Con la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc, hace más de cinco años, se proclamó el fin de la guerra. Se decía que habíamos entrado al posconflicto, se escribieron varios libros al respecto y hasta se estableció un ministerio con ese nombre.
Nunca estuve de acuerdo con el uso de ese apelativo, en parte por el hecho de que mientras persistan las hostilidades con el Eln es inexacto hablar del fin del conflicto. Así que siempre he preferido referirme más bien al posacuerdo.
Las noticias por estos días de enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc en Arauca, los bombardeos por parte del ejército al Clan del Golfo en Ituango y los continuos asesinatos de líderes sociales en el Cauca, entre otras, evidencian que la guerra no ha cesado. No se trata de la misma de antaño, sino más bien de una reconfiguración de nuestro conflicto armado de hace más de 75 años, con nuevos actores y condiciones cambiantes.
Sin duda, la terminación de la confrontación con la guerrilla más grande y antigua de Colombia y América Latina, así como el hecho de que la inmensa mayoría de sus excombatientes sigan firmes en el cumplimiento de lo acordado, es muy significativo. Sin embargo, la premisa básica mediante la cual los territorios antes controlados por las antiguas Farc serían ocupados por el Estado nunca se concretó, dejándolos para ser disputados por diversos grupos armados ilegales, entre ellos las diferentes disidencias de las Farc, unas que nunca se acogieron al Acuerdo de Paz, como la dirigida por Gentil Duarte, y otras que sí fueron firmantes y luego retomaron las armas, como la denominada Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, hoy enfrentadas entre ellas.
Asimismo, el incumplimiento integral del Acuerdo de Paz por parte del Gobierno Duque castró su potencial transformador, en particular en lo relacionado con la reforma rural integral (punto 1), el desmantelamiento de organizaciones herederas del paramilitarismo (punto 3) y la política de drogas y cultivos de uso ilícito (punto 4), entre otros. Mientras tanto, la profundización de políticas de desarrollo y prácticas como el despojo de tierras ha exacerbado aún más la violencia en los territorios.
La Misión de Verificación de la ONU, si bien su mandato se centra en la reincorporación (punto 3.2) y las garantías de seguridad (punto 3.4), en todos sus informes trimestrales al Consejo de Seguridad ha enfatizado sobre la importancia del cumplimiento integral. Por su parte, la Corte Constitucional, en su reciente e histórico fallo, habla de una “violación masiva del Acuerdo de Paz”, recordándole al gobierno de Duque que está incumpliendo la Constitución y la ley, pese a que se la pasa hablando de “paz con legalidad”.
Como van las cosas, el gobierno de Duque está encaminado a convertirse en el primero desde Julio César Turbay en no intentar buscar acuerdos de paz con la insurgencia. Eso que Turbay al menos negoció con el M-19 tras la toma de la Embajada de República Dominicana. Hasta el gobierno de Uribe dialogó con el Eln en La Habana y en Caracas. Duque no solo ha cerrado la puerta a la negociación con el Eln, exigiéndole la condición irrealista de abandonar toda acción ilegal antes de sentarse, sino que ha desconocido los protocolos internacionales establecidos para los diálogos de paz, poniendo a Cuba contra la pared, en vez de reconocer y agradecer el papel facilitador que durante años ha cumplido en los procesos de paz en nuestro país. En días pasados este gobierno ni siquiera cumplió la invitación a un evento en Suecia para hablar acerca del tema.
El reciente agravamiento de la guerra se alimenta de las economías ilegales, entre ellas del narcotráfico. Los combates en Arauca entre el Eln y las disidencias no son por diferencias ideológicas, sino por el control de rutas y rentas. En diferentes regiones del país se están enfrentando con otros grupos armados ilegales, como el Clan del Golfo, los Rastrojos y los Pelusos, afectando principalmente a la población civil.
Es equivocado seguir hablando del posconflicto, que resulta tan negacionista como la vieja perorata del uribismo de que en Colombia no hay conflicto armado. Este año, decisivo para el país, abre la posibilidad de elegir un gobierno que esté comprometido con la implementación integral del Acuerdo de Paz, que abra un proceso de negociación con el Eln y que ponga en marcha políticas tendientes al desmantelamiento de los otros grupos armados ilegales. De esa manera, algún día sí podremos hablar de posconflicto.
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* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y director de Planeta Paz. danielgarciapena@hotmail.com
