Una investigación de La Silla Vacía, “La red de activistas nombrada por Petro en universidades que agita la constituyente”, mostró la instrumentalización política de los estudiantes que busca el gobierno. Los efectos de nombrar en los Consejos Superiores Universitarios (CSU) a personas que van a otra cosa contribuyen al deterioro de las instituciones.
En la medida en que esos representantes activistas del presidente tengan éxito, más asambleas habrá en las universidades y menos clases; más ideologización y menos análisis; más politización y menos autonomía universitaria. Es decir, se empeora la situación y, a mediano plazo, se vuelve más urgente y difícil introducir correctivos.
Por eso es tan importante evitar que prospere la modificación de los CSU que traía la primera versión del proyecto de ley de educación superior del gobierno: pasar de nueve integrantes a once, con dos estudiantes en vez de uno, dos docentes en lugar de uno, y un administrativo no docente, que hoy no está en la Ley 30/1992.
Uno de los docentes y uno de los estudiantes representantes serían elegidos por “asambleas multi-estamentarias como cuerpos colegiales de participación, mediante las cuales las comunidades inciden efectivamente en la elaboración de las políticas y planes institucionales y en las reformas o modificaciones estatutarias”. Esto es democracia directa, el reino de los activistas, en lugar de democracia representativa.
Con esos cinco consejeros, más el delegado del Ministerio de Educación y el representante del presidente de la República, le sería fácil al populismo tener mayoría en los CSU. El diseño institucional facilitaría la toma política de las universidades.
Así que el gobierno ha venido haciendo justo lo contrario de lo que sería responsable: profesionalizar la representación del presidente en los CSU y fortalecer la del MEN.
Como he escrito antes, sería ideal tener un staff de exrectores y exdecanos respetados que lleguen a las sesiones de los CSU con carpetas de datos y análisis preparados por técnicos de dedicación completa del MEN, en ejecución de una política de dirección de la educación superior, que lleguen a ejercer la responsabilidad del gobierno.
Por ley, los CSU definen las políticas y la organización académica, administrativa y financiera, la planeación institucional y aprueban el presupuesto de la universidad. Un trabajo bien hecho de los delegados y representantes del gobierno en los CSU ayudaría mucho a las instituciones y al subsector. Pero el presidente nombra activistas que le hagan agitación estudiantil y un ministro de Educación que se entiende perfectamente con ellos.
A la luz de la experiencia de 32 años de la Ley 30/1992, parece que tiene sentido reevaluar la silla de los exrectores, la del representante del presidente (los anteriores mandatarios nombraron muchos politiqueros), condicionar la silla de los egresados y complementar la representación estudiantil y profesoral con “senados”, pensando en equilibrios y contrapesos, no en “tomarse” o subordinar políticamente a las universidades.
