Alerta por nuevo estatuto docente

El proyecto de ley propuesto por Fecode debería inquietar a MinHacienda … y a MinEducación.

En febrero, Fecode radicará ante el Ministerio de Educación el pliego de peticiones 2023-2025. El momento es crucial porque esta vez Fecode no es oposición al Gobierno y eso se notará en la negociación. Crucial porque el Gobierno podría usar su ascendencia en el magisterio para lograr cosas difíciles o preferir apuntalar su ascendencia con concesiones que sus antecesores han evitado.

En el escenario A, que sería una delicia para los politólogos, el tecnócrata ministro Gaviria convence al presidente populista de la conveniencia, no solo de la responsabilidad fiscal en el sector, sino también de unas posturas necesarias pero impopulares en el gremio, y el caso pintaría para estudios académicos sobre cómo la izquierda puede hacer ciertas reformas inesperadas.

En el escenario B, un ministro débil políticamente opta por complacer al presidente y a sus bases sindicales. Emite señales en ese sentido y prende las alarmas, quiera Dios que también en el Ministerio de Hacienda. Por ejemplo: reactivar la Comisión Tripartita para la discusión del Estatuto de la Profesión Docente y no asegurarse de que el Congreso le nombre una comisión equilibrada.

No es que no exista un estatuto tal; es que hay dos y Fecode quiere quedarse con lo más chévere de cada uno, a un costo fiscal descomunal y con un impacto negativo parecido en la calidad de la educación. Esto es, asimilarse todos a las remuneraciones más altas del Decreto 1278 de 2002 y a las condiciones de ascenso del Decreto 2277 de 1979 (títulos, tiempo de servicio y producción académica).

Es una aspiración gremial que se entiende desde lo humano, pero que sabemos es inconveniente para los retos de la educación. Por eso un ministro decidido a dar la batalla ha debido explicarles a los presidentes de Senado y Cámara que necesitaba en la discusión tripartita una buena mezcla de congresistas, no tantos coincidentes con Fecode.

Ahora la conversación será más de 2 versus 1, porque en todo caso el Ministerio de Educación tendrá que sostener una posición responsable. El sindicato ya publicó una propuesta de proyecto de ley (que retoma una de 2013) y no es timorato sobre lo que busca. El pliego de febrero tendrá nuevamente el punto del Estatuto y esta vez puede que haya consenso tripartito y el proyecto llegue al Congreso, donde no sería sorprendente una mayoría para aprobarlo.

Es urgente saber qué piensa el Ministerio sobre generalizar los mejores salarios y no tener la evaluación docente que importa, aquella que se relaciona con el aprendizaje de los estudiantes. La organización, aplicación y efectos de la evaluación que propone el proyecto de ley están cuidadosamente pensados para que no pase nada.

Para darse una idea, el Ministerio de Educación sería minoría en el “organismo competente para diseñar y elaborar los instrumentos de evaluación”: tendría un (1) experto, mientras Fecode tendría dos (2), habría uno (1) de las universidades públicas y otro (1) por comunidades étnicas.

Naturalmente, el Ministerio debería tener su propia propuesta de Estatuto Docente sobre la mesa, pero esa no es una falla de este gobierno, sino reflejo de la debilidad técnica del Ministerio.

@DanielMeraV