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Es hora que el Gobierno de Colombia reconozca al gobierno de Nicolás Maduro. Así de sencillo.
Pero antes de seguir con la argumentación debo dejar algo claro: a mí no me gusta Maduro para nada. Su decisión de desconocer el triunfo de la oposición en la Asamblea Nacional en 2015, inventarse la patraña de la Asamblea Constituyente para eludirla, adelantar la fecha de su reelección y encarcelar a sus opositores, le han hecho un gran daño al carácter democrático de la Constitución bolivariana de 1999. Las graves violaciones a los Derechos Humanos por parte de su gobierno son tan condenables como son las de Colombia, Cuba, Estados Unidos, Myanmar, es decir, cualquier país del mundo. El haberles entregado a los militares el manejo de la economía para mantenerse en el poder dista mucho del socialismo del siglo XXI o de cualquier siglo, que solo ha logrado aumentar la corrupción e ineficiencia y en pocos años convertir al país más rico de Sudamérica en el más pobre, llevando a millones a emigrar. Sin duda las injustas sanciones económicas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea han contribuido a empeorar la terrible situación, pero el desastroso manejo por parte de Maduro es inocultable. Ha sido nefasto no solo para el pueblo de Venezuela sino para las izquierdas y los proyectos progresistas en toda América Latina.
Pero resulta que todo lo anterior no tiene nada que ver con las relaciones internacionales. La determinación de un país de relacionarse con otro debe regirse por el realismo y el pragmatismo, no por consideraciones políticas ni ideológicas. Si nos agrada un régimen o no es irrelevante en un mundo en el que hay que relacionarse con el mayor número de países posible. Si realmente se estableciera un termómetro de democracia y respeto a los Derechos Humanos como elemento central para condicionar las relaciones, como se dice hacer con Venezuela, tendríamos que romper relaciones con China, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, etc. Por otra parte, dada nuestra deplorable realidad, Colombia carece de toda legitimidad y autoridad moral para darle lecciones de democracia y Derechos Humanos a cualquier otro país.
Se trata, además de un país hermanado por la historia, con economías entrelazadas y complementarias, con quien compartimos una zona fronteriza amplia, poblada y vital, que hoy padece una situación humanitaria compleja, agudizada por la pandemia. No tener relaciones con el más importante vecino ha tenido un efecto muy concreto: entregarle el manejo de esa zona fronteriza a la ilegalidad. Al no existir canales entre las autoridades en cada lado de la frontera, las bandas criminales se han apoderado de las economías lícitas e ilícitas, el comercio de bienes y servicios, y el tránsito de personas, ya no por los puentes y pasos formales, sino por decenas de trochas clandestinas.
Una regla dorada de la diplomacia internacional es que entre más y más graves sean los problemas, mayores deben ser los canales de diálogo y comunicación. Durante toda la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética mantuvieron sus respectivas embajadas abiertas en el otro país y establecieron el teléfono rojo para lidiar con los momentos más álgidos. Hace unas semanas, Biden se reunió con Putin, pese a sus grandes diferencias. En medio del recrudecimiento de la guerra civil, el gobierno afgano se reúne con los Talibanes en Qatar. Hasta Israel se ve obligada a tratar con la Autoridad Palestina para asuntos mundanos de los territorios ocupados.
La estrategia de tumbar a Maduro y reemplazarlo por Juan Guaidó, con la complicidad activa del gobierno de Trump, fracasó. Hoy la situación en Venezuela se encamina cada vez más hacia una salida negociada. Ya ha habido acuerdos entre el gobierno y la oposición acerca de un nuevo consejo electoral para revisar inhabilidades y explorar el camino hacia la legalización de partidos, con miras a realizar elecciones regionales y locales en noviembre. El propio Guaidó le ha tendido la mano a Maduro, proponiendo un “acuerdo de salvación nacional”, sin el requisito del “cese de la usurpación”. Ya en diciembre, Henrique Capriles había tratado de negociar condiciones para participar en las elecciones parlamentarias con el apoyo de la Unión Europea. Si bien el gobierno de Biden sigue reconociendo a Guaidó, ha abierto varios canales con Maduro a sabiendas que es indispensable en cualquier transición democrática. Según O Globo, hasta Brasil está pensando reabrir canales con el gobierno de Maduro. Mientras tanto, Colombia está al margen, autoexcluyéndose de la solución política en Venezuela, por su terca posición.
Reconocer a Maduro no significa estar de acuerdo con él o su proyecto político, sino simplemente reconocer una realidad: su gobierno es el que ejerce el control en el país vecino. Coordinar esfuerzos contra la pandemia, extraditar a Aida Merlano, reabrir los puentes y pasos formales, garantizar la seguridad en la frontera entre Apure y Arauca, cumplir la función consular de visitar a los presos en las cárceles, entre muchos otros deberes estatales, sólo se pueden realizar con el gobierno de Maduro, no con Guaidó.
Gústenos o no, Maduro sigue firme en el poder. Ya logró perdurar a Trump y lo más probable es que permanezca más que Duque. Es hora de reconocer la realidad.
* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y director de Planeta Paz.
