Acertó en algunos programas y se rajó en lo estructural.
Es difícil darles una calificación sobresaliente en educación a los ocho años de gobierno de Juan Manuel Santos. No tuvo una agenda ambiciosa y consistente, y básicamente iba haciendo lo que se les ocurría a sus ministras, a veces con fortuna y otras no. Un notable reformador de tercera vía en educación no fue.
Del primer mandato se destacan la política de gratuidad educativa (Decreto 4807 de 2011), la fallida reforma de la Ley 30 de 1992 (educación superior) y el impulso de la atención a la primera infancia.
Santos dice que estableció la gratuidad de grado 0 a 11, y no es cierto. Lo que hizo fue universalizarla, basado en particular en una sentencia de la Corte Constitucional (C-376 de 2010). La gratuidad ya venía del gobierno Uribe en términos más acordes con el artículo 67 de la Constitución.
Además de sacar pecho con una verdad a medias, al parecer no se ha enterado de los efectos indeseados de la gratuidad total y de la necesidad de flexibilizarla retomando el espíritu de la Constitución para un mejor equilibrio entre derechos y corresponsabilidad, con beneficios en la calidad educativa.
Haber propuesto el ánimo de lucro en la educación superior llevó al fracaso de la reforma de la Ley 30/92, que es necesaria en términos sistémicos, y a perder gobernabilidad para gestionar cambios en el subsector.
La debilidad resultante se reflejó en que el Gobierno solamente pudo ocuparse de la variable financiación con medidas como la participación de las instituciones de educación superior, IES, públicas en el impuesto CREE (2012) y la estampilla pro-Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales (2013).
La atención a la primera infancia (0-6 años) fue, sin duda, un gran avance, consolidado con la Ley 1804 de 2016, que estableció la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre.
Lo que faltó fue una financiación permanente de la política, que se busca como una asignación especial en la reforma de la Ley 715 de 2001, del Sistema General de Participaciones, cuyo borrador dejó avanzado el Gobierno Santos.
En el primer mandato ocurrió también uno de los errores más grandes de diseño que tiene impacto hasta hoy: el Fondo con el 10% de regalías para Ciencia, Tecnología e Innovación, FCTeI, que quedó en manos de la clase política y frustró el papel de la educación superior de calidad en el sistema de CTeI.
En esos primeros cuatro años tuvo un desempeño más bien regular en educación, sin una orientación ideológica y programática clara. En el segundo mandato las cosas se pondrían muy interesantes, comenzando por el pacto que firmó con el movimiento Todos por la Educación y por las medidas contenidas en el Plan de Desarrollo 2014-2018. Continuará.
Acertó en algunos programas y se rajó en lo estructural.
Es difícil darles una calificación sobresaliente en educación a los ocho años de gobierno de Juan Manuel Santos. No tuvo una agenda ambiciosa y consistente, y básicamente iba haciendo lo que se les ocurría a sus ministras, a veces con fortuna y otras no. Un notable reformador de tercera vía en educación no fue.
Del primer mandato se destacan la política de gratuidad educativa (Decreto 4807 de 2011), la fallida reforma de la Ley 30 de 1992 (educación superior) y el impulso de la atención a la primera infancia.
Santos dice que estableció la gratuidad de grado 0 a 11, y no es cierto. Lo que hizo fue universalizarla, basado en particular en una sentencia de la Corte Constitucional (C-376 de 2010). La gratuidad ya venía del gobierno Uribe en términos más acordes con el artículo 67 de la Constitución.
Además de sacar pecho con una verdad a medias, al parecer no se ha enterado de los efectos indeseados de la gratuidad total y de la necesidad de flexibilizarla retomando el espíritu de la Constitución para un mejor equilibrio entre derechos y corresponsabilidad, con beneficios en la calidad educativa.
Haber propuesto el ánimo de lucro en la educación superior llevó al fracaso de la reforma de la Ley 30/92, que es necesaria en términos sistémicos, y a perder gobernabilidad para gestionar cambios en el subsector.
La debilidad resultante se reflejó en que el Gobierno solamente pudo ocuparse de la variable financiación con medidas como la participación de las instituciones de educación superior, IES, públicas en el impuesto CREE (2012) y la estampilla pro-Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales (2013).
La atención a la primera infancia (0-6 años) fue, sin duda, un gran avance, consolidado con la Ley 1804 de 2016, que estableció la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre.
Lo que faltó fue una financiación permanente de la política, que se busca como una asignación especial en la reforma de la Ley 715 de 2001, del Sistema General de Participaciones, cuyo borrador dejó avanzado el Gobierno Santos.
En el primer mandato ocurrió también uno de los errores más grandes de diseño que tiene impacto hasta hoy: el Fondo con el 10% de regalías para Ciencia, Tecnología e Innovación, FCTeI, que quedó en manos de la clase política y frustró el papel de la educación superior de calidad en el sistema de CTeI.
En esos primeros cuatro años tuvo un desempeño más bien regular en educación, sin una orientación ideológica y programática clara. En el segundo mandato las cosas se pondrían muy interesantes, comenzando por el pacto que firmó con el movimiento Todos por la Educación y por las medidas contenidas en el Plan de Desarrollo 2014-2018. Continuará.