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O la necesidad de coordinar reformas económicas y de la educación media y posmedia.
Una de las cosas más llamativas del debate en el sector es esa insistencia en más recursos para la educación superior pública sin preguntarse por los retornos sociales y privados de tal inversión de la sociedad.
Históricamente, los que se han preocupado por la contribución de la educación superior a la productividad y al crecimiento económico han sido vistos con desconfianza y tildados de “neoliberales”.
Curiosamente, los que ven la educación como un sector social en sí mismo no se angustian tanto por el futuro laboral de los graduados, el principal mecanismo de movilidad social.
Si nos angustiáramos suficiente no conviviríamos tan apaciblemente con un 55 % de empleo informal, es decir, con menores ingresos y protección social. Y como esto viene principalmente de la informalidad empresarial, nos molestaría sumamente que el 70 % de las microempresas sean informales, en un país donde el 94 % de las unidades productivas son microempresas.
De la educación superior debería salir el clamor permanente de “arreglen, por favor, la informalidad empresarial y laboral, que condena a la frustración a demasiados de nuestros egresados”. Ni los retornos negativos de endeudados con Icetex ha llevado a ello.
Así que es un reto explicar que sin algunas reformas económicas la educación superior no podrá desplegar su potencial, y que se requiere una cierta “sincronización”, es decir, que las reformas de la educación media (grados 10 y 11) y de la posmedia “se hablen” con las reformas económicas.
En concreto, ¿por qué la comunidad de la educación posmedia debería ser una de las fuerzas sociales que más apoye las medidas de formalización empresarial y laboral? Porque necesita cientos de miles más unidades productivas (en clusters) que demanden conocimiento e innovación, permitan expandir la formación dual, ofrezcan plazas de práctica y empleo formal. La educación posmedia necesita todo el aparato productivo como su campo de acción, sin la barrera estructural de la informalidad.
En correspondencia o “sincronización”, la educación postsecundaria se vería abocada a reformas para poder satisfacer las nuevas demandas del mundo productivo, porque si actualmente tiene agudos problemas de calidad y de pertinencia, con una ampliación y diversificación relativamente veloz de las unidades productivas el desafío sería mucho mayor, máxime si el país decide en serio unas apuestas de desarrollo, como la agroindustrial y los servicios, por ejemplo.
Hacer de modo separado o aislado estas reformas no nos serviría mucho para ser un país desarrollado en una generación (lo cual refuerza la necesidad de un gabinete sectorial de productividad con minEducación). Si nos ponemos de acuerdo en el qué (reformas coordinadas para “salir de pobres”), será menos difícil discutir, negociar y aceptar el cómo.
El cómo consiste básicamente en bajar los costos de la formalización y en volver razonable el régimen tributario (empezando por el IVA). Bajar los costos no salariales (financiar salud y protección básica con impuestos generales, como proponen OCDE y Fedesarrollo) y tener salarios mínimos diferenciados por regiones, por ejemplo.
En el trasfondo, es una batalla intelectual y cultural complicada acerca del modelo económico y social, pero hay que darla.
