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O de cómo los reformistas pueden estar desencantados del exrector de Uniandes.
El lunes anterior decía en “Renta básica y 2022″ que “previsiblemente el tema volverá con fuerza en la campaña presidencial”. Pero al día siguiente Alejandro Gaviria se adelantó con una variación del mismo: renta básica para jóvenes hasta los 30 años.
El documento programático del candidato dice: “una renta básica que complemente la transferencia que ya muchos reciben (…) ampliar la cobertura a un mínimo de 1’500.000 jóvenes, corriendo el rango de edad de los 18 hasta los 30 años”.
Para que la acusación de populismo no parezca fácil, aquí está la caracterización que comparto: i) proponer metas sociales ambiciosas sin las reformas institucionales concomitantes o necesarias, ii) privilegiar a los grupos sociales movilizados (decirles lo que quieren oír) sobre los grupos vulnerables no movilizados, y iii) prometer más gasto sin sostenibilidad financiera, que además refuerza la economía política adversa a las reformas para la productividad y la generación de ingresos.
Con este parámetro, la renta básica para jóvenes me parece populista porque es: i) una medida de gasto, fundamentalmente; ii) regresiva o inequitativa socialmente con grupos vulnerables, como grandes contingentes de niños o de mayores de 60 años, y iii) fiscalmente insostenible con la actual estructura de economía y recaudo tributario, al no señalarse su eventual carácter temporal (no es fácil suspender o finalizar transferencias monetarias).
Es, en esencia, una propuesta antirreformista, lo que no deja de producir desazón en la comunidad de la “inmensa minoría” de reformistas del país, donde Gaviria tiene ganado un respeto. Ciertamente, en la política hay que perder un tanto de pudor, de honestidad intelectual, pero comenzar con una superoferta para el grupo etario que se espera sea el soporte de la propia campaña, es señal de estar dispuesto a muchas cosas (en ese ámbito donde existe el “pudor”).
El reformista Gaviria escribía en 2014: “El reformador debe ser consciente de una asimetría fundamental: el poder del Estado es mayor para redistribuir que para generar bienestar. Por ello muchos reformadores terminan siendo árbitros de contiendas redistributivas, decidiendo qué grupo gana y qué grupo pierde, pero no contribuyendo al bienestar de las mayorías”. Pero los tiempos cambian.
La justificación de la propuesta argumenta que “necesitamos generar empleo para los jóvenes y formarles para los mercados laborales que los necesitan. Sin embargo, nada de esto se puede lograr si no garantizamos la protección social de los jóvenes en estos momentos de crisis”.
En 2020, los beneficiarios de Jóvenes en Acción fueron 428.779 (54% mujeres), según Prosperidad Social. Los aprendices del Sena (30%) reciben seis giros ordinarios de $400.000 al año y los estudiantes de universidades públicas (70%), cuatro giros de $ 400.000 al año y dos opcionales de $ 200.000 por promedio de notas arriba de 4 (en 2020 hubo cinco giros extraordinarios no condicionados).
Los beneficiarios “deben tener entre 14 y 28 años de edad, no contar con un título profesional universitario”, y cumplir al menos uno de varios indicadores de pobreza o vulnerabilidad. Estas transferencias están condicionadas al cumplimiento de unos compromisos o corresponsabilidades académicas del beneficiario, que certifican la institución de educación superior o el Sena.
Aparentemente, Alejandro Gaviria propone elevar en cerca de 1’100.000 los beneficiarios de Jóvenes en Acción o de un programa similar. Se sobreentiende que sería una meta para todo el periodo (275.000 nuevos beneficiarios por año en promedio). La primera claridad es que esas transferencias monetarias son para el sostenimiento. La matrícula (cero, obviamente) es otra cosa.
Un gobierno podría tener los recursos para las transferencias a los jóvenes, pero el reto mayor es la oferta educativa (pertinente, de calidad, accesible) en esas magnitudes adicionales.
La entrega programática de Gaviria anota que “dicha renta básica debe, necesariamente, estar articulada a un ecosistema público y privado de formación para el trabajo, distinto en cada territorio y que prepare a las y los jóvenes para su inserción laboral independientemente de su nivel educativo”.
“Formación para el trabajo” es también el nivel de pregrado universitario y los posgrados, pero en Colombia se entiende como “Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)”, una oferta que no está orientada ni supervisada por el Ministerio de Educación (son las secretarías de Educación las que aprueban licencias de funcionamiento y registros de programa) y que a comienzos de este año de, 3.995 instituciones activas, tenía solamente el 10% con certificado de calidad vigente (y de casi 20.000 programas, menos del 10% con calidad).
No es fácil adivinar si lo que haría es una reforma de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (aunque Jóvenes en Acción pide grado de bachiller y ETDH no), o una reforma de la educación superior y/o del mercado laboral, porque efectivamente lo que está proponiendo es una transferencia monetaria, haciendo política por el lado fácil de más gasto. Lo difícil es prometer los cambios institucionales necesarios para que esas transferencias logren su cometido de reactivación económica y social.
Pero asumamos que, además de contar con el fondo fiscal para “darles el cheque” a 1′100.000 jóvenes, tiene resueltas las reformas educativa y del mercado laboral para que haya retornos individuales y colectivos positivos.
Ahí lo correcto y no populista sería decirles: “aquí tiene este cheque de una apuesta de la sociedad en usted. Si quiere tomarlo, firme aquí el compromiso de devolver a la sociedad (por un determinado tiempo) una fracción pequeña de los rendimientos de su éxito para invertir en los que le siguen”.
“Si usted no tiene éxito, también será una derrota de todos y usted no retribuye nada. Así todos estamos en la misma onda o barco, y nos libramos un tanto de la idea de que la sociedad está en deuda con usted solamente por su agraciada presencia o existencia, y debemos ofrecerle el oro y el moro”.
Los políticos creen que estas ideas no dan votos, sin haberlo probado.
Decía Gaviria en 2014: “El reformador debe entender que casi siempre es una figura trágica. Su respetabilidad (ética) viene de su insistencia en hacer lo que toca en contra de las fuerzas (mayoritarias) de la insensatez, el oportunismo y la indiferencia”. Pero hoy los tiempos son otros.
