El sábado pasado, al cumplir tres años de su mandato, el presidente Iván Duque pronunció un discurso en conmemoración del Día de las Glorias del Ejército Nacional desde el Fuerte Militar de Tolemaida donde intentó explicar, a su manera, que su gobierno sí está cumpliendo con el Acuerdo de Paz de 2016.
Aprovechó para volver a echarle pullas a su antecesor: “La paz no está en los premios ni en los aplausos, ni en los salones distinguidos de la diplomacia internacional. La paz se construye en los territorios y por esos tenemos 16 PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial)”. Y de pasada le mandó un varillazo a la JEP: “le hacemos un llamado respetuoso a todas las instancias judiciales y a la justicia transicional para que las víctimas puedan ver verdaderas condenas hacia sus victimarios”.
Lo más increíble es que lo hizo sin sonrojarse. Porque la verdad ronda y lironda es que, desde el primer día de su ya larguísimo gobierno ha habido un esfuerzo continuo y sistemático por desconocer el Acuerdo de Paz.
No olvidemos que se trata de un gobierno que fue elegido por la coalición del No, que en campaña se comprometió con “hacerlo trizas”. Duque jamás menciona al Acuerdo de Paz como tal, sino que siempre se refiere al galimatías de “paz con legalidad”, que curiosamente ignora la legalidad del Acuerdo de Paz. Su primer año se fue en el esfuerzo, afortunadamente infructuoso, de torpedear a la JEP con sus objeciones. Las 16 curules finalmente se están logrando gracias a decisiones judiciales en contra del gobierno y sus aliados, empeñados en embolatarlas.
Como logros en la paz, Duque cita el apoyo a los excombatientes con proyectos productivos colectivos e individuales. También le encanta hablar de los PDET y de los $7,4 billones invertidos durante los tres años de gobierno, según cifras de la Presidencia de la República. De esta manera, busca argumentar que ejecutando algunos pedacitos del Acuerdo de Paz se está cumpliendo con la implementación. Como acertadamente lo ha calificado el Centro de Pensamiento y Dialogo Político, es sólo una simulación de implementación. Porque resulta que los acuerdos, como cualquier contrato, si no se cumplen en su integralidad, se están incumpliendo.
Un excelente ejemplo de lo crucial que resulta ser la integralidad son precisamente los tan mentados PDET. Estos fueron concebidos sobre dos pilares centrales: primero, el reordenamiento social de la propiedad rural y el uso del suelo, y segundo, infraestructura y adecuación de tierras. Pero resulta que el gobierno obvió el primero y se saltó al segundo, alterando sustancialmente su esencia. Una cosa es construir una vía después de haber realizado la restitución y redistribución de tierras a favor de los campesinos, y otra, muy distinta, es construirla sin haberlo hecho, lo cual favorece a los despojadores y las lógicas de desarrollo de los poderosos. Algo similar sucede con el catastro multipropósito, que se ha desviado de la original intencionalidad redistributiva y ahora está encaminado a favorecer los grandes negocios agroindustriales y extractivistas. Todo esto le resta al Acuerdo de Paz su potencial transformador.
Mientras el gobierno impulsa un modelo de desarrollo rural que arrasa con el espíritu de lo acordado, la reforma rural integral, quizá lo más significativo del Acuerdo de Paz, está en pañales. Esta se debe cumplir, no por haber sido pactada con las FARC (aunque también), ni por los compromisos internacionales del Estado colombiano (aunque también), sino porque es una deuda histórica con la economía campesina. Mal que bien, FARC le ha cumplido al Estado (dejación de armas) y el Estado le ha cumplido a FARC (reincorporación), pero es evidente que no se le ha cumplido al país, y en particular, a los campesinos.
Hay otros campos de incumplimiento, como el punto 2 sobre participación política, el desmantelamiento de organizaciones sucesores del paramilitarismo previsto en el punto 3 y gran parte del punto 4 sobre “solución al problema de las drogas Ilícitas”, entre otros.
Pero quizás el incumplimiento mayor ha sido en relación con una de las premisas centrales del Acuerdo de Paz. Con la salida de las FARC de sus territorios históricos, se suponía que el Estado entraría a coparlos. Lo primero se efectuó, pero lo segundo no, bien sea por incapacidad o por indecisión. Como resultado, poderosos intereses privados, legales e ilegales, aprovechan el vacío para imponer sus voluntades. La no implementación integral del Acuerdo de Paz perpetúa y profundiza prácticas que originaron y exacerbaron el conflicto, como el despojo, la acumulación y la concentración de tierras. Entre tanto, líderes y lideresas sociales que se oponen a los macroproyectos, en defensa de sus derechos, sus comunidades y sus territorios, siguen cayendo asesinados.
Esto no quiere decir que el gobierno Duque haya logrado hacer trizas el Acuerdo de Paz.
Debido al blindaje legal y constitucional, tanto a nivel nacional como internacional, pero sobre todo, gracias a la resiliencia de amplios sectores de la población en defensa de la paz, aspectos fundamentales, como la JEP, la Comisión de la Verdad, la transformación de FARC en el partido Comunes, el estatuto de la oposición y ahora las 16 curules, entre otros, siguen su rumbo, pese a las muchas dificultades.
Es curioso que, a un año de finalizar su gobierno, a Duque le toque decir que sí está cumpliendo con la implementación del Acuerdo de Paz, aunque no sea cierto. Quizás se vea obligado por la llegada del gobierno de Biden en Estados Unidos que crea nuevas condiciones geopolíticas. Lo cierto es que su discurso constituye otro ejemplo más de un gobierno inmerso en su propio mundo, distante de la realidad. O dicho en otros términos, de un gobierno mentiroso.
* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y director de Planeta Paz.
