La diplomacia indígena por sus derechos y los asuntos globales

Le he cedido este espacio a Darío Mejía Montalvo, quien pertenece al Pueblo Zenú del Resguardo San Andrés de Sotavento en Córdoba y Sucre y es el segundo indígena colombiano en ser miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las cuestiones indígenas, después que lo fuera el Taita Antonio Jacanamejoy (QEPD) entre 2002 y 2004. Su rol en el movimiento indígena ha sido importante en años recientes: ha participado en la formulación del Sistema Educativo Indígena Propio - SEIP - , la concertación del Decreto 1953 de 2014, la inclusión del enfoque étnico en las normas que implementan el proceso de paz y en la reforma al Sistema General de Regalías. Junto con el resto del liderazgo indígena sigue promoviendo los derechos indígenas a nivel nacional y global. - Daniel García-Peña

La diplomacia indígena por sus derechos y los asuntos globales

por Darío Mejía Monsalve

Naciones Unidas es un sistema institucional creado por los Estados que en distintos momentos impusieron sus fronteras y sistemas jurídicos sobre Pueblos preexistentes en las distintas regiones del mundo. A pesar de ello, la pervivencia y lucha indígenas, ha logrado que sus derechos sean reconocidos en estándares internacionales y la creación de instancias para impulsar su implementación, tales como el Foro Permanente, el Relator especial y el mecanismo de expertos.

El Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas es un órgano asesor del Consejo Económico y Social - ECOSOC - , establecido en julio de 2000, para examinar las cuestiones indígenas relativas al desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los Derechos Humanos. Sus miembros somos expertos independientes sin vinculación laboral ni contraprestación económica por parte de Naciones Unidas.

Ha sido un tiempo complejo. Por la pandemia en 2020 no sesionamos. En 2021 en formato hibrido (presencial y virtual) logramos examinar el rol de los Pueblos Indígenas respecto del ODS No. 16, sobre instituciones solidas y construcción de paz. Allí presenté un informe sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe en el marco de las medidas excepcionales adoptadas durante la pandemia.

En 2021, el Foro recomendó que la Organización de los Estados Americanos - OEA - establezca un mecanismo de expertos de Pueblos Indígenas como empeño por impulsar a escala nacional la aplicación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio de la OIT No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989.

El Foro también reconoció la importancia de la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia; instó al gobierno de Colombia a que promueva y garantice los derechos de los Pueblos Indígenas, en particular mediante el cumplimiento de los objetivos e indicadores establecidos en el plan marco de implementación y el “capítulo étnico” de dicho Acuerdo. Hasta la fecha el gobierno de Colombia no ha evidenciado ninguna información sobre el particular.

También instó a la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP - a que, con carácter prioritario, realice una investigación sobre las violaciones de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas ocurridas durante el conflicto armado, conocer sus patrones e identificar los responsables. Recientemente hemos sido informados por la comisión étnica de la JEP de la priorización del caso 09 sobre crímenes contra Pueblos y territorios étnicos, lo que constituye un avance muy importante

El Foro también se manifestó sobre la necesidad de avanzar en la implementación de medidas para eliminar las violencias contras las mujeres indígenas, con énfasis en contextos fronterizos, de conflictos armados y migrantes. Los temas de medio ambiente y protección a la vida siguen siendo de mucha preocupación frente al incremento de la criminalización, racismo y acaparamiento territorial en contra de los Pueblos Indígenas.

Frente a las enormes brechas de inequidad y retos revelados por la pandemia, la crisis ambiental y climática, el Foro ha hecho un llamado a un nuevo pacto social. El próximo periodo de sesiones, en abril de 2022, abordará la temática “Pueblos Indígenas, empresas, autonomía y los principios de Derechos Humanos asociados a la debida diligencia, incluido el consentimiento libre, previo e informado”. El foro me ha encomendado que realice un estudio sobre los derechos de los pueblos indígenas en relación con la matriz energética mundial para ser presentado en dicho periodo de sesiones.

Esta temática es muy importante puesto que el paulatino agotamiento de los combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo) como fuentes de energía, sumado al incremento de los efectos de la variabilidad climática, exigen que los gobiernos, las empresas y la sociedad provoquen cambios en los patrones de producción y consumo de energía. Esta transición hacia las llamadas energías limpias, también debe ser examinada desde la perspectiva de los derechos de los Pueblos Indígenas a la identidad, la autonomía, libre determinación y el consentimiento previo, libre e informado. Colombia, por ejemplo, ha tramitado normas al respecto y está construyendo una estrategia de transición energética 2020-2050 sin contar con la voz y los derechos de los Pueblos Indígenas, propietarios de mas del 30% del territorio nacional, muchos de los cuales cuentan con enormes potenciales en materia de energía eólica y solar. En la COP26 el gobierno de Colombia fue a buscar aliados para luchar contra el cambio climático y avanzar en la transición energética, pero ignora a los principales actores de la lucha contra el cambio climático en el país, que son los Pueblos Indígenas.