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A lo largo de los años, los nombres han cambiado: antes se hablaba de chulavitas y pájaros, luego autodefensas, grupos de justicia privada y Convivir, y desde hace unos años, todos son bacrim.
Pero en el fondo, se trata de un mismo fenómeno, complejo y con diferentes etapas históricas, que se conoce popularmente como paramilitarismo.
Para unos se trata de terrorismo de Estado, mientras para otros es la ausencia del Estado la que obliga a ciudadanos inermes a autodefenderse de la guerrilla. En ambos casos, el Estado, por acción u omisión, es responsable.
Desde los orígenes del conflicto, el papel del Estado ha sido ambiguo. En los años 40 y 50, la policía chulavita (estatal) trabajó de la mano con los pájaros, asesinos a sueldo, para llevar a cabo el genocidio del movimiento gaitanista, como en los 80 y 90 la Brigada 20 (estatal) se articuló con sicarios para el exterminio de la UP.
La política del Estado ha sido errática. Las autodefensas fueron legales entre 1965 y 1989, cuando fueron declaradas ilegales al final del gobierno Barco. Al final del de Gaviria se creó la figura mediante la cual, ya en el de Samper, nacieron las Convivir. El gobierno Pastrana las acabó y, por presión de Estados Unidos, destituyó generales por vínculos con los paras. El gobierno Uribe elevó a las Auc a un estatus cuasi-político con el mal llamado proceso de paz en Santa Fe de Ralito, mientras el DAS (estatal) se puso al servicio del paramilitarismo.
Sin duda, el Estado no es homogéneo. Fue el procurador (estatal) de ese entonces —eran otros tiempos— el que primero denunció la participación de militares activos en el MAS (Muerte a Secuestradores) en 1983. Ha sido la Fiscalía (estatal) quien investiga a agentes del Estado en relación con asesinatos como los de Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y Álvaro Gómez. Es gracias a la Corte Suprema (estatal) que buena parte del Congreso está en la cárcel por parapolítica.
Tampoco es justo pensar que la responsabilidad es exclusiva del Estado. Muchas veces el principal sostén del paramilitarismo proviene de las élites locales. El narcotráfico otorgó grandes niveles de autonomía. Creo que fue Antonio Caballero quien dijo: no todo narco es paraco, pero todo paraco sí es narco. También a la guerrilla le cabe un grado de responsabilidad ya que sus prácticas, principalmente el secuestro, motivaron a los paras.
En La Habana se discute el fin del conflicto, y el paramilitarismo es tema clave. El Eln también ha señalado que es una de sus principales preocupaciones. El paro armado del Clan Úsuga y el alto número de líderes sociales que han sido asesinados por reclamar la restitución de tierra indica que no se trata de un asunto menor ni del pasado.
El desmonte del paramilitarismo es indispensable para superar el conflicto armado y garantizar la no repetición, lo que implica el esclarecimiento histórico de la responsabilidad estatal.
Es irreal pensar que el presidente pueda simplemente dar la orden para acabar un fenómeno tan antiguo y complejo. Se requiere una verdadera política de Estado contra el paramilitarismo.
danielgarciapena@hotmail.com
