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21 Feb 2022 - 5:30 a. m.

Días contados

Se cumplen tres años desde que se realizó el concierto Venezuela Aid Live, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Hacía parte del llamado “cerco humanitario”, liderado por el gobierno de Iván Duque con el apoyo del gobierno de Donald Trump. Al espectáculo llegó Juan Guaidó, recién reconocido por muchos gobiernos como presidente interino del país vecino, luego de haber cruzado la frontera escoltado por Los Rastrojos. Se suponía que se le estaba dando el último empujoncito a la caída del régimen de Nicolás Maduro, que por ese entonces aseguraban que tenía sus días contados. Hoy, ya sin Trump y a menos de seis meses del final del gobierno de Duque, Maduro no solo no ha caído sino que todo indica que aguantará más años.

El absoluto fracaso de la estrategia de Duque, Trump et ál ha tenido diversos efectos negativos. Por una parte, la inexistencia de relaciones entre Bogotá y Caracas no ha permitido un manejo conjunto de la crisis sanitaria causada por la pandemia que afecta a ambos países ni se ha podido coordinar conjuntamente la seguridad en Arauca y Apure. Por otra parte, aún se está a la espera de la extradición de Aida Merlano por el “gobierno” de Guaidó, a quien se le hizo la solicitud.

Pero los más afectados por la falta de relaciones diplomáticas han sido los millones de personas que habitan en la zona fronteriza. Como consecuencia de la decisión de formalmente cerrar la frontera, en la práctica se le entregó a la ilegalidad. Desde entonces, múltiples bandas criminales se encargan del tránsito de personas, bienes, servicios y capitales entre los dos países. La situación se vive a lo largo de los más de dos mil doscientos kilómetros de la frontera, pero se acentúa en la región entre Norte de Santander y Táchira, la parte más poblada y económicamente más dinámica.

Dado el carácter binacional de la población y el comercio, las autoridades locales de los dos lados de la frontera han optado por entablar relaciones directas. Amparados en el artículo 289 de la Constitución de 1991, que establece que “los departamentos y municipios ubicados en zonas fronterizas podrán adelantar directamente con la entidad territorial limítrofe del país vecino, de igual nivel, programas de cooperación e integración, dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente”, la Gobernación del departamento de Norte de Santander ha establecido con las autoridades del estado de Táchira varias mesas de trabajo que les han permitido lidiar con asuntos de la realidad cotidiana, con la anuencia discreta de las autoridades nacionales de ambos países. A raíz de la pandemia, se habilitó un paso fronterizo con fines humanitarios y estudiantiles. Desde el 2 de junio del año pasado se abrió parcialmente la frontera y Migración Colombia estableció unos horarios de tránsito y el sistema de pico y cédula para el ingreso a Colombia. El pasado octubre se habilitó un paso peatonal. Por otra parte, se realizaron aproximaciones entre el Congreso colombiano y la Asamblea Nacional venezolana con miras a una normalización gradual de las relaciones bilaterales.

Si bien estos pasos han sido significativos, no son suficientes y por tanto se vienen impulsando medidas complementarias. Por ejemplo, las cámaras de comercio de ambos países piden la reapertura del puente de Ureña, que atraviesa el río Táchira, para reconectar al municipio venezolano de San Antonio con el municipio colombiano de Cúcuta. Invocan el acuerdo del 20 de julio de 1925, firmado entre los dos países, mediante el cual se estableció la construcción conjunta del puente internacional y se reconoció su neutralidad “tanto en el caso de guerra internacional como en caso de guerra civil de cualquiera de las dos repúblicas”.

Los millones de habitantes de la zona fronteriza no son los únicos perjudicados por la falta de relaciones entre los gobiernos de Duque y Maduro. En Venezuela se estima que residen entre 1,5 y dos millones de colombianos, cifras reducidas en comparación con las del siglo pasado, pero que siguen siendo significativas. En estos años de ruptura de relaciones se cerraron también los consulados, que poca relación tienen con el reconocimiento del gobierno de Maduro y tienen todo que ver con el cumplimiento de los deberes del Estado colombiano frente a los compatriotas que habitan en ese país. En Venezuela operaban 17 consulados, más que en cualquier país del mundo (en Estados Unidos hay doce, en España siete, en Ecuador seis). Más allá de expedir cédulas y pasaportes, los consulados sirven para brindar múltiples servicios estatales a los colombianos en el exterior, entre ellos el poder participar en los procesos electorales.

En menos de tres semanas se realizará la primera jornada de elecciones de este año decisivo para Colombia y de entrada se puede afirmar que el derecho al sufragio se les está negando a los colombianos residentes en Venezuela. Algunas personas malpensadas y desinformadas podrían especular que se trata de quienes votarían por la izquierda por instrucciones de Maduro. Nada que ver. En las elecciones de 2018, en Venezuela las tres listas más votas para el Senado fueron las del Partido Conservador, el Partido de la U y el Centro Democrático, mientras que para Cámara fueron las del Partido de la U, el Centro Democrático y el MIRA. Asimismo, en la primera vuelta presidencial, en Venezuela Duque obtuvo el 64 % y en la segunda vuelta el 83 %. No son propiamente votaciones al servicio del “castrochavismo”.

Ahora el que tiene los días contados es Duque. Es de esperarse que un nuevo gobierno no solo ordene la reapertura de los consulados, sino que acepte la realidad de que Maduro es el gobernante de facto. Es la única manera de normalizar las relaciones entre nuestros países, unidos no solo por una frontera larga y vibrante, sino por una historia y una realidad compartidas por siglos.

danielgarciapena@hotmail.com

Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y Director de Planeta Paz.

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