoy el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se ocupará de Colombia.
En primer lugar, analizará el informe trimestral del secretario general acerca de la Misión de Verificación, que se centró en los efectos negativos que la pandemia del COVID-19 ha tenido en la implementación del Acuerdo Final, así como en las comunidades y los territorios más golpeados por el conflicto, con especial énfasis en los asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las Farc. El informe advierte, entre otras, que es necesario avanzar en el desmantelamiento de las organizaciones criminales.
La sesión se da en una coyuntura especial. El primero de julio, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2532 que ratifica y fortalece el llamado a un Alto al Fuego Global para enfrentar la pandemia que hizo el secretario general el pasado 23 de marzo, lo cual tiene implicaciones muy significativas.
Por una parte, fue adoptada por unanimidad, lo que, en estos tiempos de tensiones internacionales, es todo un logro. A comienzos de mayo, Estados Unidos había vetado una primera versión que, por insistencia de China, incluía a la Organización Mundial de la Salud, lo que llevó a Francia y a Túnez a promover una nueva versión que la excluía para así obtener el respaldo de todos los 15 miembros.
Por otra parte, la Resolución 2532 es clara: “exhorta a todas las partes en los conflictos armados a que realicen de inmediato una pausa humanitaria duradera de al menos 90 días consecutivos, a fin de permitir la entrega sostenida de asistencia humanitaria en condiciones de seguridad”. Además, precisa en qué lugares es aplicable: “en todas las situaciones de las que se ocupa y apoya los esfuerzos realizados por el secretario general y sus representantes y enviados especiales a ese respecto”, una de las cuales es Colombia.
A los pocos días, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) se pronunció al respecto, proponiéndole al presidente Iván Duque “pactar un cese bilateral por 90 días”. Inmediatamente, el propio Duque rechazó la propuesta por Twitter, exigiéndole al Eln que “liberen a los secuestrados y pongan fin a sus actos criminales.”
Es positivo que el Eln haya hecho la propuesta, así como lo es que en las últimas semanas haya realizado nueve liberaciones de personas que estaban en su poder. Además, hay que recordar que, a propósito del primer llamado del secretario general, el Eln declaró un cese al fuego unilateral y activo, que cumplió cabalmente durante el mes de abril.
Pero lo cierto es que ni el Eln ni el Gobierno de Duque han acatado la Resolución 2532. En el caso de la insurgencia, proponer negociar un cese bilateral no equivale a la pausa humanitaria que exige dicha resolución. Si en realidad el Eln quiere acogerse, debe obrar de manera inmediata y unilateral, como ya lo hizo en abril. Además, si bien un cese bilateral puede eventualmente ser lo deseable, implica un forcejeo político y técnico muy complejo que tomaría un buen tiempo, mientras la urgencia de la pandemia no da espera. En el caso del Gobierno, aunque ha sido claro en rechazar la propuesta del Eln, no ha dicho nada frente a la Resolución 2532. No sé si hoy la canciller, o quien hable a nombre del Gobierno colombiano, seguirá ignorándola, ni qué dirá ante la precaria implementación del Acuerdo Final o el exterminio del liderazgo social.
El Gobierno de Duque ha mantenido desde un comienzo un doble discurso: hacia afuera, con la comunidad internacional se compromete a cumplir el Acuerdo Final, pero hacia dentro, en la práctica, hace lo posible por volverlo trizas.
Sin embargo, la carta que 94 congresistas demócratas le enviaron al secretario de Estado Mike Pompeo pidiendo que le exija a Duque cumplir el Acuerdo Final y actuar frente el asesinato de líderes sociales es una muestra de que ese doble discurso no convence a importantes sectores de la comunidad internacional que sí están atentos a la realidad en Colombia. La decisión de Cuba de ratificarse como garante del Acuerdo Final, pese al maltrato que ha recibido por parte del Gobierno, es una excelente noticia que refleja la persistencia y el compromiso de la comunidad internacional. La entrada de México, Irlanda y Noruega, especialmente este último, como nuevos integrantes del Consejo de Seguridad, asegura que los ojos de la ONU seguirán vigilando la paz en Colombia.
Pero volviendo a la Resolución 2532, el asunto es muy sencillo: tanto el Gobierno como el Eln deben deponer sus consideraciones político-militares y acatarla de manera inmediata, decretando, cada uno por su lado, la pausa humanitaria que exige la ONU y que urgentemente requieren las comunidades en Colombia.
* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y director de Planeta Paz.