La semana pasada, el Gobierno y las Farc dieron un paso importante en la implementación del componente internacional del Acuerdo Final. Anunciaron la designación de los expresidentes Pepe Mujica y Felipe González para encabezar la verificación, lo cual le da mayor altura al mecanismo y resalta el papel valioso que juega la comunidad internacional en la paz de Colombia.
Sin duda, la participación internacional ha sido uno de los fuertes de este proceso desde el inicio. Bajo el principio de una negociación entre colombianos, conducida por colombianos, fue Colombia, en ejercicio de su soberanía, la que le solicitó ayuda a Noruega, Cuba, Venezuela, Chile, Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas, entre otros. A cada uno le designó tareas específicas y roles puntuales que resultaron siendo indispensables. La labor incansable de la canciller logró construir un gran respaldo en el mundo entero, que ojalá se hubiera logrado en casa.
La aprobación unánime de la Resolución 2261 de 2016 por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, que crea la misión política de verificación del cese al fuego y la dejación de armas, fue una muestra contundente de ese apoyo. El trabajo que hasta ahora viene desempeñando la misión encabezada por Jean Arnault, respetuoso pero exigente, ha sido impecable.
Los tropiezos iniciales de la implementación han puesto en evidencia las muchas dificultades, mientras los desafíos por delante son aún mayores. El cese al fuego y la dejación de armas resultan ser asuntos sencillos comparados con la complejidad de la reintegración y las garantías de seguridad.
Y como en muchas otras áreas, el Gobierno está colgado. Hoy es el día en que ni siquiera se ha iniciado el censo socioeconómico de los integrantes de las Farc, herramienta básica para luego diseñar los programas de reincorporación. Con relación a las garantías de seguridad, el alto número de líderes sociales asesinados pone de relieve la gravedad de la situación.
En el punto 6.3.3 del Acuerdo Final, el Gobierno y las Farc se comprometen a solicitarle a la ONU, a través de la Asamblea General, “una misión política con el mandato de verificar la reincorporación de las Farc-EP y la implementación de medidas de protección y seguridad personal y colectiva”. Este nuevo segundo mandato será de tres años, renovable, e iniciará actividades una vez concluya el actual.
Acudir a la Asamblea General es inusual, por no decir exótico. Esta clase de misiones pasa normalmente por el Consejo de Seguridad, mientras que la Asamblea General hace rato no se mete en estos asuntos, no se reúne regularmente y es muy engorrosa por sus 197 países miembros. Y si ya se logró una vez la aprobación unánime del Consejo de Seguridad, ¿por qué acudir a la Asamblea General?
Pero independientemente de quién la apruebe, lo importante es que la misión de la ONU para el segundo mandato sea una evolución de la misión actual, cuya experiencia en el terreno no se debe desperdiciar, aunque debe tener un perfil más civil que militar. Debe complementarse con el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, cuyo mandato fue recientemente prolongado por tres años, que también cuenta con presencia en las regiones.
Verificar no implica prestar la seguridad ni sustituir a las autoridades estatales. La ONU es un socio del Estado, no su reemplazo. Debe propender por consolidar la presencia del Estado en los territorios donde históricamente éste ha estado ausente, precario, excluyente o represivo; es decir, propender por la construcción de una nueva institucionalidad democrática. La implementación va más allá de este gobierno: compromete al entrante, independientemente de cuál sea, así como al Estado en su conjunto. La presencia de una misión de la ONU sólida y efectiva contribuye en gran medida a la sostenibilidad de una paz estable y duradera.
En buena hora el Gobierno ratificó su compromiso para dar inicio a la solicitud del segundo mandato, lo cual es importante abordar desde ya, no sólo porque estas cosas toman su tiempo, sino también por la importancia del debate público al respecto.
En últimas, la implementación no es para el Gobierno ni las Farc sino para las comunidades afectadas por la guerra, quienes deben ser las más beneficiadas y protegidas. Poco a poco el país ha venido entendiendo que un acompañamiento internacional no significa intervención ni intromisión y que la ONU y la comunidad internacional pueden ser aliados claves para ayudarnos a sacar este difícil proceso de paz adelante.
La semana pasada, el Gobierno y las Farc dieron un paso importante en la implementación del componente internacional del Acuerdo Final. Anunciaron la designación de los expresidentes Pepe Mujica y Felipe González para encabezar la verificación, lo cual le da mayor altura al mecanismo y resalta el papel valioso que juega la comunidad internacional en la paz de Colombia.
Sin duda, la participación internacional ha sido uno de los fuertes de este proceso desde el inicio. Bajo el principio de una negociación entre colombianos, conducida por colombianos, fue Colombia, en ejercicio de su soberanía, la que le solicitó ayuda a Noruega, Cuba, Venezuela, Chile, Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas, entre otros. A cada uno le designó tareas específicas y roles puntuales que resultaron siendo indispensables. La labor incansable de la canciller logró construir un gran respaldo en el mundo entero, que ojalá se hubiera logrado en casa.
La aprobación unánime de la Resolución 2261 de 2016 por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, que crea la misión política de verificación del cese al fuego y la dejación de armas, fue una muestra contundente de ese apoyo. El trabajo que hasta ahora viene desempeñando la misión encabezada por Jean Arnault, respetuoso pero exigente, ha sido impecable.
Los tropiezos iniciales de la implementación han puesto en evidencia las muchas dificultades, mientras los desafíos por delante son aún mayores. El cese al fuego y la dejación de armas resultan ser asuntos sencillos comparados con la complejidad de la reintegración y las garantías de seguridad.
Y como en muchas otras áreas, el Gobierno está colgado. Hoy es el día en que ni siquiera se ha iniciado el censo socioeconómico de los integrantes de las Farc, herramienta básica para luego diseñar los programas de reincorporación. Con relación a las garantías de seguridad, el alto número de líderes sociales asesinados pone de relieve la gravedad de la situación.
En el punto 6.3.3 del Acuerdo Final, el Gobierno y las Farc se comprometen a solicitarle a la ONU, a través de la Asamblea General, “una misión política con el mandato de verificar la reincorporación de las Farc-EP y la implementación de medidas de protección y seguridad personal y colectiva”. Este nuevo segundo mandato será de tres años, renovable, e iniciará actividades una vez concluya el actual.
Acudir a la Asamblea General es inusual, por no decir exótico. Esta clase de misiones pasa normalmente por el Consejo de Seguridad, mientras que la Asamblea General hace rato no se mete en estos asuntos, no se reúne regularmente y es muy engorrosa por sus 197 países miembros. Y si ya se logró una vez la aprobación unánime del Consejo de Seguridad, ¿por qué acudir a la Asamblea General?
Pero independientemente de quién la apruebe, lo importante es que la misión de la ONU para el segundo mandato sea una evolución de la misión actual, cuya experiencia en el terreno no se debe desperdiciar, aunque debe tener un perfil más civil que militar. Debe complementarse con el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, cuyo mandato fue recientemente prolongado por tres años, que también cuenta con presencia en las regiones.
Verificar no implica prestar la seguridad ni sustituir a las autoridades estatales. La ONU es un socio del Estado, no su reemplazo. Debe propender por consolidar la presencia del Estado en los territorios donde históricamente éste ha estado ausente, precario, excluyente o represivo; es decir, propender por la construcción de una nueva institucionalidad democrática. La implementación va más allá de este gobierno: compromete al entrante, independientemente de cuál sea, así como al Estado en su conjunto. La presencia de una misión de la ONU sólida y efectiva contribuye en gran medida a la sostenibilidad de una paz estable y duradera.
En buena hora el Gobierno ratificó su compromiso para dar inicio a la solicitud del segundo mandato, lo cual es importante abordar desde ya, no sólo porque estas cosas toman su tiempo, sino también por la importancia del debate público al respecto.
En últimas, la implementación no es para el Gobierno ni las Farc sino para las comunidades afectadas por la guerra, quienes deben ser las más beneficiadas y protegidas. Poco a poco el país ha venido entendiendo que un acompañamiento internacional no significa intervención ni intromisión y que la ONU y la comunidad internacional pueden ser aliados claves para ayudarnos a sacar este difícil proceso de paz adelante.