La agenda real son los acuerdos con Fecode y estudiantes, pero tuvimos 10 paros docentes y 13 universidades no terminaron semestre académico.
Los principales hechos de la educación este año, a mi juicio, son: i) el acuerdo colectivo MEN-Fecode por pliego de solicitudes bienal; ii) la III cohorte de la Evaluación Docente de Carácter Diagnóstico-Formativa (ECDF) para ascenso y reubicación salarial; iii) el cumplimiento del Gobierno de más recursos para la educación superior (ES) y de los acuerdos con Fecode; iv) los paros recurrentes de Fecode, la movilización estudiantil que ha sostenido el “paro” nacional y el cese académico de universidades públicas; v) los resultados de las pruebas PISA, y vi) la tendencia de disminución de la matriculación en la educación terciaria.
Tres hechos adicionales merecerían atención en el balance del año: vii) la mayor cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE); viii) la doble titulación de bachilleres (que viene de antes), y ix) el impacto del programa de Generación Equidad en gratuidad en ES pública.
Si esos son los seis hechos estructurales, ¿cómo los podemos leer o entender “objetivamente”? Primero, ¿cuáles son producto de la iniciativa del Mineducación en el marco de una agenda del Gobierno? En rigor, ninguno. Segundo, ¿en cuáles el ministerio ha podido sostener el interés general o el punto de vista atribuible al Gobierno o al Estado? La respuesta implica a la administración Duque y a las de Santos.
En esta década, el Estado colombiano perdió la gobernabilidad del sector educativo, a tal punto que el propio marco legal para tramitar los conflictos con el magisterio fue redefinido de facto para ampliar la injerencia de Fecode. No fue la ministra Angulo la primera que negoció cuestiones de la política educativa más allá de lo que permite la ley para un “pliego de peticiones” (10 de 36 puntos).
Nos puede molestar, por ejemplo, que la cobertura en prejardín dependa de hacerlo únicamente en “instituciones educativas oficiales, con planta docente oficial”, pero esta es una concesión extralegal a Fecode que se gestó tiempo atrás.
Lo mismo que la “imposibilidad” de pedir avances en calidad educativa a cambio de beneficios salariales. El pliego de este año costará $1,24 billones entre 2020 y 2022 ($202.000 millones en 2020, $429.000 millones en 2021 y $607.000 millones en 2022), pero a pocos les importó, ni se publicó la cifra (tuve que indagar en Minhacienda).
El Mineducación no tenía más opción que realizar la III ECDF y venía debilitado de la experiencia con el paro estudiantil de 2018 como para meterle el diente a la evaluación docente. Lo espinoso se remite a la Comisión Tripartita (con Congreso) para “consensuar el proyecto de ley de estatuto de la profesión docente”, que viene desde el acuerdo colectivo de 2011 y que sirve para que Fecode dilate y acaricie la idea de tener los mejores salarios del 1278 y los ascensos más fáciles (básicamente por antigüedad) del 2277, sin importar los resultados del aprendizaje (pruebas Saber y PISA).
Esa es la dinámica que nos deja la década, que se replicó en esencia con la educación superior pública en 2018. El ministerio saca pecho como balance de 2019 por las mayores transferencias de la nación, pero omite que la matriculación está bajando, no obstante los 80.000 cupos anuales de Generación Equidad (¿o estos en todo caso iban a entrar a la ES?), y no menciona logros correspondientes en calidad y pertinencia, ni se diga en eficiencia.
Es decir, el Mineducación como notario del cumplimiento de la agenda restringida impuesta por los docentes y los estudiantes, mientras estos se dedican a la oposición anti-Gobierno y antisistema y deciden cuándo habrá clases. Esta economía política es perfecta para ellos y mala para el país. Una consecuencia es que tenemos menos posibilidades de financiar adecuadamente el preescolar, la media y la educación rural, que no tienen dolientes que marchen, justamente porque están excluidos del sistema.
Otra consecuencia es que se retrasan todavía más las reformas estructural e institucional del sector o de los subsectores de la educación, indispensables para el desarrollo, la productividad y la equidad social. Y además incita a que quieran imponer la fórmula para todo el país, como lo está intentando el Comité Nacional del Paro con su pliego de 104 puntos.
Ciertamente, es la hora de cambiar la conversación nacional ofreciendo una visión alternativa con una estrategia multipartidista que vaya más allá de un periodo de gobierno. Perder las batallas sin darlas no tiene gracia.
La agenda real son los acuerdos con Fecode y estudiantes, pero tuvimos 10 paros docentes y 13 universidades no terminaron semestre académico.
Los principales hechos de la educación este año, a mi juicio, son: i) el acuerdo colectivo MEN-Fecode por pliego de solicitudes bienal; ii) la III cohorte de la Evaluación Docente de Carácter Diagnóstico-Formativa (ECDF) para ascenso y reubicación salarial; iii) el cumplimiento del Gobierno de más recursos para la educación superior (ES) y de los acuerdos con Fecode; iv) los paros recurrentes de Fecode, la movilización estudiantil que ha sostenido el “paro” nacional y el cese académico de universidades públicas; v) los resultados de las pruebas PISA, y vi) la tendencia de disminución de la matriculación en la educación terciaria.
Tres hechos adicionales merecerían atención en el balance del año: vii) la mayor cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE); viii) la doble titulación de bachilleres (que viene de antes), y ix) el impacto del programa de Generación Equidad en gratuidad en ES pública.
Si esos son los seis hechos estructurales, ¿cómo los podemos leer o entender “objetivamente”? Primero, ¿cuáles son producto de la iniciativa del Mineducación en el marco de una agenda del Gobierno? En rigor, ninguno. Segundo, ¿en cuáles el ministerio ha podido sostener el interés general o el punto de vista atribuible al Gobierno o al Estado? La respuesta implica a la administración Duque y a las de Santos.
En esta década, el Estado colombiano perdió la gobernabilidad del sector educativo, a tal punto que el propio marco legal para tramitar los conflictos con el magisterio fue redefinido de facto para ampliar la injerencia de Fecode. No fue la ministra Angulo la primera que negoció cuestiones de la política educativa más allá de lo que permite la ley para un “pliego de peticiones” (10 de 36 puntos).
Nos puede molestar, por ejemplo, que la cobertura en prejardín dependa de hacerlo únicamente en “instituciones educativas oficiales, con planta docente oficial”, pero esta es una concesión extralegal a Fecode que se gestó tiempo atrás.
Lo mismo que la “imposibilidad” de pedir avances en calidad educativa a cambio de beneficios salariales. El pliego de este año costará $1,24 billones entre 2020 y 2022 ($202.000 millones en 2020, $429.000 millones en 2021 y $607.000 millones en 2022), pero a pocos les importó, ni se publicó la cifra (tuve que indagar en Minhacienda).
El Mineducación no tenía más opción que realizar la III ECDF y venía debilitado de la experiencia con el paro estudiantil de 2018 como para meterle el diente a la evaluación docente. Lo espinoso se remite a la Comisión Tripartita (con Congreso) para “consensuar el proyecto de ley de estatuto de la profesión docente”, que viene desde el acuerdo colectivo de 2011 y que sirve para que Fecode dilate y acaricie la idea de tener los mejores salarios del 1278 y los ascensos más fáciles (básicamente por antigüedad) del 2277, sin importar los resultados del aprendizaje (pruebas Saber y PISA).
Esa es la dinámica que nos deja la década, que se replicó en esencia con la educación superior pública en 2018. El ministerio saca pecho como balance de 2019 por las mayores transferencias de la nación, pero omite que la matriculación está bajando, no obstante los 80.000 cupos anuales de Generación Equidad (¿o estos en todo caso iban a entrar a la ES?), y no menciona logros correspondientes en calidad y pertinencia, ni se diga en eficiencia.
Es decir, el Mineducación como notario del cumplimiento de la agenda restringida impuesta por los docentes y los estudiantes, mientras estos se dedican a la oposición anti-Gobierno y antisistema y deciden cuándo habrá clases. Esta economía política es perfecta para ellos y mala para el país. Una consecuencia es que tenemos menos posibilidades de financiar adecuadamente el preescolar, la media y la educación rural, que no tienen dolientes que marchen, justamente porque están excluidos del sistema.
Otra consecuencia es que se retrasan todavía más las reformas estructural e institucional del sector o de los subsectores de la educación, indispensables para el desarrollo, la productividad y la equidad social. Y además incita a que quieran imponer la fórmula para todo el país, como lo está intentando el Comité Nacional del Paro con su pliego de 104 puntos.
Ciertamente, es la hora de cambiar la conversación nacional ofreciendo una visión alternativa con una estrategia multipartidista que vaya más allá de un periodo de gobierno. Perder las batallas sin darlas no tiene gracia.