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De tantas noticias trágicas de muertes, desapariciones, agresiones sexuales, incendios y escenas de dolor humano que han sido registradas - y cuántas más sin registrar - durante este mes y pico de paro nacional y estallido social, quisiera detenerme en una sola: lo sucedido el pasado viernes en el sector de La Luna en Cali.
Un sujeto, vestido de civil, abrió fuego contra un grupo de manifestantes, mientras a su lado pasaban policías uniformados. En su descarga de tiros, asesinó a dos personas. De inmediato fue capturado y desarmado por vecinos y transeúntes, quienes al revisar sus papeles descubrieron que era de la Fiscalía y procedieron a golpearlo hasta la muerte.
Me detengo en este caso de linchamiento solo por lo mucho que revela acerca de lo que estamos viviendo, la respuesta gubernamental y el estado de nuestra sociedad.
En primer lugar, lo que se sabe del episodio es gracias a los videos publicados por ciudadanos en las redes y no precisamente por las capacidades investigativas de las autoridades. Pocas horas después de lo acontecido, el propio Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, confirmó que la persona que había sido linchada era Fredy Bermúdez Ortiz, miembro activo del CTI y aclaró que no estaba cumpliendo funciones, sino que estaba de descanso. En cualquier caso, es un asunto de suma gravedad. Al escribir estas pablaras, aún no se conocen los nombres de las dos víctimas asesinadas por Bermúdez.
No se trata de un hecho aislado. El mismo día, otros videos grabados en Cali mostraban civiles disparando contra manifestantes en Ciudad Jardín, mientras que policías uniformados observaban sin actuar. Ese fatídico viernes dejó 13 muertos y 36 heridos en Cali.
La gravedad fue tal que ameritó la visita del presidente Iván Duque, quien, tras un consejo de seguridad, anunció el “máximo despliegue de asistencia militar” en el Valle del Cauca, que luego se extendería al Cauca. En su enérgico discurso, Duque sólo invocó a los Derechos Humanos para referirse a los bloqueos, que se comprometió a remover como diera lugar, sin hacer mención alguna a los desmanes de las autoridades ni dar el pésame a las familias de las víctimas. Al aludir a los sucesos fatales del día, habló de las acciones de “un ciudadano”, pese a que ya el Fiscal Barbosa había confirmado la identidad de Bermúdez y su vinculación a la Fiscalía.
Por su parte, el director de la DIJIN, el general Fernando Murillo, ante las abundantes evidencias, anunció la conformación de un equipo especial de investigación con el fin de “identificar, individualizar y judicializar” a los civiles y miembros de la fuerza pública involucrados en los hechos. Esa es la clase de medidas que les corresponde tomar a quienes están a cargo de hacer cumplir la ley, pero que a Duque no le gusta hablar al respecto.
Quien sí se pronunció fue la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet: “Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley”.
El linchamiento de Bermúdez no solo nos dice mucho acerca de la lamentable situación de nuestras instituciones y gobernantes, sino que devela rasgos muy perturbadores de nuestra sociedad. Las escenas grotescas de las fuertes pateadas que le propiciaron a lo que ya era el cadáver del linchado tendido en el piso - imágenes que ningún medio reprodujo por su crudeza pero que tuvieron amplia divulgación en las redes - son un testimonio sanguinario de la rabia acumulada, de la descomposición moral y ética, de la barbarie de un tejido social destrozado por la aguda desigualdad, la exclusión crónica y el conflicto armado. Nada justifica un linchamiento. Lo correcto hubiera sido entregar a Bermúdez a las autoridades para su debido juzgamiento y castigo. Pero es tal el grado de desconfianza y repudio a éstas, que la muchedumbre optó por aplicar lo que en Colombia mal llamamos “la justicia por mano propia”.
El linchamiento de Bermúdez no fue el resultado de un plan orquestado por grupos terroristas, ni la consecuencia de un complot de gobiernos extranjeros, ni el fruto de estrategias diseñadas por políticos de oposición. Es el producto de un país atormentado, degradado, golpeado, asfixiado, sediento de venganza, con una patología social profundamente envenenada por el odio, la injusticia y la violencia, de gente hastiada del estatus quo y de un Estado que alberga asesinos.
* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y Director de Planeta Paz
