Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
“Los impuestos de Estados Unidos no se usarán para atacar a los manifestantes en Colombia”, manifestó de manera contundente y muy clara el representante a la Cámara Jim McGovern al concluir su visita a nuestro país la semana pasada.
En su viaje McGovern se reunió con funcionarios locales y comunidades en Cali, Santander de Quilichao y Sumapaz y en Bogotá tuvo un encuentro con el presidente Iván Duque. A lo largo de su visita, el congresista fue reiterativo en que su intención era asegurarse “que nada de nuestro dinero se vaya a la Policía Nacional, ya que se ha utilizado de la manera que hemos visto en los videos contra manifestantes inocentes y pacíficos” y expresó preocupación por “la falta de implementación del Acuerdo de Paz”. A su vez evidenció “señales de esperanza”: en Santander de Quilichao destacó la gestión de la alcaldesa Lucy Amparo Guzmán por promover el diálogo con las juventudes para “construir una sociedad más digna” y en Sumapaz, valoró la labor de la Alcaldía de Bogotá de “traer la presencia estatal a una zona de conflicto de la mano de una comunidad organizada”.
La gira de McGovern, así como sus apreciaciones, son significativas por varias razones. Es el presidente del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, así como copresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Pero sobre todo, por gozar del respeto de sus colegas como conocedor de nuestro país, gracias a sus múltiples visitas desde hace años, se ha convertido en el “go to man”, como califican los estadounidenses a quien se acude cuando se trata de un tema específico, en este caso Colombia. Por otra parte, su peso político es aún mayor por pertenecer al sector moderado del partido demócrata, mayoritario, y ser cercano al presidente Biden. Y a la vez tiene excelentes relaciones con el sector progresista liderado por Alexandria Ocasio-Cortez, quien por su parte solicitó que en el presupuesto se prohíba la venta de armamento al ESMAD. Aún son inciertos los efectos de todo esto en las discusiones en el Congreso, pero sí es un claro indicador de que lo que sucede en Colombia está cada vez más interrelacionado con lo que pasa en Estados Unidos.
Otro caso es la condena del pasado 27 de septiembre de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida contra Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, por el asesinato del líder social Eduardo Estrada en Colombia y la orden de pagar 12 millones de dólares a su familia. Es la primera vez que la justicia de Estados Unidos juzga a un jefe paramilitar colombiano por delitos diferentes al narcotráfico, que no ocurrieron en el territorio bajo su jurisdicción ni contra ciudadanos estadounidenses, dándole un nuevo alcance a la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura de 1991. La sentencia del tribunal federal es significativa además porque comprueba la “relación simbiótica” entre el paramilitarismo y el Estado colombiano. Sin embargo, se trata de un tribunal civil que sólo obliga al pago de la indemnización, sin privación de la libertad. Macaco ya cumplió su pena por narcotráfico en Estados Unidos y fue deportado a Colombia en julio de 2019, donde se encuentra detenido.
Estos dos asuntos - la vista de McGovern y la condena a Macaco - son dos ejemplos muy distintos y no relacionados entre sí, que apuntan a una relación entre los dos países cada vez más compleja y multidimensional.
El próximo 20 de octubre, el Secretario de Estado Antony Blinken realizará su primer visita oficial a Colombia. El gobierno de Duque ha realizado incesantes esfuerzos por intentar superar el malestar de la administración Biden por el torpe apoyo del uribismo a Trump en las elecciones en Florida el año pasado. Primero fue la entrega de la cabeza del embajador Pachito Santos, luego el cambio de parecer de la Vicepresidenta/Canciller Ramírez, quien finalmente se vio obligada a aceptar la visita de la CIDH a Colombia. Tanto el estatuto de protección temporal para los venezolanos como la disposición de recibir refugiados afganos por parte del gobierno colombiano fueron bien recibidas por Washington. Pero pese a haber logrado un cierto control del daño, sin duda la violación a los Derechos Humanos, la brutalidad policial y la paz seguirán siendo espinas incómodas en las relaciones bilaterales.
La derecha colombiana siempre ha celebrado la estrecha relación con Estados Unidos cuando se trata de cooperación militar o tratados de libre comercio, pero se aterra y grita “intervención indebida” cuando se meten en asuntos de Derechos Humanos. Por una parte, es triste que sea necesario que la presión gringa sea la que obligue a las autoridades colombianas a pellizcarse. Pero por otro, menos mal existen personas como McGovern e instancias como el tribunal federal de Florida para ejercer una justa presión. ¡Bienvenida la “intervención indebida”!
*profesor de la Universidad Nacional de Colombia y Director de Planeta Paz
